Como Anillo al Dedo
Brasil está ante las elecciones más complicadas de su historia
Graciliano Rocha | The Washington Post
En la última semana de campaña antes de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, es muy difícil pronosticar si la mayor economía de América Latina seguirá gobernada por el actual presidente, Jair Bolsonaro, un exmilitar de extrema derecha, o por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien gobernó el país de 2003 a 2010 en una coalición de centroizquierda.
En la primera vuelta, el electorado le dio a Lula 57.2 millones de votos (48.4%) y a Bolsonaro 51 millones (43.2%), una diferencia mucho menor a la que pronosticaron las encuestas. Bolsonaro busca obtener esos 6.2 millones de votos a como dé lugar, lo cual ha propiciado la campaña electoral más salvaje desde que el país volvió a la democracia, en la década de 1980. Bolsonaro ya ha abandonado la narrativa (sin pruebas) sobre un posible fraude en su contra, que supuestamente se cometería mediante el sistema de votación electrónica. Pero sus seguidores siguen atacando a la autoridad electoral con regularidad, lo que pone más tensión a la campaña.
Tras la primera vuelta, Lula ha logrado construir mejores alianzas, al obtener las declaraciones de apoyo de los candidatos Simone Tebet (tercer lugar) y Ciro Gomes (cuarto). Y, más importante aún, una parte del establishment de empresarios e industriales abandonó su rechazo histórico al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, y ahora lo apoya porque ve a Bolsonaro como un riesgo concreto para la democracia brasileña.
Todo eso es importante para Lula, sin embargo es insuficiente para decir que obtendrá una victoria segura. El expresidente dejó el poder en 2011 con 82% de popularidad y, a partir de ese momento, ha sufrido varios golpes a su reputación. Primero su sucesora, Dilma Roussef, fue destituida por juicio político. Después la economía —uno de los principales pilares de la popularidad de su gobierno— colapsó, la pobreza se disparó y el escándalo de corrupción Lava Jato, que sacudió al país, acabó haciendo que pasara 580 días en la cárcel. El año pasado, la Corte Suprema anuló su condena al determinar que no había tenido derecho a un juicio justo y a un juez imparcial.
Por el otro lado, Bolsonaro ha usado el poder estatal para tratar de socavar el voto por Lula. Mediante ayudas económicas directas a la población más pobre, llamadas Auxilio Brasil, y otras medidas populistas, está buscando revertir las encuestas, que hoy le dan a Lula 50% y a él 43%. El gasto público se ha intensificado durante los tres meses de la campaña electoral y ha habido recortes a los precios de los combustibles, a medida que el Estado ha renunciado a los impuestos que obtiene de su venta.
Economistas estiman que estas acciones electorales de Bolsonaro le costarán a Brasil al menos 110,000 millones de reales (22,000 millones de dólares) en 2022. El sitio UOL estima que el gobierno ha entregado 21,000 millones de reales (4,000 millones de dólares) directamente a los votantes desde agosto.
No son las únicas medidas impulsadas por el gobierno de Bolsonaro. Por ejemplo, el banco estatal Caixa Económica Federal prometió comenzar a financiar un tipo de hipoteca subprime que hace que dichas hipotecas en Estados Unidos, que originaron la crisis económica mundial de 2008, parezcan un oasis de moderación.
Este mes, luego de la primera vuelta, ese mismo banco creó un préstamo para distribuir al menos 400 millones de dólares a personas de bajos recursos que reciben ayudas mensuales del gobierno. La garantía para obtenerlo era estar registrado en el programa social estatal. El interés era de 50% anual. Los préstamos fueron interrumpidos después que una Corte especial empezó a investigar el posible uso irregular de dinero público para favorecer la campaña del presidente.
Junto a esta distribución masiva de dinero, Bolsonaro también ha llevado a cabo una de las campañas negativas más agresivas que se recuerden. Tanto en redes sociales como en comerciales de radio y televisión se asocia a Lula con la despenalización del aborto y con el crimen organizado. En uno de los anuncios, cuya difusión fue prohibida por el Tribunal Superior Electoral, la campaña del presidente aseguraba que Lula había obtenido más votos entre la gente encarcelada de Brasil.
La campaña de Lula también ha apostado por los ataques para menguar la imagen de Bolsonaro, culpándolo de los retrasos en la compra de vacunas y de sabotear las medidas de aislamiento en la pandemia, lo que ayudó a elevar a casi 700,000 el número de muertos por COVID-19 en el país.
Incluso ha utilizado extractos de entrevistas del presidente para vincularlo con el supuesto canibalismo de indígenas en la Amazonía y la explotación sexual de adolescentes venezolanas refugiadas en Brasil. Sobre este último caso, Lula dijo que Bolsonaro se porta como “pedófilo”.
La guerra electoral ha caído a un nivel tan bajo que la discusión de temas como la mejora de la educación (Brasil ocupa el puesto 66 de los 77 países que aplican la prueba internacional PISA), las reformas del Estado o cómo detener la creciente destrucción de la Amazonía, simplemente ha desaparecido para la segunda vuelta.
Esta violencia verbal se ha transformado también en violencia física. Hay un fuerte componente de violencia política en estas elecciones. El domingo 23 Roberto Jefferson, un exdiputado partidario de Bolsonaro, se resistió a una orden de captura emitida por la Corte Suprema. Lanzó dos granadas y disparó 20 tiros contra policías federales en su domicilio. Después de un asedio de siete horas, se entregó a la Policía, pero dos agentes federales resultaron heridos.
El episodio dañó a la campaña de Bolsonaro, que mantiene un discurso de ley y orden. Primero, el presidente relativizó el episodio condenando a Jefferson y también la orden de la Corte Suprema, y envió al ministro de Justicia a monitorear la crisis. Horas después, tras la detención del exdiputado, el mandatario intentó deshacerse de su aliado llamándolo “delincuente” en Twitter. Lula rápidamente condenó a Jefferson y expresó su solidaridad con los oficiales heridos.
Estos episodios de violencia han ido creciendo en los últimos meses. En julio, un simpatizante del presidente invadió la fiesta de cumpleaños de un votante del PT, al que no conocía, y lo mató a tiros.
Esta violencia y el temor de que Bolsonaro, en caso de que pierda, no reconozca los resultados y movilice a sus partidarios a las calles —como lo hizo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump el 6 de enero de 2021, cuando el Capitolio fue tomado— es una posibilidad concreta para el día después de la votación. Estos episodios de violencia ponen a Brasil ante las elecciones más salvajes que hemos tenido hasta ahora y ante un resultado impredecible.
aranza
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