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¿Fin de la tregua? La expropiación de López Obrador es una promesa rota que inquieta mucho a los empresarios mexicanos
Juan Pablo Spinetto
(Bloomberg) — Tras haber prometido que no expropiaría bienes privados ni “actuaría de manera arbitraria”, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo precisamente eso, y las consecuencias para el clima empresarial del país podrían ser graves.
La semana pasada, el Gobierno mexicano se apoderó de una porción de una vía ferroviaria en el sur del país perteneciente a Grupo México SAB, del multimillonario Germán Larrea. Se consideró que la concesión privada era un “servicio público” y ahora será utilizada por las Fuerzas Armadas para ayudar a crear un proyecto que AMLO ha codiciado durante mucho tiempo: un centro de transporte en el istmo de Tehuantepec, que separa el golfo de México y el océano Pacífico. Las autoridades esperan que el proyecto algún día pueda competir con el canal de Panamá.
Imágenes de elementos armados de la Marina que ocupaban un gran proyecto de infraestructura en las primeras horas de la mañana recordaban escenas de Gobiernos de izquierda de línea dura en otras partes de América Latina. De manera más fundamental, la expropiación ejecutada por AMLO pone fin a una especie de distensión entre él y la élite empresarial de México, que había durado los primeros cinco años de su mandato: se dejaba en paz a las empresas en su mayoría siempre y cuando no interfirieran en la política.
La comunidad empresarial no eligió a AMLO. Pero sí apreciaba la estabilidad política que representa, así como su impulso por la austeridad fiscal, aunque les inquietaban sus tendencias nacionalistas. Ahora esas preocupaciones se han hecho realidad.
Los empresarios están “profundamente inquietos por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan”, dijo en un comunicado el principal lobby empresarial del país en un comunicado después de la expropiación. El lunes, el peso —que ha sido una de las monedas favoritas de los inversionistas— registraba uno de los peores desempeños entre las monedas principales del mundo, cayendo a un mínimo de dos semanas.
A menos que haya un acuerdo de última hora, parece que el asunto se encamina hacia una batalla legal prolongada. Y eso seguramente perjudicará a los negocios de México y la credibilidad del Gobierno con los inversionistas.
Entonces, la pregunta es: ¿Por qué lo hizo?
La explicación pública de AMLO enfatiza la importancia estratégica del proyecto. “La vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público”, dijo a los periodistas cuando se le preguntó sobre el caso, y agregó que busca evitar una privatización de activos cruciales por parte de futuros Gobiernos. “No estamos actuando de manera autoritaria”, señaló. “Estamos actuando de conformidad a la Constitución y las leyes”.
El fundamento económico de la decisión de AMLO es cuestionable, dada la oportunidad histórica de México para captar inversión extranjera que ya no está destinada a China. Pero la manera de entenderlo es puramente a través de la política.
AMLO está obsesionado con su sucesión y su lugar en la historia de México. A solo 16 meses del final de su sexenio, se apresura a terminar varios proyectos de infraestructura emblemáticos —la mayoría de ellos de dudosa utilidad— que enfrentan sobrecostos y retrasos.
El Gobierno también ha sufrido varias derrotas políticas en los tribunales en los últimos meses, a pesar de su control efectivo del Congreso y un índice de aprobación de casi 60%. Sin duda, de cara a las elecciones generales, el presidente ansía agudizar su disputa con enemigos políticos, un grupo que incluye a tecnócratas, jueces y periodistas.
También es difícil no percibir la expropiación de AMLO como un mensaje para Larrea, el segundo hombre más rico de México, quien está a punto de cerrar la compra de Citibanamex, la unidad mexicana de Citigroup Inc. El presidente reveló que durante las negociaciones por el ferrocarril, Larrea pidió 9,500 millones de pesos (US$531 millones) como compensación por la devolución de la concesión, precio que AMLO calificó de “abusivo”. Aunque AMLO aclaró que la disputa no está relacionada con el acuerdo de Citibanamex, que ya había recibido su aprobación, es poco probable que el presidente aprecie que uno de los bancos más antiguos e icónicos de México vaya a manos de un empresario con el que ha tenido frecuentes enfrentamientos.
La expropiación de la línea ferroviaria le permite a AMLO mostrarle a sus partidarios que aún lucha contra los intereses corporativos, lo que podría ser especialmente útil si el acuerdo bancario se completa como se prevé. Al mismo tiempo, sirve como recordatorio de su creciente imprevisibilidad, tanto para la comunidad empresarial como para el resto de México.
Jamileth
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