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¿Quién pagó esa mansión? ¿Un senador o el pueblo de Haití?

2021-07-14

La mansión se ha convertido en un emblema del abismo que existe entre el lujoso estilo de...

Por Dan Bilefsky y Catherine Porter | The New York Times

MONTREAL — Es uno de los pocos legisladores que quedan en Haití, un cercano aliado del presidente asesinado que ha conservado su escaño mientras las instituciones democráticas del país han quedado mermadas.

Rony Célestin, uno de los diez miembros que quedan en el Parlamento haitiano, un personaje arrogante que se presenta como multimillonario por méritos propios, pertenece a un pequeño círculo de dirigentes con la autoridad legal para sacar a la nación de la crisis ahora que el presidente ha muerto.

Sin embargo, para muchos haitianos, Célestin también es símbolo de uno de sus mayores reclamos: una clase dirigente que se enriquece en tanto que muchas personas pasan hambre.

En los últimos meses, mientras el país estallaba en manifestaciones por el abuso de poder de la élite política, Célestin ha estado esquivando las acusaciones de corrupción de activistas haitianos por la compra de una mansión a poco más de 3000 kilómetros de distancia, en Canadá.

La extensa residencia de 3,4 millones de dólares, con su amplio camino de entrada, cine en casa, cava y piscina con vistas a un lago, fue una de las casas más caras que se han vendido en uno de los barrios más adinerados de Quebec, y la compra desencadenó una investigación de corrupción relacionada con Célestin por parte de las autoridades haitianas.

La mansión se ha convertido en un emblema del abismo que existe entre el lujoso estilo de vida de la élite haitiana y la mayoría de la población, que gana en promedio menos de 2,41 dólares al día. La propiedad de Célestin ha provocado indignación por la fuga de capitales —tanto legales como ilícitos— que drena el dinero de Haití y debilita las instituciones del país.

Célestin niega con vehemencia haber actuado mal y se describe como un hábil empresario cuyo éxito y donaciones a la campaña electoral del presidente asesinado, Jovenel Moïse, le han proporcionado una serie de privilegios, entre ellos la posibilidad de pagar la mansión y conseguirle a su esposa un trabajo en el consulado de Haití en Montreal.

“Tengo suficiente influencia; si quisiera que fuera embajadora, eso sucedería”, comentó a The New York Times.

No obstante, el Times encontró pocos o ningún indicio en Haití de los prósperos negocios que Célestin cita como fuente de su gran riqueza. Algunos parecen operar a una escala mucho menor de lo que él afirma, si acaso.

Su abogado se negó a dar detalles sobre sus negocios debido a la investigación anticorrupción en curso en Haití. La indignación provocada por la mansión llegó a tal punto que algunos miembros de la comunidad haitiana de Montreal se escabulleron en los arbustos que rodean la casa en Laval, un suburbio acomodado, y se colaron en el terreno, con la esperanza de enfrentar a Célestin y su familia.

“Haití es un país pobre en el que la gente se muere de hambre, y aquí hay gente rica que intenta sacar su dinero del país y comprar mansiones en efectivo”, dijo Frantz André, un destacado defensor de los derechos humanos haitiano en Montreal que ha liderado protestas frente al consulado de Haití en los últimos meses.

Dado que Haití, un país de 11 millones de habitantes, tiene tan pocas instituciones en funcionamiento, Célestin podría ayudar a dar un giro al futuro de la nación. Solo quedan diez senadores de 30 en el Parlamento, y Célestin es uno de ellos. Los mandatos de los otros 20 expiraron, y nunca se convocó a nuevas elecciones. La cámara baja del Parlamento está totalmente vacante, y el jefe del más alto tribunal de la nación murió a causa de la COVID-19 en junio.

Eso significa que senadores como Célestin son de los pocos funcionarios electos que quedan en Haití, con una poderosa voz para determinar cómo debe dirigirse el país tras el osado asesinato de Moïse el miércoles.

Sin embargo, los detractores califican al Senado de disfuncional. Y mientras el país se convulsionaba en los últimos meses, los miembros de la élite política han prosperado en el extranjero, en lugares como la República Dominicana, Estados Unidos y Canadá, invirtiendo su dinero —y en algunos casos lavándolo, según las autoridades— en bienes inmuebles.

