Los encargados de la conducción política del país han hecho oídos sordos a los llamados de académicos, docentes y organizaciones de la sociedad civil para revisar las leyes educativas vigentes y han emprendido campañas de linchamiento mediático y estrangulamiento financiero.
El informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acerca de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa cayó como una losa sobre los restos de confianza y credibilidad en la justicia.
Luis Videgaray, señaló que habrá un ajuste a la baja en las expectativas económicas del gobierno peñista a consecuencia de la incertidumbre internacional y anunció que el Ejecutivo federal propondrá la creación de zonas económicas especiales en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Se cumplen hoy 10 meses de los asesinatos de tres estudiantes normalistas, la desaparición forzada de 43, así como otros tres homicidios y la comisión de lesiones graves, todo ello perpetrado, según la versión oficial, por la policía municipal de Iguala.
Aun si el largo túnel clandestino y toda la operación que respaldó la fuga de El Chapo del penal de Almoloya de Juárez, fueran la obra estricta del cártel de Sinaloa, nadie caería en la idea de pensar que sus diligentes topos actuaron sin la complicidad de las autoridades.
¿Cuánto vale la seguridad y estabilidad de nuestro país? ¡Todo! Hoy lo podemos constatar con el caso de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera; la falta de cuidado y eficacia en su resguardo vulneró todavía más la confianza de la sociedad en el gobierno y en particular en las áreas de seguridad.
El asunto es más que caótico. Los constructores de vivienda se alimentan de un desorden tal que los ha llevado a hacer prácticamente lo que les da la gana. Lo mismo violan el uso de suelo que incumplen con los contratos, sin que exista una autoridad que los meta al orden o que regule su actuación.
De entrada, las explicaciones dadas por el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dejan entrever una completa pérdida de control en el penal de El Altiplano y sus alrededores por parte del gobierno.
En un extraño lance de superación de metas, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó ayer a media mañana que llevaba computado 100.66 por ciento de las casillas dominicales. A las 10:43 (siempre el 43), el conteo oficial, según su página de Internet.
En los últimos días a las noticias de muertes, ejecuciones y desapariciones, que vienen siendo parte de nuestra cotidianidad propia de un país en guerra, y a la cual parecemos estar acostumbrándonos, se vienen sumando otras noticias que parecieran llevarnos ahora a un estado de estupor inaudito.
Los sucesos de Tlatlaya, Iguala, Reynosa, Operativo Jalisco, Chilapa y muchos más han puesto en evidencia que los medios de inteligencia del gobierno son muy limitados en su diseño y operación. Juzgadas por separados sus agencias, quizá fueran efectivas, pero carecen de una visión de conjunto.
Entre las evidencias de México actual hay una que sobresale: la superioridad, el adelanto de la sociedad civil respecto al gobierno. Mayor dinamicidad y más acertada visión del futuro, propósito de hacer más democráticas las instituciones nacionales.
No todas las batallas se ganan, podría afirmar un aforismo. Grandes batallas y aun guerras al mando de grandes estrategas se han perdido, pero la historia ha explicado cuál fue la falla, sea por defectos de información, por mala planeación o conducción. Las más relevantes son casos de estudio.
Hace ya tiempo que se evaporaron las ideas, de respaldo y guía, que permitan sobreponerse a este presente de violencia y deterioro económico, cultural, social y político. Son ellas el ingrediente necesario, primero, para captar lo que sucede.
Y sí, ni modo. Tenemos que apechugar con lo que nos pasó. Perdimos el país que teníamos y amábamos. (Es un decir. No podemos amar ese fulgor abstracto e inasible, como decía José Emilio Pacheco. Pero queríamos lo que queríamos� y lo perdimos.)
Desde luego que concurren, y en determinados casos pueden ser absolutamente determinantes, el azar, el infortunio, las fallas operativas y los errores individuales. Pero en el México de las tragedias cotidianas son inocultables los factores de la descomposición institucional.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó ayer la separación de Alfredo Castillo Cervantes del cargo de comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que ocupaba desde el 15 de enero de 2014.
