Nacional - Economía
Airbnb agrava una crisis de vivienda que ya existía en Ciudad de México
Máximo Ernesto Jaramillo-Molina | The Washington Post
El 26 de octubre, el ogbierno de Ciudad de México anunció una alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la plataforma de alquiler de alojamientos Airbnb. La noticia llamó la atención por ir en contra de la tendencia que otros gobiernos como los de las ciudades de Madrid, Londres o Nueva York han marcado a nivel global para contrarrestar las distorsiones que esta empresa causa en el mercado de vivienda de sus ciudades.
El gobierno invita trabajadores remotos o “nómadas digitales” a disfrutar de la infraestructura y servicios públicos, y espera que a cambio dejen una importante derrama económica. El intercambio se hace sin reparar en quién se apropia de los beneficios ni en los efectos secundarios en el mercado de vivienda. Es decir, hay un uso del presupuesto público, pero las ganancias son privadas.
La estrategia del gobierno, según su propio comunicado, busca promover “otro modelo de turismo” aunque en los hechos funciona como el típico “modelo turistificador”. Es decir, que las ciudades tengan un alza en los precios de sus viviendas además de fenómenos como la gentrificación, el desplazamiento y aumento de la desigualdad. El riesgo de que se agrave la crisis si no se regula correctamente el uso de las viviendas de alquiler a corto plazo es alto.
En los últimos 17 años, el aumento promedio de los precios de las viviendas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México —que incluye a Ciudad de México, parte del Estado de México e Hidalgo— ha sido de 235%, esto es 64% por encima de la inflación, según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
Al mismo tiempo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la disminución del poder adquisitivo de los salarios promedio ha sido de 45%. Es por ello que, en 2018, 10% de la población más pobre de la ciudad pasó de dedicar 42% de sus ingresos al pago del alquiler, a gastar 51% en 2020 en el mismo rubro. La situación se agrava cuando los hogares los encabezan jóvenes y/o mujeres. Ya no solo comprar, sino incluso alquilar una vivienda, parece una misión imposible para el trabajador promedio de Ciudad de México.
Del otro lado, en lo que economistas llaman “la oferta”, no hay una dinámica del “libre mercado”. Los inversionistas inmobiliarios no han permitido que el precio de las propiedades disminuya, como se notó durante la pandemia cuando prefirieron mantener vacías sus viviendas en lugar de bajar las rentas.
En ese sentido, preocupa que de los 22,000 alojamientos que ofrece actualmente la plataforma de Airbnb para la ciudad, 62% sean viviendas enteras, y no sean “habitaciones de sobra” de un pequeño emprendedor como dicta la narrativa que dio origen a la empresa. 64% de los anfitriones tienen más de un anuncio activo y 23% poseen más de 10 viviendas enteras en renta, según los datos que genera Inside Airbnb.
El arrendatario con más viviendas en la plataforma anuncia 207 alojamientos, bajo el supuesto de que el valor medio de las viviendas en Ciudad de México es cercano a 3.1 millones de pesos (153 mil dólares) según la SHF, podrían calcularse con un valor mínimo de 630 millones de pesos (32 millones de dólares). El poder de mercado acumulado en tan pocas manos hace que la libre determinación del precio de alquiler por la oferta y la demanda no sea otra cosa más que una ilusión.
Durante la pandemia y la consecuente crisis económica, desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) y HIC-AL documentamos ese cúmulo de problemáticas de las personas que ya no podían pagar el alquiler del inmueble donde vivían y entonces fueron desplazadas.
La expulsión de los hogares más vulnerables y con menos ingresos de las colonias de mayor interés y popularidad, abre la puerta a la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, Alexandra Dunet denunció en redes sociales que en el edificio donde ella paga 10,000 pesos de renta mensual (unos 500 dólares), sus vecinos fueron desalojados y ahora cada uno del resto de departamentos están ofertados en Airbnb por hasta 86,000 pesos al mes (4,400 dólares).
Este diagnóstico no es exclusivo de México o de su ciudad más grande. Se ha repetido desde hace años en otras urbes a nivel global como Barcelona en España, Londres en Gran Bretaña, Nueva York en Estados Unidos o en Singapur y su capital. En esos casos, los gobiernos en el mundo respondieron con fuertes regulaciones a la presencia de Airbnb en sus territorios.
Los gobiernos cumplieron con su papel, ordenaron el mercado y acotaron la presencia de estos modelos de renta a corto plazo en ciertas colonias. También exigieron registros públicos y colaboración con el gobierno mediante transferencias de datos y evitaron que se lucre con la distorsión de mantener vacías las viviendas durante tiempos prolongados.
Mientras tanto, en México el anuncio de la alianza entre la Ciudad y Airbnb se suma a una serie de acciones, como no declarar el paro o la moratoria de rentas durante la pandemia, que han hecho que se agrave la crisis de vivienda. Pese a todo, aún estamos a tiempo de que el gobierno cumpla su parte y regule las plataformas y las acciones detrás de la especulación en el mercado inmobiliario.
Si la indignación de un sector de Ciudad de México será suficiente para generar movimientos sociales que exijan medidas regulatorias, es algo que estaremos pendientes de observar.
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