Internacional - Política
Colectivo de Derechos Humanos critica represión a manifestantes
Por FRANKLIN BRICEÑO
LIMA (AP) — El centro de Lima volvió a ser el jueves epicentro de protestas de cientos de manifestantes y una organización defensora de los derechos humanos calificó de “brutalidad sin precedentes” la reacción del gobierno de Dina Boluarte para contener el clamor de los ciudadanos que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un colectivo de instituciones civiles, aseguró el jueves en un informe que la contundencia con la que ha respondido el gobierno a las movilizaciones no se ha visto “en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo”.
Las recientes movilizaciones antigubernamentales han dejado 56 muertos a la fecha, según la cifra oficial más reciente. Además de la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, los inconformes también exigen la realizacion adelantada de comicios.
En una conferencia de prensa, Mar Pérez, investigadora de la ong, indicó por la mañana que nunca en Perú “hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos”. El país retornó a la democracia en el año 2000 al finalizar el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000).
A la denuncia de la ong de la mañana le sobrevino una nueva jornada de confrontación entre manifestantes y las fuerzas del orden en Lima.
La policía lidiaba por la tarde con al menos tres grupos conformados por cientos de manifestantes con intenciones de acercarse al Parlamento desde diferentes partes del centro histórico. El grupo más lejano estaba a casi 20 cuadras del Congreso y el más cercano a 12, pero fueron repelidos con decenas de bombas lacrimógenas, atestiguaron periodistas de The Associated Press.
Por la noche un grupo de casi mil inconformes se dirigía hasta las inmediaciones de la plaza San Martín, conocida por ser el punto de reunión de manifestaciones en el centro histórico por décadas. Pero decenas de policías frenaron el ingreso al interior de este recinto.
Inti Quispe, un comerciante de 35 años que protestaba junto a un grupo de unos 80 venidos desde la andina región Ayacucho, tenía un megáfono en la mano con el que solicitaba a los que se manifestaban una colaboración económica para alimentarse.
“La presidenta Dina Boluarte dice que las protestas son financiadas por narcotraficantes, eso es falso, así como ve, con las colaboraciones, nos alimentamos”, dijo. “Estamos entrando a una etapa de insurgencia donde el que se cansa pierde y nosotros haremos que la policía se canse primero”, dijo.
Otro manifestante, José Quiroz, cargaba otro megáfono que difundía una canción andina de carnaval de la región Apurímac con una letra dedicada a la mandataria en la que aparece mencionada como “Dina Balearte”, en una modificación de su apellido para enfatizar el más de medio centenar de muertos producto de las protestas en casi dos meses de gobierno.
Las protestas empezaron el 7 de diciembre, cuando la entonces vicepresidenta Boluarte fue juramentada como presidenta en sustitucion del mandatario Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado porque intentó disolver el Congreso.
De los 56 fallecidos como resultado del uso de la fuerza empleado por policías y militares durante las protestas, 46 son civiles. Otros 10 civiles perecieron en el contexto de los bloqueos. La última víctima reportada el miércoles fue un bebé de casi dos años que no recibió atención médica al estar cerrada una vía en la región Madre de Dios, según la Defensoría del Pueblo. Además un policía fue hallado muerto en un patrullero incendiado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó la semana pasada a las autoridades peruanas a realizar una investigación imparcial y oportuna del uso de armas por la fuerza pública en el contexto de las protestas, dados los resultados de autopsias practicadas a manifestantes fallecidos con heridas de bala en cuerpo y tórax.
La víspera, Alberto Otárola, el primer ministro de Boluarte y antes su ministro de Defensa, anunció que planeaban otorgar una cantidad de dinero adicional al sueldo de los policías por “el inmenso sacrificio y profesionalismo” que han mostrado en el breve gobierno.
En contraste, el informe cuestiona que el gobierno, lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales de las muertes de manifestantes, los altos funcionarios avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden. Eso, recoge el documento, “evidencia que nos encontramos ante lineamientos de una política de Estado”.
Un reportero de The Associated Press preguntó el martes a la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa con corresponsales internacionales en el palacio presidencial si ella ordenó “de forma expresa no usar armas letales”. La mandataria no respondió a la pregunta.
Boluarte ratificó en esa conferencia el actuar apegado a la ley de las fuerzas del orden durante las protestas y pidió a los manifestantes “una tregua” para hablar de las necesidades sociales. Horas después, las protestas masivas continuaron y la policía las reprimió usando gases lacrimógenos.
El informe de la ong afirma también que los uniformados usaron munición prohibida para el control de multitudes incluyendo “perdigones de metal, canicas de vidrio y balas”. Se añade que los policías usaron fusiles AKM, mientras que los soldados dispararon fusiles marca Galil, a partir de videos difundidos de los hechos registrados en varias ciudades de los Andes, donde han ocurrido casi la totalidad de las muertes.
Otro aspecto que se destaca sobre el comportamiento de los uniformados es el lanzamiento de gases lacrimógenos de forma directa contra los manifestantes, “vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente, nunca al cuerpo”. También arrojarlos a cortejos fúnebres de fallecidos en protestas como en la ciudad de Andahuaylas o desde helicópteros en las ciudades de Ayacucho o Juliaca.
Las protestas, que empezaron en los Andes del sur peruano hace casi dos meses, se trasladaron la semana pasada a la capital y la tarde del jueves un grupo de más de mil manifestantes marchó por primera vez por la principal avenida que conecta la zona norte de Lima con el centro histórico para unirse a las manifestaciones.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, manifestantes chocaron también con la policía en la amazónica región Madre de Dios donde apedrearon el edificio del gobierno regional, así como un local de la policía municipal. También hubo bloqueos en 89 puntos así como movilizaciones en 17 zonas del país sudamericano, casi todas en el sur, pero una de ellas fue en la norteña región Piura.
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