Al magen de las debilidades e inconsistencias de la versión oficial, la reiteración pública de que los muchachos desaparecidos "están muertos" constituye un agravio adicional a los progenitores de la víctimas.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, anunciaron ayer de manera conjunta la ampliación del Acuerdo de Entendimiento.
Un dato que resulta muy preocupante surgido en la entrevista realizada por Sanjuana Martínez al doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete, es la denuncia que hace el investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el acoso que sufre por algunas personas.
A 3 meses de los lamentables sucesos de Iguala, lejos de saber con certeza lo sucedido, las interrogantes crecen y se profundizan, vinculándose con otros hechos para conformar un escenario patético de dimensiones nacionales, señalando con mayor precisión que se trata de un crimen de Estado.
Con el telón de fondo de la continuidad y el recrudecimiento de la violencia delictiva en Michoacán y de las agresiones sufridas por integrantes de distintas agrupaciones de guardias rurales, en días recientes se ha registrado una reactivación de los grupos de autodefensa.
Un enfrentamiento ocurrido ayer en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, Michoacán, dejó seis muertos, entre los que se cuentan al hijo de Hipólito Mora, líder fundador de las autodefensas de Michoacán y actualmente parte de la fuerza rural.
No hay salidas a la vista. El dosificador gubernamental de la información trágica, Jesús Murillo Karam, ya hizo saber que hay muy pocas probabilidades, virtualmente nulas, de que se conozca la verdad forense de lo sucedido con 42 de los 43 normalistas rurales desaparecidos en Iguala.
Jesús Rodríguez Almeida dejó de ser secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, es decir, jefe de la policía en esta ciudad. Esta decisión, ¿cambiará en algo el quehacer de los de azul? Lo más probable es que no.
Desde hace varios años las movilizaciones, las protestas y los análisis de expertos subrayan una falencia central en la convivencia nacional: los abusos de la autoridad contra la ciudadanía bajo diversas formas que llegan incluso a asesinatos de inocentes y desapariciones forzosas.
Lo central: en el curso de los últimos dos meses ha quedado exhibida la falla en una de las funciones básicas del Estado �proteger la vida de las personas� y se ha vuelto evidente la necesidad de una profunda reforma en todas las instituciones de procuración e impartición de justicia.
El miércoles de la semana pasada el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que la impecable licitación para construir un tren rápido entre la ciudad de México y Querétaro tenía como ganador a su único concursante, un conglomerado empresarial.
La aparición en escena de José Luis Abarca y su esposa agotó la baraja argumental de Los Pinos y aceleró la percepción muy extendida de que es imposible que el gobierno federal desconozca a estas alturas el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.
Quince horas después del momento en que según el reporte oficial fue detenido el matrimonio Abarca Pineda en Iztapalapa, la PGR no atinaba a dar ante periodistas un solo indicio real de avance en las investigaciones sobre el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ayer, tras una jornada nacional e internacional de movilizaciones masivas en repudio al asesinato de tres normalistas en Iguala y la desaparición de otros 43, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha, Ángel Aguirre Rivero pidió licencia al cargo de gobernador de Guerrero.
Son tantas las ausencias, impunidades, crasos errores y complicidades en el caso Iguala que bien puede tomarse como muestra ejemplar de la ineficacia general del gobierno en sus variados niveles. La cúspide decisoria se transforma en un tinglado de excusas, temores, torpezas y negativas.
Con el título no me refiero al ébola, que se cierne como una amenaza sobre el mundo, me refiero a la descomposición en todo el país que parece a punto de contagiar a la ciudad de México, que aún es, más por sus ciudadanos que por algunas de sus autoridades, un fuerte que resiste al asedio.
Tlatlaya e Iguala, junto con Sonora, son tres versiones trágicas de la incompetencia de gobernantes priístas, perredistas y panistas. ¿Incompetencia? Me quedo corto. Se trata de crímenes inocultables del poder contra la población o segmentos de ésta.
Una semana después de los ataques perpetrados por policías y civiles armados, con saldo de seis muertos y 43 desaparecidos, confirma lo que desde hace tiempo es un secreto a voces: que el territorio de la entidad es la negación rotunda de la legalidad y el estado de derecho.
