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La funcionaria encargada de iniciar la transición en Estados Unidos aún no lo hace

2020-11-10

La demora de la transición es parte de una negativa generalizada por parte del gobierno de...

Por Michael D. Shear, Maggie Haberman y Michael Crowley | The New York Times

Los funcionarios de transición del presidente electo Joe Biden hicieron un llamado el lunes para que una alta funcionaria nombrada por el gobierno de Donald Trump dé por terminada la que llamaron una injustificada obstrucción de dinero y acceso que las leyes federales dicen deben otorgarse al ganador de una elección presidencial.

Los funcionarios, que hablaron con los periodistas el lunes por la noche pidiendo no ser citados, dijeron que casi no tenía precedentes que Emily W. Murphy, la responsable de la Administración de Servicios Generales, se haya negado a emitir la carta de “verificación” que permite al equipo de transición de Biden comenzar la transferencia de poder.

Por ley, Murphy, quien encabeza a la extensa dependencia que mantiene el funcionamiento del gobierno federal, debe reconocer oficialmente que Biden es el presidente entrante y así dar por iniciada su transición. Han pasado tres días desde que los medios de comunicación proyectaron que él es el ganador de la elección y Murphy no ha actuado. Los funcionarios de transición dijeron que su inacción impedía que los equipos de Biden se trasladen a las oficinas gubernamentales, incluidas las instalaciones seguras donde pueden discutir información clasificada. Los equipos no pueden reunirse con sus contrapartes en agencias ni comenzar verificaciones de antecedentes de los principales nominados del gabinete que requieren acceso a información ultrasecreta.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló, como otros aliados de Trump, que la transición después de la elección presidencial de 2000 fue demorada durante varias semanas a causa de la batalla legal entre las campañas del vicepresidente Al Gore y el gobernador George W. Bush de Texas. El funcionario dijo que sería extraño que el presidente Trump enviara algún tipo de señal que permitiera que inicie la transición mientras sigue con las peleas en la corte.

Sin embargo, los colaboradores de Biden dijeron que la disputa en 2000 involucraba un estado y solo 500 papeletas que separaban al ganador del perdedor, mucho menos de lo que ahora está en disputa. En todas las demás contiendas presidenciales de los últimos 60 años, la definición del ganador se ha hecho en 24 horas, dijeron, incluso si las impugnaciones y los recuentos continuaron durante semanas.

Ahora dijeron que consideraban “todas las alternativas”, entre ellas posibles acciones legales, para impulsar a que Murphy dé por iniciada la transición.

Murphy, quien se ha descrito a sí misma como “un poquito nerd” de la política en su audiencia de confirmación ante el Senado en octubre de 2017, también dijo que no estaba “aquí para atraer titulares o hacerme conocida”, hasta ahora ha elegido ponerse del lado de la Casa Blanca y de Trump y se encuentra entre el equipo de Biden y una transición fluida.

El presidente se rehúsa a conceder la elección y ha hecho que su equipo de campaña impugne los resultados en varios estados. La mayor parte de los republicanos no han querido reconocer a Biden, mucho menos los que tienen nombramientos como el de Murphy. Así que la transferencia de poder que debe suceder está en el limbo.

Una vocera de la Casa Blanca no ha respondido de inmediato a la pregunta de si Trump estaba dispuesto a permitir que Murphy diera por iniciada la transición sin que haya una concesión por parte del presidente mientras se desenvuelven sus batallas judiciales.

Leslie Dach, quien debía liderar la transición para el Departamento de Salud y Servicios Humanos si Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia en 2016, dijo que a pesar del trabajo avanzado realizado por el equipo de Biden durante la campaña, nada podría suplantar el acceso directo a las agencias, y eso es imposible sin Murphy.

“Creo que aquí Trump envía una clara señal a todos los que siguen en el gobierno para que sigan sus agravios”, dijo Dach.

La demora de la transición es parte de una negativa generalizada por parte del gobierno de Trump para reconocer los resultados electorales.