A pesar de los miles de millones de dólares de ayuda para la reconstrucción tras el devastador terremoto de 2010, el país no se ha recuperado y muchos afirman que está peor. Las pandillas armadas controlan muchas zonas, la pobreza y el hambre van en aumento, y funcionarios como Célestin han sido acusados de enriquecerse pese a que no proporcionan al país ni siquiera los servicios más básicos. Transparencia Internacional, el monitor anticorrupción, clasificó a Haití en el puesto 170 de 180 países según los niveles de corrupción percibidos en 2020, en un empate con Corea del Norte.

En una entrevista inusitada concedida a finales de marzo, Célestin, de 46 años, aseguró que había acumulado su riqueza con la agricultura, la importación y otros negocios legítimos que le permitían ganar millones de dólares al mes. Dijo que le dio a su esposa, Marie Louisa Célestin, el dinero para comprar la mansión a finales de 2020, para que ella y sus hijos pudieran disfrutar de las “ventajas sociales” de vivir en Canadá.

“No tengo que justificarme, estoy harto de tener que hacerlo”, dijo Célestin.

Célestin, un hijo de agricultores que creció en el campo, dijo que empezó su carrera empresarial con la importación de productos en un camión que alquilaba y que en ocasiones dormía sobre los costales de azúcar y harina que transportaba. Ahora forma parte del partido Tet Kále, al que pertenecía el presidente asesinado.

“Salí de la nada y me convertí en quien soy sin ayuda”, dijo. Sobre sus críticos, añadió: “No necesito tenerle miedo a un montón de vagabundos, bastardos y delincuentes”.

Pero los rastros del imperio empresarial de Célestin en Haití difieren mucho de la imagen que pintó.

Afirmó que poseía un gigantesco criadero en la ciudad haitiana de Léogâne con 800,000 gallinas valoradas en unos 60 millones de dólares, pero no aportó ninguna documentación como prueba. Un reportero contratado por el Times que visitó la ciudad no pudo encontrar un gallinero tan grande ni a nadie que hubiera oído hablar de él. Patrice Dumont, un senador de Léogâne, reveló al Times que el proyecto de Célestin se había planeado, pero nunca se puso en marcha.

Célestin dijo que también era propietario de una emisora de radio llamada Model FM, que empezó en una región rural, pero creció hasta el punto de instalarla en un suburbio de Puerto Príncipe, la capital. La emisora en efecto tiene una pequeña y discreta oficina en el suburbio de Petionville, sin rótulos. En las dos ocasiones en que el Times la visitó, la oficina estaba cerrada u ocupada por una sola persona que no pudo proporcionar ninguna información sobre la emisora, ni tampoco un tarifario publicitario.

Célestin dijo que también era propietario de una empresa de gas llamada PetroGaz-Haití, pero, según la descripción que hizo, parecía violar las prohibiciones legales a lucrar con los fondos del Estado. Aunque los políticos pueden ser propietarios de empresas, la Constitución les prohíbe tener contratos con el Estado, algo que Célestin dijo que había tenido durante cuatro años a través de la empresa de gas.

Ante la indignación creciente, la Unidad Anticorrupción del gobierno haitiano inició en febrero una investigación en torno a la compra de la casa de Célestin en Canadá. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por su sigla en inglés), la fuerza policial nacional, dijo que no podía revelar si también estaba investigando la transacción. No obstante, según la normativa canadiense, la compra debería haber activado las alarmas, comentó Garry Clement, exdirigente de una unidad de la RCMP que investiga el lavado de dinero.

Como senador, Célestin es considerado una “persona políticamente expuesta (PPE)”, conforme la normativa canadiense sobre el lavado de dinero, lo cual significa que las instituciones financieras están obligadas a realizar las debidas diligencias para determinar el origen de fondos transferidos superiores a 100,000 dólares. Estas normas también son aplicables a Marie Louisa Célestin, como esposa de un “PPE”, explicó Clement.

Rony Célestin dijo que todo lo relacionado con la compra era legal. “Si no estuviera limpio, habría tenido muchos problemas con los bancos de Miami”, añadió y dijo que transfería periódicamente entre 20 y 30 millones de dólares a Turquía con el fin de comprar hierro para lo que describió como uno de sus negocios de importación. “Me asustaría si mi dinero no estuviera limpio”.

Sin embargo, Célestin y su abogado en Montreal, Alexandre Bergevin, se negaron a responder preguntas de seguimiento o a proporcionar los nombres de su empresa de importación o de su granja. Su esposa, quien trabaja para el consulado de Haití en Montreal desde 2019, no respondió a una solicitud para hacer comentarios.

“Ya no estoy en ese nivel, en el que mi esposa o yo busquemos trabajo para vivir”, comentó Célestin, enfatizando su riqueza al agregar que su chef en Haití gana 4000 dólares al mes.

