Detrás del Muro

Biden despliega algunas de las iniciativas migratorias más agresivas de la era Trump

2021-09-24

“Si vienes a Estados Unidos de manera ilegal, serás deportado”, dijo Mayorkas el...

Michael D. Shear, Natalie Kitroeff, Zolan Kanno-Youngs, Eileen Sullivan | The New York Times

La deportación de inmigrantes haitianos es un ejemplo claro de la manera en la que el actual mandatario estadounidense ha desplegado uno de los enfoques más agresivos implementados por el expresidente Donald Trump.

Las imágenes bien pudieron venir directamente del manual migratorio del expresidente Donald Trump: agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo en la frontera suroeste arrearon a familias haitianas desesperadas y luego las deportaron de Estados Unidos.

De hecho, el esfuerzo agresivo para desalojar a toda prisa un campamento improvisado de más de 15,000 migrantes haitianos en Del Río, Texas, fue parte de una respuesta del gobierno del presidente Joe Biden que incluyó un “aumento” de agentes en la zona invadida y el uso de una política migratoria de la era de Trump para regresar de inmediato a muchas personas a su país.

El vocero del presidente Joe Biden comentó que las escenas de agentes a caballo eran “terroríficas” y no eran “aceptables ni apropiadas”. La vicepresidenta Kamala Harris mencionó que “los seres humanos nunca deberían ser tratados así”. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que estaba investigando el asunto.

Sin embargo, las deportaciones son un ejemplo crudo de cómo Biden —quien el 2 de febrero declaró que su meta era “enmendar la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior”— está desplegando algunas de las iniciativas migratorias más agresivas que implementó Trump durante los últimos cuatro años.

Tras fracasar en sus intentos de crear un conjunto más “humanitario” de leyes migratorias, Biden ha reaccionado de una manera que pocos de sus simpatizantes habrían esperado. En un caso tras otro, el mandatario se ha mostrado dispuesto a usar medidas estrictas.

Parte del dilema que enfrenta es que sus esfuerzos por usar el poder de su cargo para promulgar un cambio migratorio que se mantenga a largo plazo han sido bloqueados por jueces federales escépticos del poder Ejecutivo y frenado por una burocracia obstaculizada de manera deliberada por el expresidente. Su propuesta para una reforma migratoria integral no tiene cabida en el Congreso, y sus esperanzas de dar un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados sufrieron un revés importante el domingo en el Senado.

Biden se enfrenta a un desafío que ha incomodado a otros presidentes durante décadas: asegurar las fronteras sin dejar de lado las obligaciones humanitarias de Estados Unidos con los migrantes que huyen de dificultades económicas, inestabilidad política y violencia.

Esa estrategia ha provocado un debate intenso al interior del gobierno, donde algunos de los más altos asesores están a favor de políticas más severas para disuadir a las personas de intentar cruzar la frontera, mientras que otros defienden una postura más hospitalaria.

La línea dura ha enfurecido a los defensores de personas inmigrantes, quienes han denunciado al presidente por expulsar a los haitianos.

Sin embargo, su frustración con Biden va más allá de la situación actual. Muchas personas mencionaron que habían empezado a dudar si el presidente tenía la voluntad o el deseo de cumplir alguna de sus promesas en materia de inmigración.

“La pregunta que está en el aire ahora es: ¿en qué sentido es distinto de Trump?”, cuestionó Marisa Franco, directora ejecutiva de Mijente, una organización que defiende los derechos civiles de los latinos, quien asesoró la campaña de Biden como representante de Bernie Sanders, senador por Vermont. “En su campaña mencionó que la inmigración era uno de los aspectos en los que Trump había sido inhumano y había fracasado. Pero, hasta donde yo sé, Trump ya no es el presidente”.

