Internacional - Seguridad y Justicia
Masacre en Texas: la policía enfrenta quejas de lugareños
Por JUAN A. LOZANO, PAUL J. WEBER y JAKE BLEIBERG
CLEVELAND, Texas, EU (AP) — El puesto de comida mexicana de Manuela Lara no está lejos de la casa en Walter Drive, la que aún tiene puestas las luces navideñas, a la que un vecino se acercó con un fusil de asalto tipo AR y mató a cinco hondureños.
Lara también es inmigrante y ha vivido durante años en el vecindario Trails End, donde los residentes dicen que la policía respondía con lentitud a disparos frecuentes mucho antes de que el departamento policial rural fuera objeto de escrutinio por demorar 11 minutos en arribar al lugar del tiroteo del 28 de abril, y por la subsiguiente búsqueda del sospechoso a lo largo de cuatro días.
“No hay suficientes patrullas. La policía no viene para acá”, dijo Lara. “Esto sucedió porque la policía no venía aquí”.
La captura de Francisco Oropeza, de 38 años, el martes por la noche no ha aliviado las preocupaciones en el vecindario mayoritariamente latino ubicado a unos 100 kilómetros (60 millas) al norte de Houston, donde muchos residentes inmigrantes se sienten ignorados y despreciados por los funcionarios, desde los de nivel local hasta el gobernador.
Tras el arresto, incluso algunos funcionarios policiales han cuestionado cómo se coordinó la respuesta.
Las autoridades han reconocido que, por lo general, los agentes tardan entre 30 minutos y una hora en responder a las llamadas en Trails End, pero dicen que enfrentan retos que son cotidianos para la policía en las zonas rurales de Estados Unidos, donde es común que haya armas de fuego y los oficiales son responsables de cubrir grandes extensiones de terreno. Tres agentes patrullaban los 1,800 kilómetros cuadrados (700 millas cuadradas) del condado San Jacinto cuando llegó la primera llamada sobre el tiroteo, en un principio sólo como un reporte de molestia a las 11:31 de la noche, según la policía.
“Tenemos caminos en mal estado. No tenemos suficiente personal”, dijo Tim Kean, alguacil adjunto. “Bienvenidos al trabajo policiaco rural”.
Tras la balacera, los agentes del alguacil obtuvieron ayuda de varias agencias policiales locales y estatales para buscar a Oropeza. Pero no aceptaron formalmente la ayuda del FBI sino hasta la mañana siguiente, según el FBI. Y un funcionario de la agencia —integrada por dos hombres— que realiza gran parte del trabajo policial diario en el vecindario dijo que se enteraron del tiroteo y la búsqueda del sospechoso a la mañana siguiente a través de llamadas de vecinos e informes de noticias.
“Tal vez podríamos haberlo atrapado más rápido. No puedo decir que lo hubiéramos hecho, pero cuando sucede en tu propio jardín trasero esperarías ser el primero en ser notificado”, dijo el capitán Peter Sparta de la policía del condado San Jacinto. En general, el alguacil no se coordina con el jefe policial del área, que vive a 15 minutos en auto de donde ocurrió el tiroteo, agregó Sparta.
Oropeza está ahora en la cárcel por cinco cargos de asesinato y aguarda a que le asignen un abogado. Pero algunos residentes se preguntan si la balacera generará la acción ágil necesaria para que la policía local se presente más rápido la próxima vez que ellos llamen. Otros siguen enojados con el gobernador Greg Abbott por llamar a las víctimas “inmigrantes ilegales”, y dijeron que su estatus migratorio es irrelevante al hecho de que son víctimas de violencia con armas.
“Son seres humanos y acaban de perder a su familia”, dijo Shawn Crawford, de 52 años, que también vive en Walter Drive. “No tuvo nada que ver con la política, la frontera, los inmigrantes”.
El republicano Abbott enfrentó críticas generalizadas por el comentario y su oficina se disculpó después, reconociendo que al menos una de las víctimas estaba legalmente en el país.
Diana Velásquez Alvarado, de 21 años, será enterrada en Estados Unidos, según su padre, quien dijo que ella recientemente obtuvo la residencia tras dejar Honduras hace ocho años.
Oropeza es un ciudadano mexicano que fue deportado cuatro veces entre 2009 y 2016, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Trails End está en las afueras de Cleveland, una ciudad diversa de aproximadamente 8,000 habitantes, donde las casas se asientan en lotes amplios bajo un denso dosel de pinos. Al igual que en otros lugares rurales de Texas, la legalidad de disparar armas en el jardín trasero propio puede ser confusa según el lugar donde uno viva, pero en gran medida parece que las fuerzas policiales la toleran, siempre y cuando nadie resulte herido ni se dañe nada. A diario había quejas en el vecindario por ese tipo de disparos, según la policía.
Casi el 31% de la población de Cleveland está formada por latinos, y su presencia creciente es palpable en diversos negocios, desde taquerías hasta tiendas que venden productos de México y Centroamérica. Algunos de los hondureños asesinados en el tiroteo habían vivido en Estados Unidos durante años, según sus familias en sus países de origen.
Las autoridades dicen que la balacera comenzó después de que tres vecinos de Oropeza le pidieron que se alejara más si iba a disparar su arma a una hora tan avanzada esa noche porque estaban tratando de que un bebé se durmiera.
En una vigilia en honor de las víctimas unos días antes del arresto de Oropeza, Krystal Segundo fue una de las muchas residentes que se quejó de que en el pasado las fuerzas policiales no habían respondido a llamadas de los vecinos quejándose sobre disparos.
Acusaron a los agentes policiales del condado San Jacinto de que normalmente no tomaban ninguna medida.
“Le dije a mi esposo: después de esta tragedia, ahora tenemos muchos policías. Antes, nunca vi a un oficial pasar o hacer algo”, dijo Segundo, quien ha vivido en el vecindario desde hace cinco años con su esposo y cuatro hijos.
Wilson García, cuya esposa, Sonia Argentina Guzmán, de 25 años, y su hijo de 9 años, Daniel Enrique Laso, fueron asesinados en el tiroteo, dijo a los periodistas que las personas en su casa llamaron a la policía cinco veces después de que Oropeza hiciera caso omiso de su petición de que se alejara para disparar, y que en cada ocasión un despachador les dijo que la ayuda iba en camino.
Los agentes tardaron 11 minutos en llegar, señaló el jefe policial Greg Capers. Eso es “bastante rápido”, según Kean, el alguacil adjunto. Indicó que uno de los tres policías que trabajaban en ese turno respondía a un reporte de robo en el momento en que ocurrió el tiroteo, pero no especificó dónde estaban los otros dos.
La cronología exacta de la respuesta de los agentes policiales a la balacera sigue sin estar clara porque la policía aún no ha dado a conocer los registros de las llamadas, las grabaciones del número de emergencias 911 y otros registros en respuesta a las solicitudes de presentación de registros públicos.
“Hay que recordar que la llamada inicial sobre esto fue que alguien estaba disparando su arma en el jardín, ¿ok? En ese momento no era un ataque”, dijo Kean. “Así que el (caso del) robo con agravantes era más importante que el del tipo que disparaba en el jardín”.
Pero Sparta, el capitán de la policía del condado, quien dijo que creció cerca de allí, dejó entrever que la balacera podría haberse evitado si se hubieran destinado más recursos al trabajo policial rutinario en la zona.
“Es necesario que la policía vigile estas comunidades donde se ubican las casas de estas personas”, explicó. “Eso previene robos. Previene cosas que simplemente suceden, como esto”.
JMRS
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