A pesar de la investigación de Célestin en Haití, muchos activistas de ese país y de Canadá dudan que se esté llevando a cabo con seriedad. Uno de ellos dijo que había preguntado por el caso justo la semana anterior y que los funcionarios le dijeron que no estaban realizando ningún seguimiento.

Un informe de 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Haití afirmaba que, a pesar de las numerosas denuncias de corrupción del gobierno, los infractores actúan con impunidad. De acuerdo con el informe, el Senado del país nunca ha procesado a ningún funcionario de alto nivel acusado de corrupción, como exige la Constitución.

En 2019, Willot Joseph, senador del partido del presidente asesinado, admitió en la radio que había aceptado un soborno de 100,000 dólares de un candidato a primer ministro a cambio de un voto a favor de su nominación.

Tres informes condenatorios del Tribunal Superior de Cuentas y Controversias Administrativas del país revelaron con gran detalle que gran parte de los 2000 millones prestados a Haití como parte de un programa petrolero patrocinado por Venezuela, PetroCaribe, habían sido malversados o derrochados durante ocho años por una sucesión Gobiernos haitianos.

Desde 2008, todos los funcionarios electos en Haití tienen la obligación legal de revelar sus activos financieros al asumir y dejar el cargo. Pero un informe de 2019 de la Clear Eyes Foundation, un grupo de derechos humanos haitiano, reveló que pocos lo habían hecho en los últimos diez años y que no había habido sanciones ni repercusiones para quienes no lo hicieran.

A lo largo de los años, Célestin se ha enfrentado a múltiples acusaciones de fraude y corrupción, tanto en sus campañas electorales como en su papel de funcionario público.

En 2010, cuando resultó electo como miembro de la cámara baja del Parlamento, las elecciones se vieron empañadas por acusaciones de corrupción y fraude. Siete años después, cuando ganó un escaño en el Senado, su oponente dijo que la votación había estado amañada.

En 2016, la mansión en que vivía Célestin fue incautada por la policía durante una investigación sobre tráfico de drogas. Célestin negó que la casa tuviera vínculos con un narcotraficante y dijo que las acusaciones habían sido inventadas por sus enemigos políticos.

Incluso antes del magnicidio del presidente la semana pasada, altos funcionarios canadienses expresaron alarma ante la situación en Haití y la deficiente gobernanza del país.

“Nos preocupa la corrupción y la inseguridad creciente relacionada con los secuestros”, indicó John Babcock, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en abril por correo electrónico. “Estamos muy al tanto del sufrimiento de la población”.

Altos funcionarios canadienses dijeron que Canadá ha estado fortaleciendo la legislación para combatir el lavado de dinero y aumentando los recursos para combatirlo. Un informe de 2019 del Departamento de Estado calificó a Canadá como un “país importante para el lavado de dinero” y citó como causas la debilidad de la aplicación de la ley y las lagunas en sus leyes, por lo que entró a una lista de países que incluía a Afganistán, China y Colombia.

Los expertos en lavado de dinero afirman que son muy pocos los bancos, notarios y agentes inmobiliarios que denuncian actividades sospechosas en Canadá y que los casos de lavado de dinero rara vez dan lugar a condenas.

“La gente piensa que Canadá es el más ejemplar de los países, pero, en lo referente a los bienes raíces, no siempre es así”, opinó Andy Yan, profesor adjunto de Planificación Urbana en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Columbia Británica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití ha pedido a la esposa de Célestin que se ponga a disposición de la Unidad Anticorrupción del gobierno para ser interrogada, señaló el cónsul general en Montreal, Fritz Dorvilier. Pero los activistas haitianos dicen que tienen poca fe en la investigación.

Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional Haitiana de Defensa de Derechos Humanos, ha solicitado que Célestin difunda los registros que documentan sus propiedades y gastos, así como los registros de aduanas de sus importaciones y sus declaraciones de impuestos.

“Debe pagar muchos impuestos al Estado si está ganando millones de dólares al mes”, dijo Espérance desde su despacho en Puerto Príncipe. “Debe mostrarnos la prueba”.

André, el abogado de derechos humanos haitiano en Montreal, publicó fotografías del lujoso interior de la mansión en su página de Facebook instando a sus compatriotas a visitar a la familia. “Si usted es de origen haitiano, esta también es su casa”, escribió.

“Sugiero que pida vista al lago”, apuntó. “Pase una buena estancia”.



Jamileth