Cintos de empleados de la aerolínea lusa TAP protestan contra la gestión de la compañía y el Gobierno pide "responsabilidad"

Lisboa, (EFE).- Cientos de trabajadores de la aerolínea lusa TAP marcharon hoy hasta la sede del Ministerio de Infraestructuras de Portugal en Lisboa, donde entregaron un manifiesto para mostrar su desacuerdo con la actual gestión de la compañía, bajo control estatal, mientras el Gobierno pide "responsabilidad".

El texto presentado este martes, firmado por tres de los principales sindicatos de personal de aviación en Portugal, muestra su "preocupación" ante ciertos "gastos" producidos por contratar servicios externos a entidades extranjeras, el desuso de aviones y el cambio de sede, entre otros.

Aseguran que se "coaccionó" a trabajadores para que aceptaran despidos, y denunciaron que los empleados han recibido amenazas para que accedieran a condiciones de trabajo "abusivas" y "desajustadas".

En declaraciones a los periodistas, el líder del Sindicato de los Pilotos de la Aviación Civil, Tiago Faria Lopes, explicó este martes que el texto entregado incluye las quejas ante lo que consideran que es un "error de gestión" y una petición al ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos: que "asuma que se equivocó".

"No hay un único acto que nosotros veamos que fue buena gestión y que consiga tomar la dirección correcta para TAP", afirmó Faria Lopes, quien criticó que la empresa aplica medidas en la plantilla alegando que son parte del plan de reestructuración de la empresa mientras los trabajadores desconocen la estrategia.

"¿Cuál es el plan de reestructuración?", insistió el portavoz, quien informó que tienen prevista una reunión con la administración.

En la marcha participaron aquellos trabajadores de TAP que no se encontraban en horario laboral, cerca de 1,000 personas, según los organizadores, que convocaron una concentración similar hace dos semanas que congregó a cerca de 500 pilotos.

EL GOBIERNO RECUERDA QUE EL PLAN DURA HASTA 2025

En respuesta, el Ministerio de Infraestructura alegó hoy en un comunicado que la inyección de fondos públicos de 3,200 millones de euros que recibió TAP para contrarrestar las pérdidas por el parón económico en la pandemia "solo fue autorizada por la Comisión Europea por estar sujeta a un plan de reestructuración exigente, que solo terminará en 2025".

A modo de ver de la cartera, este plan, que está siendo "ejecutado con éxito incluso en un contexto internacional muy exigente desde el punto de vista económico y operacional", fue posible por el "enorme sentido de responsabilidad y de compromiso con la recuperación de la empresa" de 14 sindicatos que firmaron acuerdos.

"El Ministerio de Infraestructuras y Vivienda cuenta con el mismo sentido de la responsabilidad y de compromiso por parte de los trabajadores para transformar TAP en una empresa rentable y sostenible en el futuro", cierra el comunicado, que recuerda que la compañía vive el momento más desafiante de su historia".

La Comisión Ejecutiva de TAP, por su parte, respondió en otro comunicado que los acuerdos no se pueden revocar por la supervivencia de la entidad y recordó que el compromiso acordado "no fue asumido solo con la gestión de TAP", sino también con el "Estado portugués, los portugueses y la Comisión Europea".

"No se puede hacer tabla rasa de los acuerdos firmados, ni la supervivencia de la compañía podría resistir si eso sucediera", apuntó la aerolínea, que defendió que los recortes salariales no son los únicos realizados: TAP "continúa trabajando diligentemente para reducir todos los costes".

Asimismo, alegó que cuando presenten los resultados del primer semestre de 2022 se podrá evaluar su desempeño.

El Estado luso tiene actualmente el 100 % del capital de la aerolínea y también es propietario del 72,5 % del grupo TAP.

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