Internacional - Política
La ONU denuncia 63 “detenciones arbitrarias” en un mes en Nicaragua
Por GABRIELA SELSER
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos 63 personas fueron detenidas de “forma arbitraria” en Nicaragua durante el mes de mayo por el gobierno de Daniel Ortega -y de ellas 55 en una sola noche-, denunció el viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que llamó a las autoridades a “detener la represión” contra la disidencia.
Marta Hurtado, portavoz del organismo, dijo que el gobierno nicaragüense utiliza el poder judicial para perseguir y “silenciar a sus críticos” mediante acusaciones por los supuestos delitos de “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
Hurtado destacó que en una sola noche, la del pasado 3 de mayo, 55 personas fueron arrestadas en distintos puntos de Nicaragua y acusadas por esos delitos. Entre ellas, había “defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica”, dijo.
“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso”, denunció la informante.
La portavoz cuestionó además la inhabilitación, también en mayo, de 26 abogados nicaragüenses a quienes el gobierno les suspendió sus títulos por considerarlos críticos. También reprochó las medidas adoptadas contra personas vinculadas a la Iglesia católica.
Al respecto, se refirió al detenido obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, quien está recluido en una cárcel de Managua donde “no tiene luz natural y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos”.
El prelado, principal voz crítica de la Iglesia en el país, cumple una condena de 26 años de cárcel desde inicios de febrero pasado, cuando se negó a ser desterrado junto a 222 “presos políticos” que fueron liberados de prisión y expulsados a Estados Unidos.
Hurtado dijo que Ortega acusa a la Iglesia católica de apoyar “lo que denomina el terrorismo y la desestabilización” y aseguró que en los últimos días se congelaron las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis, a las que se investiga por presunto lavado de dinero.
La portavoz del Alto Comisionado urgió al gobierno de Ortega a detener la persecución de la disidencia y a liberar a los opositores encarcelados. Según fuentes de la oposición, en el país hay ahora 47 personas detenidas consideradas presos políticos.
Recordó que el gobierno también ha clausurado más de 3,200 organizaciones sin fines de lucro desde junio de 2022 y que medios de prensa independientes “también se han visto obligados a cerrar”.
“Hacemos un llamado a las autoridades a detener la represión de la disidencia, liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018”, afirmó.
Hurtado pidió al gobierno de Managua aceptar la vía del diálogo para resolver “la crisis actual” y dijo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU “está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos” en el país.
“Dar acceso a nuestro personal sería un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”, agregó.
Mientras tanto en Managua, el Parlamento dominado por el oficialismo aprobó el viernes la creación de la “Cruz Blanca”, entidad que reemplazará a la Cruz Roja Nicaragüense, clausurada por el gobierno el 10 de mayo pasado.
Según la nueva ley sandinista, la “Cruz Blanca” estará adscrita al Ministerio de Salud y operará con “los recursos financieros, bienes muebles y bienes inmuebles, registrados o no, que hayan pertenecido a la extinta Asociación Cruz Roja Nicaragüense” y que fueron confiscados tras su cierre, así como con recursos del Estado y donaciones.
Nicaragua vive una grave crisis política desde hace más de cinco años, cuando una rebelión cívica que estalló en abril de 2018 fue reprimida con violencia por la policía y fuerzas paramilitares con un saldo de 355 civiles muertos, más de 2,000 heridos y al menos 100,000 exiliados, según organismos humanitarios.
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