Violencia y fragilidad
La violencia no es fruto de la inmadurez del orden democrático, ni refleja linealmente la levedad epidérmica de nuestra cultura cívica y jurídica. También recoge añejos nudos de descontento y mal gobierno.
La violencia no es fruto de la inmadurez del orden democrático, ni refleja linealmente la levedad epidérmica de nuestra cultura cívica y jurídica. También recoge añejos nudos de descontento y mal gobierno.
La violencia del 1� de diciembre sólo pudo haber venido desde arriba; y tanto sus ejecutores inmediatos como los mandos operativos y los efectivos policiales movilizados no tuvieron ni podían tener idea de la recóndita empresa política de la cual eran comparsas.
Vivimos paradojas que resultan dolorosas. Desde el movimiento de derechos humanos y las organizaciones de pueblos indígenas se ha luchado de manera incansable por lograr derechos que los acerquen al horizonte de la justicia y se han logrado victorias significativas en ese terreno.
En las semanas recientes, las expresiones de apoyo al profesor tzotzil Alberto Patishtán �condenado a 60 años de cárcel por el asesinato de siete policías en la localidad chiapaneca de El Bosque, tras un proceso judicial lleno de irregularidades.
Por mayoría de tres votos contra uno, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió ayer una serie de amparos a la empresa de telecomunicaciones MVS contra la negativa del gobierno federal a prorrogar sus concesiones.
Quedamos en que esta semana empezaríamos la columneta con la buena noticia. Aquí va: se han planteado en el Senado las reformas y adiciones a las leyes de Protección al Consumidor y a la de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
En el artículo 1� se indica que la ley tiene por objeto implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos.
Ante la intención de los partidos políticos, manifestada en el Pacto por México, de promulgar un código penal único para toda la República, conviene cuestionar si es conveniente hacerlo en estos momentos.
Es importante que los falsamente inculpados recuperen su libertad, pero su condena social todavía no concluye, pues tendrán que realizar un gran esfuerzo para lograr su plena reinstalación dentro de su comunidad e incluso dentro de su familia.
Durante los últimos años, el gobierno de México se ha dedicado a perseguir a quienes ha considerado sus enemigos, por oponerse a sus intereses y porque con sus ideas, estrategias y principios han luchado por defender la democracia y dar paso a un sistema de bienestar.
El juez acepta como pruebas condenatorias un testimonio singular, cuestionado con pruebas por ser posiblemente inducido, y con elementos circunstanciales obtenidos irregularmente; desecha testimonios exculpatorios, sin más prueba que su opinión, por ser aleccionados, según el juez.
Hace unos días el Gobierno federal reiteró su posicionamiento en contra de la legalización de las autodefensas. Fue precisamente el estreno del secretario del sistema de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García ante el Congreso donde rechazó la legalización de estos grupos.
En el estado de Guerrero, entre 2005 y 2011 el número de homicidios aumentó 310 por ciento. En 2012 se cometieron 55.57 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, mientras la media nacional fue de 15.57, elevándose de manera exorbitante a 71 por ciento.
A cada rato llegan a este país disidentes de diversas naciones para denunciar ante foros académicos, de derechos humanos e instancias oficiales, como el Congreso, que sus gobiernos violan los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Piden solidaridad para presionar a sus gobiernos.
Tan improcedente como las descalificaciones automáticas que se han formulado en contra de las autodefensas �a las que se equipara sin mayor reparo y análisis conceptual con grupos guerrilleros o paramilitares� resultaría la pretensión de que ese tipo de expresiones se conviertan en regla.
El enfasis mediático en la proliferación de los nombrados grupos de autodefensa desenfoca la mirada pública en las tendencias que provienen desde el mismo Estado de gestionar modelos de seguridad que protegen intereses políticos y de particulares. Mientras los medios contruyen un relato alarmista.
En muchos casos los jueces no responden a la investidura que tienen. En la realidad, los secretarios de los juzgados y los proyectistas tienen la batuta y deciden o predisponen a los jueces a la hora de dictar sentencia. Los procesados nunca ven al juez, ni los jueces a los procesados.
Este país se congratula de impartir justicia de manera imparcial y transparente donde todos, sin importar origen ni poder, están sujetos al estado de derecho. Aquí hay "justicia igualitaria para todos", como dice una de las frases de los juramentos patrióticos escolares.
