Summum de la Justicia
En el Caso Ayotzinapa la independencia de la Fiscalía es clave para garantizar la justicia
Esmeralda Arosemena de Troitiño | The Washington Post
A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, y a pesar de los avances registrados, México no ha logrado brindar justicia a las familias ni sancionar a las personas responsables, así como tampoco esclarecer la verdad de los hechos ni determinar el paradero de los jóvenes.
La semana pasada presentamos a las familias de los estudiantes y a sus representantes el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Guerrero, México. Reiteramos que, para garantizar la verdad y justicia, el Estado debe asegurar que toda persona responsable de la desaparición de los jóvenes sea sancionada, incluido los funcionarios públicos que —a través de la fabricación de diligencias y declaraciones inculpatorias obtenidas bajo tortura— buscaron obstruir la justicia y engañar a las familias, a las víctimas, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional.
Durante nuestra visita a México tuvimos la oportunidad de reunirnos con Rosendo Gómez Piedra, el nuevo fiscal especial para el caso. En la reunión abordamos abiertamente los retos frente a la alta complejidad del caso. México ha reconocido que lo sucedido en Ayotzinapa es un crimen y asunto de Estado, pero una determinación de esta naturaleza no debe confundir los límites necesarios de la separación de poderes. Y en este contexto, la independencia de la Fiscalía General de la República es fundamental para la investigación de casos graves de violaciones a los derechos humanos.
El informe presentado es resultado de un proceso de seguimiento que la CIDH ha realizado en el ejercicio de sus funciones internacionales, encomendadas por los Estados de las Américas. Al poco de tiempo de conocer los hechos, en 2014, la CIDH otorgó la medida cautelar MC/409/14 en favor de los estudiantes desaparecidos y sus familias. A partir de dicha medida, la CIDH pudo instalar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y más tarde, en 2016, creó el MESA para dar seguimiento a sus recomendaciones y la medida cautelar.
En 2019, se fortalecieron las funciones de seguimiento del MESA mediante la instalación permanente de un equipo técnico en territorio mexicano hasta febrero de 2022. En ese marco, la CIDH prestó asistencia técnica y realizó actividades de seguimiento en materia de búsqueda, investigación y judicialización, atención a víctimas y medidas de no repetición.
El tercer informe del MESA-CIDH constituye una hoja de ruta para que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales sobre la búsqueda, investigación y juzgamiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, fortalezca la atención integral de las víctimas, e impulse y profundice en lo que ya se ha avanzado en relación con atender la crisis de desaparición.
Ayotzinapa no es un caso aislado, sino que ocurre en un contexto de casi 108,000 personas reportadas como desaparecidas en México, y más de 52,000 restos de personas fallecidas sin identificar, lo cual evidencia la gravedad y urgencia de atender aspectos estructurales, y la necesidad de implementar una política integral de prevención de las desapariciones.
México debe atender a las normas internacionales de derechos humanos para asumir los nuevos retos de independencia de la investigación y el efectivo juzgamiento de las personas responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Mantener las operaciones de su búsqueda es prioritario y, para ello, se deben adoptar medidas concretas para reencausar la investigación, favorecer su impulso y evitar retrocesos.
En este sentido, y de cara a los grandes desafíos, además de reafirmar nuestro compromiso con las familias, desde la CIDH consideramos imperioso que el Estado mexicano ubique en el centro de su estrategia a las víctimas y sus familiares, quienes llevan ocho años luchando para encontrar verdad y justicia. Este debe ser el rumbo que debe retomar la investigación y judicialización del Caso Ayotzinapa.
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