Editorial
Las audaces reformas sociales podrían no fortalecer las atribuladas democracias latinoamericanas
POR JORGE G. CASTAÑEDA | Associated Press
Las amenazas a la democracia en América Latina no son nada nuevo. El surgimiento del populismo autoritario en la región ha erosionado las normas e instituciones democráticas, y los políticos antiliberales que buscan reforzar su poder no han hecho más que acelerar su declive.
Pero lo más preocupante es la extensión de este tipo de comportamientos a las democracias que se encuentran en riesgo. Incluso en países con instituciones sólidas, los gobiernos de centroizquierda recientemente elegidos han tenido dificultades para ejecutar sus programas. Todos los indicios apuntan a un alarmante aumento del sentimiento antidemocrático, y un examen de la evolución política reciente (excluyendo el caso excesivamente complejo de México) sugiere que es probable que se intensifiquen los desafíos a la gobernabilidad democrática.
No es sorprendente que los dictadores latinoamericanos hayan adoptado tácticas cada vez más represivas. En vísperas de las elecciones del próximo año, el presidente venezolano, Nicolás Maduro ha reorganizado el consejo electoral del país: Tras la dimisión en masa de funcionarios vinculados al partido gobernante, un comité en el que figura la esposa de Maduro, Cilia Flores, seleccionará a los nuevos miembros del consejo. Su gobierno también inhabilitó a la líder opositora María Corina Machado para presentarse como candidata presidencial.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso de una resolución de la Organización de Estados Americanos que instaba al país a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, liberar a los presos políticos y respetar la libertad religiosa (su régimen lleva años reprimiendo a la Iglesia católica). Aunque este continuo deslizamiento hacia la autocracia no es nuevo, ha presagiado el debilitamiento de la democracia en toda la región.
Manifestantes se reúnen el jueves 13 de julio de 2023 frente a la fiscalía general en la Ciudad de Guatemala para protestar porque allanó la sede de la autoridad electoral. (AP Foto/Moisés Castillo)
En regímenes democráticos “defectuosos”, como Guatemala, Honduras y El Salvador, las cosas han empeorado. Varios candidatos de la oposición fueron prohibidos antes de las elecciones presidenciales celebradas en junio en Guatemala, y posteriormente un tribunal aplazó la publicación oficial de los resultados de la primera vuelta. La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha adoptado las duras tácticas antipandillas del vecino El Salvador, incluida la detención masiva de presuntos miembros de las pandillas y la suspensión de algunos derechos constitucionales. Lo más preocupante es la decisión del presidente Nayib Bukele de presentarse a la reelección en El Salvador, en clara violación de la Constitución del país.
Asimismo, la disfunción política de Perú se prolonga. Tras un fallido intento de golpe de Estado el año pasado, el expresidente Pedro Castillo fue encarcelado, junto con otros expresidentes peruanos, y está a la espera de juicio. Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, juró su cargo e inicialmente convocó elecciones anticipadas, pero recientemente anunció que permanecerá en el poder hasta 2026. Las Naciones Unidas han condenado la mortal represión de manifestantes por parte de su gobierno a principios de año.
Igual de preocupantes son las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos relativamente nuevos de Brasil, Chile y Colombia, que llegaron al poder con el deseo de llevar a cabo audaces reformas sociales, un firme compromiso con el régimen democrático y el respeto por el rigor fiscal.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en particular, ha tenido dificultades para aprobar su programa económico y social en un Congreso hostil y dividido. Esto se debe en parte a la crisis de enero, cuando los cuatro años de mandato del expresidente Jair Bolsonaro -una pesadilla de extrema derecha- culminaron con el asalto de edificios gubernamentales en Brasilia por parte de sus partidarios. Están surgiendo revelaciones de complicidad militar de alto nivel en la insurrección, y el tribunal electoral de Brasil ha prohibido a Bolsonaro presentarse a las elecciones hasta 2030 debido a las afirmaciones falsas que hizo sobre el sistema de votación en los meses previos a las elecciones. Perversamente, cuanto más tiempo permanezca paralizado el gobierno, mayor será la posibilidad de que las fuerzas extremistas se reagrupen detrás de otro candidato antidemocrático.
En Chile, donde el mandato presidencial está limitado a cuatro años, el presidente Gabriel Boric empieza a parecer un pato cojo. Aunque lo más probable es que a finales de año se apruebe en referéndum una nueva Constitución (el primer borrador fue rechazado en 2022), la gestión de Boric se ha visto empañada por derrotas electorales, el rechazo del Congreso a su reforma fiscal, un escándalo de corrupción en el Ministerio de Vivienda y un enfoque desigual -aunque basado en principios- de los asuntos exteriores. Esto abre una brecha para otro populista de extrema derecha, José Antonio Kast, que perdió frente a Boric en 2021 pero que actualmente lidera las encuestas, en parte porque la histeria por la ley y el orden se ha apoderado de uno de los países más seguros de América Latina.
La situación en Colombia es similar: Un prometedor presidente de izquierda, con una ostensible mayoría en el Congreso y planes para llevar a cabo reformas fiscales, sanitarias, de pensiones y laborales, se encuentra de repente paralizado, atacado por todos lados y con escaso apoyo en el Congreso. Aunque no parece haber una corriente antidemocrática en Colombia, la insistencia del presidente Gustavo Petro en llevar su agenda a las calles puede desencadenar una respuesta autoritaria por parte de los conservadores del país. En una sociedad tradicionalmente conservadora, eso podría resultar mayoritario.
En Argentina, las elecciones presidenciales se celebrarán en octubre, con primarias el 13 de agosto. Varios de los candidatos importantes son preocupantes. El libertario Javier Milei, un economista excéntrico y radical que quiere abolir el banco central y dolarizar la economía, intenta romper el cerrojo peronista a la presidencia y podría llegar a una segunda vuelta.
Desde hace años, las encuestas muestran una disminución del apoyo a los regímenes democráticos en América Latina. Las frágiles condiciones económicas, las nuevas demandas sociales pospandémicas y unos electorados polarizados y desconfiados están alimentando una política de reacción que probablemente intensifique las amenazas a la democracia en la región en los próximos años.
aranza
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