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OHLA ofrece colaborar en investigaciones contra Peña Nieto

2022-08-03

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La compañía española OHLA, que fue involucrada en una de las investigaciones que sigue en México contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos hechos de corrupción, se mostró el miércoles dispuesta a colaborar con las autoridades mexicanas en el caso, que ha generado dudas entre opositores que acusan al gobierno de montar una “farsa”.

La constructora española dijo en un comunicado que los hechos referidos por la Fiscalía General de la República se remontan al 2017 cuando la empresa vendió su filial mexicana y toda la división de concesiones del grupo a la compañía Aleática, y agregó que OHLA “no cuenta con ningún activo concesional en México ni mantiene vínculo con OHL México”.

“Las actividades investigadas no tienen nada que ver con la actividad de construcción de la compañía en México”, indicó OHLA tras ratificar su disposición a colaborar en el proceso y su compromiso en prevenir y evitar cualquier hecho de corrupción.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López se distanció de las tres investigaciones que inició la Fiscalía General contra su antecesor, y afirmó que no interferirá si alguna institución emprende procesos.

“Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al ser preguntado sobre las averiguaciones que inició la Fiscalía General de la República por presuntos hechos de corrupción contra Peña Nieto, quien gobernó México entre 2012-2018.

El Ministerio Público anunció el martes, tras una exhortación que realizó el gobernante para que se dieran a conocer los casos, que Peña Nieto tiene tres carpetas de investigación por presuntos delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito, en uno de los cuales estaría involucrada OHLA.

La apertura de las averiguaciones no implica que se inició un proceso penal contra el expresidente, quien actualmente reside en España.

Tras recordar el referendo que se realizó el año pasado para consultar a los mexicanos si estaban a favor de que se iniciaran procesos contra los expresidentes, que no prosperó por la poca participación de electores, el gobernante descartó que vaya a presentar denuncias contra sus antecesores, y precisó que sólo lo haría “si la gente lo pedía”.

Al ser preguntado sí estaría dispuesto a pedirle a Peña Nieto que retorne al país para enfrentar las investigaciones, López Obrador respondió que “eso lo tiene que decidir la Fiscalía. No me corresponde a mí, y no es mi fuerte la venganza”.

Por su parte, el presidente del opositor Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, consideró como una “farsa” las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General contra Peña Nieto, y dijo, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que el proceso forma parte de un “circo” montado desde la conferencia matutina de López Obrador porque le está dando al expresidente y sus defensores los elementos para decir que “se está violando el debido proceso”.

El hecho de que aún no se haya condenado a ningún alto funcionario de gobiernos anteriores ha suscitado críticas y alentado conjeturas de un posible pacto de caballeros entre López Obrador y Peña Nieto en el que se le habría garantizado impunidad a cambio de reconocer rápidamente su triunfo en las elecciones de 2018 y garantizar una transición pacífica de poderes.

La Fiscalía General dijo, sin mencionar el nombre completo del investigado, que Peña Nieto tiene un primer caso, que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada OHLA, que tiene que ver con delitos de “carácter electoral, como patrimoniales”. La institución precisó que los avances del proceso “permitirán judicializaciones en los meses próximos”.

La segunda investigación tiene su origen en denuncias que presentaron las autoridades fiscales “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. Este caso tiene que ver con una denuncia que fue anunciada en julio por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la agencia mexicana que combate el lavado de dinero, contra el expresidente por el supuesto manejo de millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.

El tercera caso es sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la que según la Fiscalía General aún se están desahogando los dictámenes fiscales y patrimoniales.

Tras el anuncio de la UIF, Peña Nieto respondió que aclararía los señalamientos, y manifestó su confianza en las autoridades mexicanas.

“Estoy cierto (seguro) que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, dijo en su cuenta de Twitter el expresidente al reaparecer en las redes sociales.

Peña Nieto no se había pronunciado públicamente por años a pesar de los diversos señalamientos que se han hecho en su contra.

Uno de los casos en los que ha aparecido involucrado es el proceso del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) durante su gobierno, Emilio Lozoya, quien afirmó que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.

Lozoya, quien es procesado por delitos de corrupción pero que está colaborando con la justicia desde la cárcel, también involucró a Videgaray en el supuesto uso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht con fines electorales en la campaña de 2012, la que ganó Peña Nieto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Videgaray negó las acusaciones. En 2021 fue inhabilitado por 10 años por “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”.

Ese mismo año se inició un proceso contra Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante el gobierno de Peña Nieto, por supuesto enriquecimiento ilícito. Actualmente es diputado federal y, por lo tanto, no le afecta porque tiene fuero.

La exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles, está en prisión preventiva desde 2019 acusada de “ejercicio indebido del servicio público” relacionado con el supuesto desvío de hasta 260 millones de dólares de fondos públicos.