A los funcionarios del gobierno de Biden les enfurece esa insinuación y argumentan que el presidente se apresuró en las pocas horas después de asumir el cargo para desandar muchas de las políticas antiinmigrantes de Trump. Además, aseguran que los asesores han cerrado filas para apoyar una estrategia que incluye crear un nuevo y robusto sistema de asilo y, al mismo tiempo, tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, reiteró el miércoles las esperanzas de Biden de un sistema de inmigración que esté más abierto a quienes buscan refugio, incluso cuando reconoció la determinación de la administración de mantener segura la frontera.

“El presidente mantiene su compromiso de implementar un sistema de inmigración humanitario y ordenado que incluya un proceso claro y eficiente para solicitar asilo”, dijo a los periodistas.

Los aliados de Biden culpan a los republicanos de obstaculizar los cambios necesarios porque, para ellos, el caos en la frontera mientras él esté en el cargo es un buen instrumento político.

“Los republicanos se han dado cuenta de esto, ¿no?”, dijo Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Nacional del expresidente Barack Obama y su principal asesora en materia de inmigración. “Siempre que se pueda evitar que una gestión demócrata avance en migración, se puede usar como demagogia. Siempre que evites que lo arreglen es una herramienta política”.

En una audiencia el martes, Josh Hawley, senador republicano por Missouri, acusó al gobierno de Biden de permitir “la inmigración ilegal sin control y continua en el país”.

Pero para muchos activistas enfocados en la inmigración, la reacción del presidente ante el aumento de los cruces fronterizos, además de una declaración firme de que la frontera está cerrada y una negativa a permitir que muchos migrantes busquen refugio en Estados Unidos, fue un triste recordatorio de los años de Trump y de las políticas agresivas de Obama.

Parte del dilema que enfrenta el presidente Biden es que sus esfuerzos por crear un cambio migratorio duradero han sido obstruidos por jueces federales y demorados por una burocracia limitada de manera deliberada por la gestión de Trump.

Advierten que Biden ha combatido en los tribunales a grupos defensores de los derechos civiles para que su gobierno pueda mantener una de las políticas migratorias más severas de Trump: el uso de la ley de salud pública conocida como Título 42, que permite que durante la pandemia de la COVID-19 las autoridades les nieguen a los migrantes los derechos usuales al pedir asilo.

La medida de salud pública no se está aplicando a todos los migrantes en la frontera. De febrero a agosto, agentes fronterizos realizaron alrededor de 1,24 millones de capturas de personas que cruzaron la frontera suroeste, según datos del gobierno. La regla fue utilizada para prohibirles la entrada en un 56 por ciento de los casos. Otros migrantes pudieron entrar a Estados Unidos gracias a una serie de razones, entre ellas exenciones de la regla de salud pública.

Sin embargo, algunos activistas señalan que el uso de esa medida debería descartarse por completo.

“Esta estrategia de disuadir primero no es correcta y simplemente no funciona”, opinó Todd Schulte, presidente de FWD.us, una agrupación en favor de la inmigración que ha sido aliada del gobierno.

En días recientes, algunos funcionarios del gobierno, entre ellos miembros del personal de la oficina de Harris, han realizado llamadas a organizaciones humanitarias. Esta semana, altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han sostenido llamadas con organizaciones de defensoría que representan a la comunidad haitiana y con las que trabajan in situ en Del Río. El lunes, demócratas con altos cargos en el Congreso solicitaron un alto a la expulsión de migrantes haitianos.

Unos 1500 migrantes haitianos han sido deportados con rapidez, aunque a miles más se les ha permitido el ingreso a Estados Unidos mientras esperan sus audiencias de deportación, según un funcionario familiarizado con la situación, quien habló bajo la condición de permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Muchos migrantes han solicitado asilo.

Eduardo Maia Silva, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que los migrantes que no fueron deportados habían sido liberados con dispositivos de monitoreo, como un brazalete de tobillo.

En algunos casos, no pareció haber ningún criterio claro para determinar a quiénes se les permitía quedarse y a quiénes se enviaba de regreso a Haití, aunque los adultos solteros son deportados en su mayoría.