Funcionarios de la oficina presidencia de personal de la Casa Blanca, conocida como PPO, han insinuado que despedirán a los que tienen nombramientos políticos que busquen nuevos puestos fuera del gobierno en estos momentos, según dos personas que han tenido conocimiento de las discusiones internas. Y en una llamada con personal de USAID el lunes, los funcionarios hablaron de la elección como algo que estaba aún en desarrollo, según una grabación obtenida por Axios.

El domingo, en una carta del Centro para la Transición Presidencial, una organización no partidista, algunos veteranos de gobiernos anteriores advirtieron: “Si bien habrá disputas legales que requerirán adjudicarse, el resultado es lo suficientemente claro y el proceso de transición debe comenzar ahora”.

Durante meses, los colaboradores de Biden han estado trabajando en afinar los planes de transición para ayudar a que el presidente electo cumpla con sus promesas de campaña. Esos equipos de revisión, conformados por personal que conoce cada dependencia federal, son clave.

Murphy tiene la autoridad legal para “encender” la transición, al liberar 6,3 millones de dólares de fondos federales presupuestados para el esfuerzo, poner espacio de oficina a disposición y permitir que los miembros de los equipos visiten las dependencias y soliciten información.

A menudo se considera un pistoletazo oficial de salida. Bajo circunstancias normales, la decisión de Murphy habría sido motivada por el discurso de concesión del perdedor de la elección, que en sí mismo no es un acto legal pero que señala que ambos bandos aceptan el resultado. En 2016, en el gobierno de Barack Obama, responsable en funciones de la Administración de Servicios Generales, también conocida como la GSA por su sigla en inglés, tomó la decisión la mañana del 9 de noviembre, justo después de la elección.

Pero no hay una provisión específica para que Murphy actúe.

Pamela D. Pennington, vocera de la GSA dijo el lunes en un comunicado que “aún no se lleva a cabo una constatación”.

Agregó que “la GSA y su administradora seguirán acatando y cumpliendo con todos los requisitos de la ley y se adhieren al precedente establecido por el gobierno de Clinton en 2000”.

En un comunicado previo, Pennington dijo que “la administradora de la GSA no elige al ganador de la elección presidencial” y agregó que “la administradora de la GSA verifica al candidato ganador aparente una vez que ha quedado claro el ganador según el proceso establecido por la Constitución”.

Los asesores de Biden dijeron que esperaban que Murphy actuara dentro de unos días, pero que se preparaban para la posibilidad de que la presión política del presidente y sus aliados republicanos lo impidiera. En un comunicado en Twitter el domingo, Jen Psaki, funcionaria de transición, instó gentilmente a Murphy para que hiciera el anuncio.

“Ahora que la elección se ha definido de manera independiente a favor de Joe Biden, espero que la administradora de la GSA rápidamente verifique a Joe Biden y Kamala Harris como presidente electo y vicepresidenta electa”, escribió Psaki. “La seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos dependen de que el gobierno federal señale clara y rápidamente que el gobierno de Estados Unidos respetará la voluntad del pueblo estadounidense y se comprometan con una transferencia de poder pacífica y sin complicaciones”.

Los funcionarios de transición de Biden fueron más enfáticos la noche del lunes al decir que el gobierno de Trump renegaba de las promesas que había hecho en los últimos seis meses para asegurar una correcta transferencia de poder si Biden ganaba.

Los funcionarios dijeron que habían firmado tres memorándums de entendimiento diferentes —uno de ellos firmado por Mark Meadows, el jefe de personal de la Casa Blanca— que establecían el acceso y los fondos que el equipo de Biden recibiría a días de la elección. No se ha permitido que nada de eso proceda, dijeron.

La pandemia del coronavirus ha hecho que el espacio de oficina sea menos crítico para el equipo de transición de Biden, que por lo general se ha estado reuniendo de manera remota en los últimos meses y seguirá operando así, de acuerdo con un funcionario de transición. Hay personal mínimo en el espacio de oficina que el gobierno les facilitó antes de las elecciones.

