Editorial
Las contradicciones de López Obrador y la captura de Ovidio Guzmán
Carlos Loret de Mola A., The Washington Post
El gobierno de México capturó a Ovidio Guzmán López, hijo del legendario capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán y considerado uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos.
Para lograr su detención, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo exactamente lo que prometió no hacer. Su estrategia de seguridad se basa en el slogan “abrazos, no balazos”. En el operativo para detener a Ovidio en el estado de Sinaloa hubo alrededor de 12 horas de balaceras y se registraron 19 enfrentamientos armados. Murieron 29 personas. Lo detuvieron a sangre y fuego: sin abrazos y con muchos balazos.
A lo largo de sus cuatro años de gobierno, AMLO ha repetido que su estrategia de seguridad no es de guerra. Pero a partir del jueves 5 fueron desplegados más de 4,500 soldados, el gobierno pidió a la gente no salir de sus casas, se suspendieron las actividades escolares, los sicarios secuestraron a médicos y ambulancias para obligarlos a atender a sus heridos, y agredieron a periodistas por grabar las escenas de violencia. Un grupo armado tomó el aeropuerto de Culiacán, disparó contra un avión comercial de Aeroméxico con pasajeros a bordo, las balas alcanzaron a varias aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y hubo quemas de vehículos para impedir el paso en calles y carreteras. Una guerra, pues.
López Obrador ha dicho estar en contra del uso de helicópteros artillados en las operaciones especiales, sobre todo cuando en gobiernos anteriores disparaban contra los delincuentes. Apenas en octubre señaló que esa “no era la forma, no debía hacerse eso”. Este jueves, según declaró el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, para repeler las agresiones fueron utilizadas varias aeronaves, entre ellas un helicóptero Black Hawk.
En sus conferencias matutinas diarias, el presidente con frecuencia ha fustigado el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en sexenios anteriores: el hecho de que para detener a un peligroso delincuente, el Ejército o la Marina mataban a muchos integrantes de la organización criminal. “En ese entonces no solo perdían la vida muchas personas civiles, presuntos delincuentes, sino también muchos elementos de las Fuerzas Armadas y de otras corporaciones. Ahora eso no se permite”, dijo en octubre. El saldo del operativo de Ovidio fue de 10 militares y 19 presuntos delincuentes muertos.
AMLO ha declarado hasta la saciedad que su estrategia de seguridad no contempla la detención de los líderes de las organizaciones criminales. Lo sintetizó claramente desde el arranque de su gobierno, en enero de 2019: “No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal… ya no es la estrategia de los operativos”. ¿Qué decir ahora?
En octubre de 2019, el gobierno de México detuvo por primera vez al mismo personaje, Ovidio Guzmán López. La respuesta del heredero del Cártel de Sinaloa fue también de una violencia brutal. Y el presidente aceptó públicamente que para no poner en riesgo más vidas, él ordenó liberar al detenido: “Si se mantenía en poder de las Fuerzas Armadas se iba a desatar, como se estaba iniciando, una guerra”. Aquella vez murieron nueve personas por un operativo que se había planeado mal. Más de tres años después cometieron los mismos errores: hubo más violencia, fueron más los muertos, se inició una guerra. Pero en esta ocasión el presidente no frenó la acción de la justicia.
AMLO hizo en esta captura todo lo que prometió no hacer. Solo hay una explicación lógica a este cambio radical: la presión de Estados Unidos.
Desde ayer domingo el presidente de ese país, Joe Biden, está de visita México y es un buen regalo de bienvenida la captura de uno de los principales exportadores de fentanilo, la sustancia que en 2021 mató a más de 70,000 estadounidenses, una crisis que ha tenido un alto impacto mediático y electoral.
Basta citar algo que no parece coincidencia: los dos capos más grandes detenidos en este sexenio han caído en el marco de los únicos dos encuentros con su par estadounidense. El gobierno mexicano aprehendió a Rafael Caro Quintero tres días después de la primera reunión AMLO-Biden. Y a Ovidio Guzmán, tres días antes de la segunda reunión. Por si fuera poco, las autoridades mexicanas no tenían ninguna orden de aprehensión propia contra el personaje, la única que había era derivada de una solicitud de extradición de Estados Unidos, según dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
La aprehensión de un capo de tan alta peligrosidad se aplaude. Pero esto no debe llevarnos a deducir que vendrá un giro en la fallida estrategia de AMLO contra la violencia. Sencillamente fue una ofrenda a Biden para suavizar la relación, después de que el gobierno de México cerrara una unidad de la Administración para el Control de Drogas estadounidense, tiene como política no detener capos y no ha logrado frenar la violencia ni disminuir el tráfico de estupefacientes al norte. Existen además sospechas crecientes de que el partido político de AMLO, Morena, está aliado electoral y financieramente con los cárteles, amén de la larga lista de preocupaciones económicas y de lances antidemocráticos con los que carga el presidente.
Una detención de impacto en el marco de una reunión bilateral no es algo novedoso en la historia política de México. Desde los tiempos del Partido Revolucionario Institucional lo hacían los presidentes para rebajar la presión ante sospechas de corrupción, colusión o quejas de cualquier orden. López Obrador aprendió a hacer política en ese viejo régimen. Solo fue cosa de aplicar lo que aprendió. Mientras tanto, son los ciudadanos quienes sufren la violencia interminable.
Jamileth
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