Muchos de los migrantes haitianos no buscan refugio de los desastres naturales ni la violencia política de este año. Más bien, han vivido durante años en Sudamérica, obligados a abandonar sus hogares debido a desastres previos, inestabilidad y pobreza. Huir de la pobreza no suele ser suficiente para obtener asilo en Estados Unidos y muchos de los migrantes podrían ser deportados con el tiempo.

En entrevistas, varios migrantes haitianos que intentaron cruzar la frontera dijeron que habían hecho el viaje porque habían perdido sus visas o sus empleos y no les quedaba otra alternativa más que encontrar una manera de sobrevivir en Estados Unidos.

El dilema de cuánto énfasis poner en el control fronterizo ha sido un tema de debate acalorado entre los aliados de Biden desde antes de que asumiera la presidencia.

Como candidato, Biden prometió tomar medidas en su primer día en el cargo para poner fin a una política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en campamentos precarios en México mientras Estados Unidos procesaba sus casos.

Mientras los funcionarios redactaban memorandos de política migratoria, algunos asesores se opusieron a poner fin inmediato a la política de Trump, conocida como Quédate en México, al argumentar que tenía más sentido desenrollar el programa de manera paciente, según varias personas familiarizadas con las discusiones que solicitaron el anonimato para hablar sobre el tema.

Aseguraron que una decisión tan abrupta, que abriría la puerta de Estados Unidos a los solicitantes de asilo, podría desbordar la capacidad de los funcionarios estadounidenses. Esa preocupación fue compartida por los funcionarios mexicanos, quienes también creían que terminar de manera rápida con el programa podría enviar un mensaje equivocado a los centroamericanos que están considerando viajar al norte.

Las políticas de línea dura de la gestión de Biden han enfadado a los defensores migratorios, quienes han criticado a Biden por expulsar a haitianos.

Pero la campaña de Biden ya se enfrentaba a la presión de los defensores, muchos de quienes dudaban de la sinceridad de sus compromisos progresistas en materia migratoria. Y las personas cercanas a Biden creían que la política de Trump se había vuelto tan políticamente tóxica que la única opción era romper con ella. Ese punto de vista finalmente ganó cuando el gobierno decidió suspender el programa el día de la toma de posesión de Biden.

Sin embargo, en los meses siguientes, un aumento de la migración obligó a los funcionarios a reconsiderar ese enfoque. Incluso cuando el gobierno enfrentó una demanda de los estados de Texas y Missouri para restablecer el programa, los funcionarios estaban discutiendo en privado formas de reinstaurarlo de manera limitada, al considerar que debían enviar un mensaje claro a los migrantes de que no vinieran a Estados Unidos.

Al final del verano, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno debía mantener la decisión de un tribunal inferior para reiniciar el programa, una resolución que los funcionarios dijeron que cumplirían incluso mientras mantenían la lucha legal.

Pero en las agencias federales que abordan la inmigración —Seguridad Nacional, Estado, Justicia y Salud y Servicios Humanos—, ha continuado el debate sobre qué tan agresivo se debe ser en la frontera, lo que ha abonado a lo que los críticos —de izquierda y derecha— dicen: que parece ser un problema de una política caótica y reactiva.

Varios funcionarios que han estado involucrados en discusiones sobre la frontera dijeron que Susan E. Rice, asesora de política interna de Biden, ha sido una de las principales defensoras de una aplicación más agresiva, argumentando que es más compasivo pensar en un sistema de inmigración ordenado para buscar la aprobación de reformas más amplias.

Esther Olavarría, una abogada especializada en temas de inmigración nacida en Cuba, que actualmente es adjunta de Rice, ha presionado a menudo para permitir que más migrantes ingresen a Estados Unidos a presentar sus solicitudes de asilo, según tres personas que han presenciado las discusiones. Alejandro N. Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, está alineado con la opinión de Olavarría, dijeron varias personas, pero como líder de esa oficina ha sido la voz pública del enfoque más severo.

“Si vienes a Estados Unidos de manera ilegal, serás deportado”, dijo Mayorkas el lunes. “Su viaje no tendrá éxito y pondrá en riesgo tu vida y la de tu familia”.



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