Atrocidades
El Aaiún: la barbarie del ocupante
Editorial de La Jornada
El régimen de Marruecos lanzó, en las primeras horas de ayer, un violento asalto policial y militar contra el campamento de Egdeim Izik, instalado hace tres semanas en los alrededores de El Aaiún, capital ocupada de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), por unos 20 mil saharauis para protestar por la discriminación y la miseria en que los tiene sumidos el Estado ocupante. Tras la destrucción del campamento, el gobierno que encabeza Mohammed VI emprendió la represión y persecución sistemáticas de los saharauis en esa ciudad, donde los enfrentamientos se generalizaron. El férreo cerco informativo impuesto por Rabat ha impedido que el mundo se haga una idea precisa de los saldos de muertos y heridos en esos hechos. Significativamente, Marruecos decidió aplastar la protesta de Egdeim Izik pocas horas antes de que se iniciara en Nueva York una nueva ronda de negociaciones entre representantes de la RASD y del régimen de Rabat, bajo el auspicio del representante especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross. La violencia represiva de Marruecos parece, pues, orientada a torpedear las gestiones diplomáticas, las cuales hasta el presente le han sido desfavorables.
Ha de recordarse que la antigua colonia española permanece parcialmente ocupada por Marruecos desde 1975, y que esa ocupación ha sido resistida con las armas por el Frente Polisario, reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional como legítimo representante del pueblo saharaui. La RASD, proclamada en febrero de 1976, hubo de enfrentar la continua expansión militar de Marruecos hasta que en 1991, con el auspicio de la ONU, se logró un cese del fuego. La población saharaui que reside en la porción ocupada ha sido sometida a una represión regular, a una discriminación sistemática, a la negación de sus derechos básicos y a una suerte de limpieza étnica vía los asentamientos masivos de ciudadanos marroquíes en el territorio de la RASD.
El atropello perpetrado por el régimen de Rabat es una afrenta intolerable al derecho internacional y a los principios de convivencia pacífica y de derecho de las naciones a la autodeterminación. La comunidad internacional empezando por el Estado español, responsable de haber librado a los saharauis a la atrocidad marroquí, y por Estados Unidos, principal soporte militar de la cruenta monarquía alauita debe reaccionar y adoptar medidas de presión diplomática, e incluso sanciones económicas, contra Rabat. Ha de lograrse el retiro incondicional de Marruecos del territorio de la RASD y permitir que los saharauis construyan, en libertad y paz, su propio futuro.
EEM
