Nacional - Seguridad y Justicia
El ‘cártel inmobiliario’ de Benito Juárez no es solo una fabricación política
Ricardo Raphael | The Washington Post
Nadie sabe dónde se encuentra el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Ciudad de México, Christian Von Roehrich. Se dio a la fuga desde el pasado 8 de diciembre, cuando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local obtuvo una orden judicial en su contra.
Al día siguiente la Interpol emitió una ficha roja de localización y el Instituto Nacional de Migración generó una alerta para impedirle salir del país. De acuerdo con voceros del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece Von Roehrich, se trata de una cacería política en contra de este dirigente de la capital mexicana.
Jorge Romero Herrera, coordinador de la diputación panista en la Cámara de Diputados y amigo de Von Roehrich, reclamó una supuesta venganza política emprendida por la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: “Estamos ante un gobierno que combate(…) a quienes no nos doblegamos”. El también diputado local Federico Döring prometió que su partido no iba a dejar solo a Von Roehrich frente “a este maldito gobierno”.
En respuesta, la Fiscalía General de Justicia aseguró que el juez que concedió la orden de aprehensión contó con evidencia de que Von Roehrich habría cometido diversos actos de corrupción cuando estuvo a cargo de la alcaldía de Benito Juárez, entre 2015 y 2018.
Según la versión oficial, la investigación en contra de este dirigente del PAN dio comienzo después de que estallara una lavadora dentro de un inmueble en la alcaldía. Los daños llevaron a que la autoridad revisara la documentación del edificio donde sucedió el percance. Fue así como se descubrió la inexistencia de las manifestaciones y dictámenes que la alcaldía Benito Juárez debió haber emitido para que se realizara la obra.
El siguiente hallazgo del área investigadora fue que dos de los departamentos de ese edificio se encontraban a nombre de Nicias René Aridjis Vázquez, quien, durante más de una década, ocupó el cargo de director de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía. Surgió entonces la hipótesis de que este funcionario hubiese podido eximir a la empresa constructora de cumplir con los requisitos de ley a cambio de esos departamentos inscritos a su nombre.
La fiscalía encontró que esta persona, en sociedad con Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico de la misma alcaldía, eran copropietarios de otros departamentos ubicados en diferentes inmuebles, los cuales tampoco habrían cumplido con la normatividad.
Durante la indagatoria, sorprendió que en 2017 estos funcionarios hubiesen participado en la emisión más de 1,000 permisos de construcción para obras nuevas, por lo que investigó la situación de los inmuebles beneficiados.
Esta investigación implicó revisar 40 cuentas bancarias, así como inspeccionar casi 200 edificios y 42 cateos. Después de un año y medio, se llegó a la conclusión de que durante el periodo en que ambos fueron funcionarios de la alcaldía se edificaron, gracias a su intervención, 800 departamentos irregulares.
Otros 264 inmuebles habrían incumplido con la normatividad ya que, mediante trampas a la ley, se permitió aumentar el número de pisos permitidos por edificio. En total, se calcula que fueron construidos 264 pisos excedentes, lo cual habría implicado un fraude de aproximadamente 7,142 millones de pesos (357 millones de dólares). Entre las colonias afectadas por esta estafa estarían Del Valle, Narvarte, Nochebuena y Nápoles.
De acuerdo con el subsecretario federal de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, el modo de operación de estos funcionarios implicó un complejo sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrolladores inmobiliarios, empresas fachadas y el otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de Benito Juárez.
El que estos inmuebles hayan contado con un número superior de niveles respecto de lo que estaba permitido habría traído problemas estructurales y también habría implicado desafíos no contemplados para la provisión de servicios, particularmente de agua potable.
Durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 se derrumbó un edificio nuevo ubicado en la colonia Portales Sur. Provocó la muerte de dos mujeres y una pérdida patrimonial considerable para los dueños. Al revisar la situación legal del inmueble colapsado, se comprobó que las manifestaciones de construcción también habrían sido expedidas mediante actos de corrupción.
Un año y dos meses después de que estallara aquella lavadora en un edificio fueron detenidos los dos funcionarios antes mencionados: Nicias René Aridjis Vázquez y Luis Vizcaíno Carmona.
Tanto sus declaraciones como la evidencia recabada durante la investigación realizada por la Fiscalía permitieron vincular a Christian Von Roehrich con esa red de corrupción. El Ministerio Público afirma que no habría sido posible que los funcionarios detenidos realizarán una operación tan sofisticada, cuantiosa, sistemática y extendida sin que este alto dirigente del PAN fuese parte de la red de corrupción.
De hecho, la evidencia señala que este mismo modo de operación habría sido común durante las administraciones previas de Benito Juárez, encabezadas por Jorge Romero (2012-2015), Mario Palacios Acosta (2009-2012) y Germán de la Garza Estrada (2006-2009).
A la luz de la evidencia presentada ante el juez, es difícil defender la tesis de una fabricación meramente política. Cabe especular sobre la posibilidad de un uso faccioso de la procuración de justicia, pero esa teoría topa con los hallazgos desvelados durante la investigación.
Son varias centenas de personas quienes reclaman que sus respectivas propiedades no cuenten aún con registro público porque fueron edificadas dentro de inmuebles que nunca cumplió con la normatividad. De ahora en adelante, al mismo tiempo que se detiene y procesa a los funcionarios presuntamente corruptos, el gobierno de la ciudad tendrá que regularizar el patrimonio de muchas familias estafadas por el llamado “cártel inmobiliario” de la Benito Juárez.
Se antoja arriesgado para los líderes panistas defender a ciegas al diputado local Christian Von Roehrich sin antes emprender una investigación propia que, de no celebrarse, podría terminar estallándoles en la cara.
aranza
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