Pero una vez que Murphy indique que la transición puede comenzar, ese espacio de oficina se ampliará y se equipará con sistemas informáticos que le darán al nuevo gobierno acceso a información y sistemas clasificados, además de una ubicación segura para tener conversaciones secretas.

Si eso no sucede en los próximos días, el equipo de Bien tiene otras opciones. Los funcionarios de transición cuentan con espacio privado de oficinas que pueden seguir usando y Biden y su equipo seguirán operando de manera remota. Cuando el presidente electo se reunió con su gabinete de asesores de pandemia el lunes, se encontraba en Delaware y los asesores se conectaron a una gran pantalla desde sus hogares u oficinas.

El asunto mayor sería el acceso a las agencias y a la información requerida para empezar a llevar a cabo la agenda de Biden. Sin embargo, personas con conocimiento de la transición de Biden dijeron que había una solución alternativa parcial: muchas personas que siguen trabajando en el gobierno federal son cercanos a los asesores de Biden y podrían estar dispuestos a trabajar con ellos y proveerles de información desclasificada que necesiten.

Pero eso no resolvería el problema del acceso a la información clasificada, que afectaría la capacidad del equipo de seguridad nacional de Biden de prepararse para emergencias que tal vez enfrente una vez en funciones. Los funcionarios de transición dijeron que una limitante concreta actualmente es que Biden no cuenta con acceso a instalaciones seguras del Departamento de Estado que por lo general se utilizan para enrutar las llamadas de los líderes extranjeros que buscan felicitar al recién electo presidente.

Biden ha estado haciendo esas llamadas pero no se le ha permitido usar el Departamento de Estado, tal como se ha acostumbrado en elecciones previas.

Trump y sus aliados han criticado a los demócratas y a los medios de comunicación por proyectar a Biden como el ganador antes de que se hayan completado las impugnaciones legales y los recuentos. Pero históricamente, la decisión de verificación del administrador de la GSA no ha esperado los resultados de dichas batallas.

En 2004, los recuentos de Nueva Hampshire y Ohio se concluyeron después de que la GSA tomó su decisión. Y varios estados se decidieron por menos de un punto porcentual. En 2016, cinco recuentos se presentaron después del anuncio de la GSA y tres se llevaron a cabo en Michigan, Nevada y Wisconsin.

Murphy es una figura inesperada en el centro de una situación tan explosiva: es una burócrata discreta que comenzó su carrera como miembro del personal republicano en Capitol Hill y profesa su amor por la reforma de adquisiciones y las renegociaciones de arrendamientos. Los demócratas que han trabajado con ella dijeron que la recordaban como una profesional diligente.

Pero su paso por la GSA, que lidera desde 2017, no ha estado exenta de controversia.

En 2018, los demócratas de la Cámara de Representantes concluyeron que Murphy los había confundido sobre la decisión de su dependencia para reconsiderar los planes del FBI de reubicar su sede en Pennsylvania Avenue a una zona suburbana, algo largamente proyectado. Los demócratas averiguaron que Trump había intervenido para cancelar el plan, potencialmente debido a que temía que un desarrollador comercial convirtiera el edificio J. Edgar Hoover que quedaría vacante en un hotel que competiría con su propio Hotel Internacional Trump, a una cuadra de allí.

El inspector general de la GSA determinó que el testimonio de Murphy ante el Congreso en 2018 en esta materia era “incompleto y puede haber dejado la impresión engañosa de que no discutió con funcionarios de la Casa Blanca sobre la toma de decisión” cuando, en efecto lo había hecho, incluida una visita al Despacho Oval en 2017.

Los demócratas de la Cámara de Representantes también concluyeron que Murphy se había retasado al proporcionarles documentación y otros datos relacionados con el alquiler del Antiguo Edificio Postal en Washington, sede del hotel de Trump, que la GSA hizo a la Organización Trump.



Jamileth