Un juzgado de distrito en materia administrativa concedió un amparo "para efectos" a familiares de víctimas de la masacre de Acteal, quienes impugnaron las gestiones realizadas por la embajada de México en Estados Unidos con el propósito de solicitar inmunidad para el ex presidente.
El pasado miércoles, la primera sala de la SCJN rechazó discutir el reconocimiento de inocencia solicitado por la defensa de Alberto Patishtán, indígena tzotzil preso desde 2000 y condenado a 60 años de prisión por el asesinato de siete policías en la comunidad chiapaneca de El Bosque.
En las semanas recientes el debate en torno a los grupos de autodefensa que se han formado en distintas regiones del país ha ocupado los espacios de la prensa nacional. La proliferación de grupos de ciudadanos que se organizan para defenderse ha puesto una vez más en evidencia el fracaso seguridad.
Esta semana fue presentado en Atoyac y en esta ciudad el libro Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México. Memorias de la represión en Atoyac, Guerrero, durante la década de los 70, coordinado por Andrea Radilla Martínez �la segunda hija de Rosendo Radilla Pacheco, detenido.
En una audiencia celebrada ayer en la base militar de Fort Meade, Estados Unidos, el soldado Bradley Manning, preso desde 2010 por haber filtrado documentos militares y diplomáticos de Estados Unidos a Wikileaks, se declaró culpable de 10 de los 22 cargos que se le imputan �los de menor gravedad�.
Sería importante saber lo que está haciendo el general colombiano en retiro, Óscar Naranjo, como asesor de Enrique Peña Nieto para asuntos de delincuencia organizada. Luego de su descuidado asomo a la política mexicana durante la pasada campaña presidencial.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el jueves pasado que la administración de la que forma parte investigará las "miles" de desapariciones ocurridas el sexenio pasado, las que tuvieron lugar antes de 2006 así como las que pudieran ocurrir a partir del primero de diciembre.
Al cumplirse un aniversario más de la tragedia de Pasta de Conchos es evidente que México no saldrá de la profunda crisis que lo envuelve si lo que ocurre entre "los que menos tienen", como reza el eufemismo, es pura palabrería o apuesta para blanquear la fachada democrática.
El 19 de febrero de 2006 una explosión derrumbó un tramo de socavón en la explotación carbonífera de Pasta de Conchos, lo que causó la muerte de 65 mineros que se encontraban en el interior. En los días siguientes el Grupo México, propietario de la mina.
El juicio de amparo es una institución fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y del orden político constitucional. Su función protectora no la iguala ningún otro tipo de juicios ni el derecho de cada quien es mejor servido
Se dice que somos un pueblo sin memoria, que tropezamos varias veces con la misma piedra, que los acontecimientos de hoy hacen olvidar los de ayer, lo que es lamentable; sin duda se debe a que los hechos se suceden unos a otros a gran velocidad.
Desde tiempos inmemoriales ha habido división en las comunidades, incluso indígenas. Con frecuencia, en su interior surgen luchas, pequeñas o grandes, por la hegemonía de unos grupos contra otros, pues una cosa es que se trate de comunidades y otra que sean homogéneas y todos piensen igual.
Significativamente, el rechazo que la citada ley generó la víspera entre organismos empresariales y algunas organizaciones de la sociedad civil �por los atropellos a las garantías individuales y a la libertad de empresa que la normativa pudiera permitir� se reprodujo ayer en San Lázaro.
Ninguna autoridad municipal puede normar sus decisiones de gobierno por encima de la ley, respondió de inmediato el gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, al intento de llevar a ese estado la experiencia de Guerrero con las llamadas policías comunitarias.
Me pregunta alguien: ¿No vas a echar tu cuarto de espadas sobre el affaire Cassez? ¡No! �contesto enérgicamente. Hace meses ya di mi opinión y vean el caso que me hicieron los señores ministros. Un cuarto de espadas ya no me lo aviento jamás.
Enrique Peña Nieto propuso organizar desde ahora la conmemoración del primer centenario de la Constitución Política de 1917. Este evento, dijo, se desarrollará en cuatro "vertientes": "recordar, difundir, reflexionar y, sobre todo, cumplir la Constitución".
Claro que no lo soy. Me llamo Miguel Juan Hilaria y soy mixe, ayuuk como nos decimos nosotros. Antes era campesino, ahora sólo soy un preso. Tengo ocho años encerrado en una cárcel de Oaxaca, en un pueblo llamado Matías Romero, pues me acusaron falsamente de haber matado a un pobre.