Actualmente, Alberto Patishtán purga una condena de 60 años de prisión por un crimen que no cometió. En México, la inmensa mayoría de personas privadas de su libertad, sujetas a proceso penal o sentenciadas, son víctimas de fabricación de prueba o de violaciones al debido proceso.
El gobierno de Estados Unidos pretende que los 12 policías federales arraigados por su posible participación en el ataque a un vehículo diplomático de ese país, se conviertan en testigos protegidos de las agencias de seguridad del vecino país.
Como ocurrió en otras localidades del país, el pasado 15 de septiembre, en Ensenada, Baja California, el movimiento #YoSoy132 y diversos ciudadanos libres protestaron, durante la ceremonia del Grito de Independencia.
Antecedente real británico. El 18 de noviembre de l998 el genocida Augusto Pinochet fue detenido en Inglaterra a petición de la justicia española, acusado de genocidio, terrorismo, asesinatos y torturas. Las víctimas habían sido inglesas, estadunidenses y, por supuesto, españolas.
Como sabemos, la victimización en México ha escalado a niveles inusitados que ameritan una respuesta institucional y normativa a la altura del grave deterioro del tejido social que arrojó la fallida estrategia federal de combate a la delincuencia.
Un informe elaborado por el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el operativo Rápido y furioso, el cual fue dado a conocer ayer, exonera al titular de esa dependencia, Eric Holder, de toda responsabilidad en dicha operación.
El pasado jueves 13 de septiembre, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, compareció ante el pleno del Senado para hablar sobre la política exterior de México, en el marco del análisis del sexto Informe de gobierno de Felipe Calderón.
El 24 de febrero de 1996 se produjo un lamentable incidente frente al Malecón habanero. Dos avionetas pertenecientes a un grupo terrorista de Miami fueron derribadas por la defensa antiaérea cuando violaron el territorio de Cuba.
En los casi 15 años transcurridos desde la matanza de Acteal, el signo inocultable del poder público de nuestro país en torno al caso ha sido una lamentable voluntad de encubrimiento. En los días y meses posteriores a la matanza, un centenar de personas fueron inicialmente encarceladas.
En el mundo occidental, la representación política ha venido sufriendo merma en sus facultades a lo largo de tres décadas de neoliberalismo como régimen económico predominante. Esta merma ha fortalecido, por el contrario, al Poder Ejecutivo.
La "soberanía del pueblo" está antes y por sobre la Constitución, porque el pueblo es el que puede convocar desde su poder soberano a una asamblea constituyente para reformar o darse una nueva Constitución. La soberanía es entonces anterior a la constitucionalidad.
El presidente Felipe Calderón afirmó que fue negligencia o complicidad de federales el ataque a estadunidenses. Ante el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, lamento profundamente la agresión sufrida por diplomáticos a manos de policías federales y se comprometió a realizar una investigación.
El pasado domingo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza, afirmó que el Poder Judicial no vacilará en defender a cualquiera de sus integrantes que sea "indebidamente perseguido o presionado".
Cuando los trabajadores de Honda decidieron organizarse sindicalmente, empezaron a reunirse por las noches para capacitarse, observando que parecía fácil formar un sindicato auténtico y obtener la representación necesaria para negociar sus condiciones de trabajo.
Por diferencias religiosas hay conflictos violentos en Michoacán y Chiapas. En ambas entidades las autoridades encargadas de aplicar las leyes contra los intolerantes se la pasan haciendo exhortos para que cesen las hostilidades y, en la práctica, favorecen a quienes intimidan.
Dos atropellos de gravedad en contra de las bases de apoyo del EZLN se cometieron esta semana. No es poca cosa, pues se suman a recientes amenazas de desalojo en la comunidad San Marcos Avilés y a la prisión política de Francisco López Sántiz, recluido injustamente desde el 4 de diciembre de 2011.
Las razones tomadas en cuenta por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para brindar cobijo a Julian Assange han sido ruidosamente confirmadas a través de la cavernícola reacción de Londres, que se niega a otorgar salvoconducto y que amenaza con revocar el estatus diplomático de la embajada.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cualquier delito cometido por un militar y que no "afecte los bienes jurídicos o la disciplina castrense" debe ser conocido por jueces civiles, sean federales o civiles.
