Nacional - Población
El Metro de la Ciudad de México necesita mantenimiento, no militarización
Sergio Beltrán-García | The Washington Post
Desde el 12 de enero, 6,060 elementos de la Guardia Nacional —a cargo de la Secretaría de la Defensa— patrullan el Metro de Ciudad de México (CDMX). Por sus vagones, la columna vertebral de la capital mexicana, transitamos al menos 837 millones de personas al año, todas diversas y con nuestros propios comportamientos atípicos. Quizá es lo que ahora vigila la uniformidad castrense: la atipicidad de lxs civiles. Pero lo que el Metro capitalino necesita es que las autoridades destinen más recursos del presupuesto para su mantenimiento, no más fuerzas armadas para atemorizar a la ciudadanía.
Cinco días antes, en la Línea 3 del Metro dos trenes colisionaron por la mañana. Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, estudiante universitaria y artista de tan solo 18 años de edad, murió. Otras 59 personas fueron lesionadas y hasta el 18 de enero ocho de ellas seguían hospitalizadas. Este fue el cuarto accidente con fallecimientos en los más de 53 años de existencia del Metro. Tres de esos cuatro han ocurrido en el actual gobierno capitalino.
El mismo día del accidente se cayó un cable en la Línea 8. En los días posteriores hubo un incendio en la estación La Raza, una falla en la estación Potrero y humo en la estación Hospital General, todas en la misma Línea 3. Esto alimentó en las autoridades la sospecha de posibles sabotajes al Metro, hipótesis que si bien no es probable por el documentado historial de fallas en el sistema, sí debería de investigarse con el más alto rigor. Un día después de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presumió que CDMX cuenta con la mejor Policía y Fiscalía del país, y sin aún conocer las causas de las fallas en el Metro, anunció el despliegue de la Guardia Nacional (GN).
En esta semana la GN ha detenido a tres personas acusadas de “ataques a las vías de comunicación” porque sus celulares se cayeron a las vías, un comportamiento que previo a la militarización se consideraba un accidente sin dolo. También detuvieron a una mujer a quien se le cayeron unas aspas de plástico, y que ya fue vinculada a proceso. Un manifestante que protestó contra la presencia de la GN corrió con mayor suerte, pues fue liberado horas después.
En el Metro ha habido protestas, memoriales, liberación de torniquetes y otras acciones directas estos días. La siguiente acción es la marcha apartidista #MovilidadSinMiedo, convocada para este viernes 20 de enero con cita a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia. En el pliego petitorio se exigen cumplimientos a la Ley General de Movilidad —que garantiza participación social en el financiamiento, seguridad, transparencia, planificación y accesibilidad del Metro—, atención integral a las víctimas de los accidentes conforme a la Ley General de Víctimas, retiro inmediato de la Guardia Nacional del Metro, cese inmediato a la criminalización de usuarixs y manifestantes, fin a la austeridad en el Metro e incremento a su presupuesto en términos reales que superen la pérdida del poder adquisitivo del peso mexicano a causa de la importante inflación de los últimos años. Finalmente, se exige el fin de las declaraciones especulativas por parte del gobierno local que alimentan la narrativa de que los trabajadorxs y usuarixs del Metro son responsables del deterioro.
Es cierto que durante los 53 años de funcionamiento del Metro, los millones de pasajerxs —la mayoría pertenecientes a sectores empobrecidos— nos hemos acostumbrado a problemas como escaleras eléctricas descompuestas, cortocircuitos, esperas larguísimas entre estaciones y grietas.
Por años hemos leído mensajes de personas que trabajan en el Metro sobre la falta de recursos para repararlo y darle mantenimiento. Las y los usuarios han señalado en redes sociales un paulatino pero marcado incremento en la frecuencia de eventos de falla. En esta administración han ocurrido además un choque en la estación Tacubaya, el incendio del Puesto de Control y el colapso de la Línea 12, que provocó 27 muertes y por el cual ningún alto mando ha sido hecho responsable.
Datos en la Cuenta Pública de Ciudad de México señalan que el presupuesto del Metro para 2022 fue 3,000 millones de pesos (158 millones de dólares) menor al que tuvo en 2018 en términos reales. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México insiste en negarlo, a pesar de sus propios datos, y presume que el presupuesto “va en aumento”. El presupuesto aprobado para 2023, una vez deflactado, es 4.6% menor al aprobado para 2022. Las y los trabajadores del Metro tienen que seguir haciendo más con menos, y verse en la obligación de no dar a conocer la precariedad con la que reparan los trenes.
Mientras el presupuesto para el Metro se encoge, llegan elementos de la GN. Un elemento gana un sueldo bruto mensual de 21,746 pesos (1,145 dólares). El pago total a los 6,060 elementos sería de poco menos de 132 millones de pesos al mes (casi siete millones de dólares). La inversión anual por este despliegue superaría por dos veces el déficit (en términos reales) del presupuesto aprobado en 2023 respecto al del 2022. Y a pesar de la vigilancia militar, el 15 de enero se desprendieron dos convoyes en la estación Polanco a causa de un tornillo flojo y otro degollado. Tampoco fueron capaces de detener la muerte de un hombre en la estación Bellas Artes.
La militarización del Metro (80% de los elementos de la GN y 100% de sus mandos son militares) solo impone una lógica de eliminación de quien los guardias perciben como su enemigo, en este caso —y hasta ahora— civiles a quienes se les cayó su teléfono o unas aspas a las vías. Se ha demostrado una y otra vez que donde hay militares se incrementa la violencia.
Debemos darnos cuenta de que el gobierno local ha redirigido su propia responsabilidad de desatender el mantenimiento del Metro hacia la ciudadanía. Si el Metro está en un estado tal que la caída de una lata de cerveza a las vías implica un riesgo que obliga el despliegue del Ejército, ¿de quién es la responsabilidad de la construcción de esa vulnerabilidad? Debemos resistir esta narrativa de sabotaje en tanto no haya certeza y verdad pública al respecto, y rechazar que lxs usuarixs del Metro somos responsables de estos accidentes. Debemos rechazar la imposición de este clima de miedo y, por tanto, exigir que se retiren lxs 6,060 militares en las 195 estaciones del Metro que vigilan y criminalizan nuestra atipicidad tan típicamente chilanga.
aranza
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