Mujeres

Évelyn Hernández, joven salvadoreña acusada de homicidio por la muerte de su bebé, fue absuelta

2019-08-19

La semana pasada, durante el juicio, los fiscales argumentaron que Hernández sabía...

Por Elisabeth Malkin | The New York Times

19 de agosto de 2019 CIUDAD DE MÉXICO— Un juez salvadoreño exoneró a una joven mujer este lunes a quien se le acusaba de matar a su bebé mortinato, lo cual ha sido un importante logro para los defensores de los derechos de las mujeres, que hace tiempo luchaban contra la estricta aplicación de una de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto.

Al determinar que Évelyn Hernández Cruz, de 21 años, es inocente, la corte al parecer aceptó los alegatos de la defensa centrados en que ella no había sabido que estaba embarazada y sufrió una emergencia obstétrica que le impidió salvar al bebé.

Los fiscales, que intentaban juzgar el caso por segunda vez, pedían una sentencia de 40 años en prisión. El caso se había convertido en una prueba significativa de la disposición de los tribunales de aceptar los casos abiertos contra mujeres de escasos recursos que, al no tener acceso a los servicios de salud, a menudo dan a luz en casa y pierden a sus bebés.

Hernández, de 21 años, fue violada por un pandillero y no se había percatado de que estaba embarazada, argumentaron sus abogados. Después de sufrir una pérdida en la letrina de su hogar en abril de 2016, perdió el conocimiento. Su madre la encontró, ensangrentada, y la llevó al hospital local en Cojutepeque, una población ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de San Salvador, la capital.

Las autoridades hospitalarias llamaron a la policía y Hernández fue imputada por homicidio agravado. Un juez la sentenció a 30 años de prisión, pero el veredicto fue revocado el año pasado por cuestiones procedimentales y un juzgado de apelaciones ordenó un segundo juicio.

La semana pasada, durante el juicio, los fiscales argumentaron que Hernández sabía que estaba embarazada y debía haber tomado las precauciones necesarias para proteger a su bebé.

En materia de aborto, El Salvador tiene una de las leyes más estrictas del mundo y lo prohíbe en todas las circunstancias, incluso cuando está en riesgo la vida de la madre. Grupos de defensa de las mujeres dicen que la criminalización de las emergencias obstétricas es una consecuencia de dicha ley, porque convierte en sospechosa a cualquier mujer que experimenta una complicación durante el embarazo.

En lugar de imputarlas por el aborto, que tiene una pena máxima de ocho años en prisión, los fiscales más bien han acusado de homicidio a decenas de mujeres. El peso de esos casos a menudo recae en mujeres pobres que tienen poco acceso a educación y servicios de salud.

En 2014, grupos de defensa de las mujeres identificaron a 25 mujeres que cumplían con sentencias de hasta 40 años en prisión por homicidio o intento de homicidio luego de haber sufrido emergencias obstétricas y empezaron una campaña para liberarlas. Al menos dos docenas más fueron acusadas y encarceladas mientras esperaban su juicio antes de que se retiraran los cargos o se les encontrara inocentes.

Los abogados apelaron las sentencias una por una. El año pasado, ocho mujeres fueron liberadas, ya sea porque se les cambió la sentencia o porque fueron absueltas. Este año, otras cuatro fueron liberadas cuando se les conmutó la sentencia.

Hay todavía quince mujeres que siguen en prisión con sentencias largas y otras tres que esperan su juicio.

En un comunicado, Morena Herrera, miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto dijo que la absolución de Hernández “es una señal de esperanza para todas las mujeres que siguen encarceladas por crímenes que no cometieron por problemas de salud que jamás debieron haber sido enjuiciadas”.

“Ninguna mujer debería pasar por el suplicio que pasó Évelyn”, dijo.

Paula Avila Guillén, abogada y directora de iniciativas latinoamericanas del Centro por la Igualdad de las Mujeres en Nueva York, una asociación que trabaja con organizaciones en El Salvador, dijo que lo que impulsa los casos por homicidio es la dura ley antiaborto.

“El problema es que una vez que se usa la palabra aborto, estigmatiza por completo el proceso”, dijo Avila Guillén. “Una vez que se usa la palabra aborto, no hay presunción de inocencia para una mujer”.

Un intento el año pasado de permitir el aborto en casos de violación y para proteger la salud de las mamás fracasó en el congreso salvadoreño y las posibilidades de flexibilizar la ley actual —que data de 1998— se han vuelto más remotas pues los conservadores ahora dominan la legislatura.

El presidente Nayib Bukele, que ocupa el poder desde junio, ha dicho las mujeres pobres no deberían ser tratadas injustamente en estos casos pero no se ha pronunciado en lo que respecta al caso de Hernández, la primera mujer juzgada durante su presidencia.

Aún así, hay señales de que las cortes han empezado a cambiar el modo en que evalúan los casos, dijo Avila Guillén.

En marzo, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador conmutó la sentencia de prisión de tres mujeres, que pasaron casi una década presas por el cargo de homicidio agravado, y ordenó su liberación. La corte dictaminó que se habían violado los derechos de esas mujeres y que las cortes inferiores no consideraron las barreras sociales y de género que enfrentaban.

En diciembre, un tribunal declaró inocente de intento de homicidio a otra mujer, Imelda Cortez, que había dado a luz en su hogar. Durante años, Cortez fue violada por su padrastro y dijo que no sabía que estaba embarazada cuando perdió el conocimiento durante el parto. Su hija estaba saludable, pero a Cortez se le acusó de abandonarla y pasó 17 meses en prisión preventiva.

Al observar que Cortez necesitaba una transfusión de sangre en el momento en que llegó al hospital, el juez dictaminó que no había forma de que ella hubiera tenido la intención de abandonar a la bebé.

“Es la primera vez que un juez reconoce que dar a luz tu sola después de que te violen durante seis años es una experiencia traumática”, dijo Avila Guillén.

En julio, la Agrupación Ciudadana, el Centro por la Igualdad y otros dos grupos de defensa de derechos humanos han presentado cuatro casos (entre ellos los de Hernández y Cortez) ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (ACNUDH).

“Con estos cuatro casos emblemáticos, esperamos que el Grupo de Naciones Unidas determine que El Salvador persigue y detiene arbitrariamente a mujeres que sufren emergencias obstétricas y/o partos extra hospitalarios, particularmente aquellas en condición de pobreza y ruralidad”, dijo Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana.

Aunque los jueces han empezado a examinar su tratamiento de estos casos, los fiscales continúan presentando cargos, dijo Avila Guillén.

“A veces se siente como si estuviéramos en una rueda para hámster”, dijo.



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