Por fortuna, la SCJN recientemente asumió que es parte obligada en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y sobre la vigencia del control de convencionalidad; esto es, que los jueces deben razonar sus sentencias otorgando preeminencia a los tratados internacionales.
Expresan que aunque el "Estado mexicano no es el único responsable de todo lo expuesto, ello no le exime de su responsabilidad por acción u omisión en la definición y aplicación de las políticas" que han hecho posible las violaciones y la violencia que le acompañan.
Uno de los cuatro presuntos narcotraficantes mexicanos detenidos en días pasados en la capital española, Rafael Humberto Celaya Valenzuela, resultó ser un funcionario y político priísta que operaba en Sonora.
Por mayoría de votos, la SCJN determinó ayer que los casos que involucren a efectivos castrenses con delitos cometidos contra civiles no deben ser juzgados en instancias militares, sino por tribunales ordinarios.
Pero una cosa es preservar la integridad de las fuerzas del orden de ataques externos y otra muy distinta actuar "hacia adentro" sin tener realizada una investigación sólida e irrefutable. La recurrencia a los testigos protegidos como fuente de las pesquisas abre enormes interrogantes.
Leo en La Jornada del pasado miércoles que la judicatura ha tomado la decisión de suprimir la figura del "meritorio" que se supone es un candidato a ocupar un puesto en el Poder Judicial solamente para aprender, lo que supone que no tiene salario ni relación laboral.
El 31 de julio pasado arribó a la capital del país una caravana de ejidatarios ch'oles de Tila. Sabían que en la agenda del 2 de agosto de la SCJN estaba programada la resolución de la inejecución del amparo que presentaron para que se les restituyan las 130 hectáreas.
Narran quienes querían llegar a su casa, que tardaron hasta dos horas para lograrlo. Una de nuestras vecinas comentaba que cuando vieron el enorme despliegue policiaco, pensaron que habían agarrado a una peligrosa banda de narcotraficantes; pero no era así.
Nuevamente ha sido programada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia la discusión del proyecto de resolución sobre el incidente de inejecución de la sentencia que en 2008 favoreció al pueblo ch'ol. El caso tiene larga data y los ejidatarios de Tila han sido persistentes.
Según informó la delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora, un juez federal dictó auto de formal prisión a nueve personas acusadas de "lesiones por omisión culposa en agravio de 10 niños" durante el incendio registrado en la guardería ABC.
El Acuerdo Comercial contra la Falsificación es un instrumento internacional que se negocia desde 2007 entre grandes potencias comerciales, y que pretende, según los pocos países que hoy encabezan esta propuesta, combatir la piratería digital y proteger la propiedad intelectual.
En una operación de mero trámite, la Comisión Permanente dio por aprobada la reforma política que remienda en algunos capítulos la legislación vigente. Aunque falta precisar en leyes y reglamentos las medidas más sonadas, como las candidaturas independientes.
La ley electoral, como buena parte de las leyes en nuestro país, parece diseñada para legalizar la impunidad. Los supuestos para impugnar una elección o solicitar su nulidad son tales, que aun antes de plantearla, las voces indican que no se podrá lograr de manera alguna. Que es arar en el mar.
El pleno de la SCJN rechazó ayer, por seis votos a cuatro, el amparo interpuesto por un particular en contra de la decisión del SAT de no hacer públicos los nombres de las personas o las compañías a las que se cancelaron créditos fiscales por casi 74 mil millones de pesos en 2007.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puede no saber que Benito Juárez fue el primero en afirmar: "A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas", pero los hechos indican que la sentencia juarista bien podría ser el eje del acoso del Kremlin a la oposición política.
El PRI se encuentra en un severo aprieto en la medida que en su declaración de principios ratifica los principios constitucionales a pesar de que la práctica de sus dos últimos presidentes ha sido totalmente contradictoria con ello.
La reforma al Código Penal del Distrito Federal, promulgada el pasado 6 de junio por el jefe de Gobierno, tiene como objetivo homologar la tipificación de la tortura con los estándares internacionales, con el fin de erradicar su práctica en la actuación, omisión y/o aquiescencia de autoridades.
