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Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa exigen investigar a expresidente Peña Nieto
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014 en el sur de México exigieron el jueves a las autoridades mexicanas que se abra una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por su presunta responsabilidad en la creación de una narrativa de los hechos que fue desmontada por expertos, por la actual Fiscalía General y el gobierno.
La solicitud fue planteada por los familiares de los jóvenes en una conferencia de prensa desde las afueras del Campo Militar Número 1, el mayor fuerte militar de la capital mexicana, donde anunciaron el levantamiento del plantón que iniciaron hace una semana para presionar al Ejército a que entregue unos archivos que aseguran que son claves para esclarecer el caso.
La suspensión de la protesta se acordó un día después de la presentación a la prensa del segundo informe de la Comisión de la Verdad, una instancia gubernamental que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2018, al inicio de su mandato, para coordinar las labores de las diferentes dependencias oficiales y lograr la localización de los jóvenes.
“Exigimos que se abra una investigación a Enrique Peña Nieto por la construcción de la verdad histórica”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes, al asegurar que el expresidente, que gobernó el país entre 2012-2018, tuvo responsabilidad junto con otros funcionarios de alto nivel en la construcción de una narrativa que alegaba que los estudiantes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y luego tirados los restos en un río cercano.
Esa versión del anterior sexenio fue desmontada por la actual Fiscalía General, por la Comisión gubernamental de la Verdad y por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que por ocho años investigó el caso y que en julio se retiró del país.
Rosales dijo que los padres decidieron retomar el diálogo con el gobierno, suspendido a inicios de semana, y levantar la protesta ante el anuncio que realizó la víspera el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas.
Dijo que se solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional la entrega de los archivos de inteligencia del 2014 que están exigiendo los padres, que incluye información sobre la infiltraciones de militares dentro del grupo de estudiantes.
Al reclamo se sumó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las principales organizaciones humanitarias del país que presta apoyo legal a los familiares, quien indicó que mientras el Ejército no entregue la información requerida “la duda sobre la participación militar permanecerá”.
“No debe prevalecer la mentira militar y la razón de Estado”, recalcó.
En la conferencia de prensa, los familiares manifestaron su rechazo al documento del Gabinete de Seguridad del gobierno de López Obrador que se difundió a inicios de semana en las redes sociales sobre los hechos ocurridos durante la desaparición de los jóvenes entre 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad sureña de Iguala, estado de Guerrero.
“Rechazamos la narrativa de hechos que presentó el Gabinete de Seguridad. Otra vez están criminalizando a los estudiantes que estaban coludidos con el crimen organizado”, indicó Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, al exigir al gobierno que retire de las redes sociales el documento.
“Ya basta de mentiras. Ya basta de negaciones, de la prepotencia, del autoritarismo. ¿Es mucho pedir que nos informen? ¿Que nos den la información del Ejército?”, expresó González al retirar la queja de los familiares contra la Secretaría de la Defensa.
Encinas presentó el miércoles el segundo informe de la Comisión de la Verdad en el que confirmó que el grupo criminal Guerreros Unidos tenía cooptado a las fuerzas públicas mexicanas y mantenía vínculos con miembros de la Fuerza Armada, y que ese control fue clave para la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el documento también se plantearon tres causales que llevaron a la desaparición de los jóvenes que incluyen la confusión del grupo criminal Guerreros Unidos sobre la presunta infiltración de miembros de la banda rival Los Rojos entre los jóvenes, el posible escarmiento del alcalde de Iguala de ese entonces, José Luis Abarca, y los Guerreros Unidos por unas protestas, y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses empleados por los normalistas.
El jefe de la comisión gubernamental admitió que a pesar de las 138 acciones de búsqueda que se realizaron en los últimos meses en Guerrero, no se había logrado avanzar para ubicar a los normalistas. De los 43 estudiantes solo se han recuperado los restos de tres.
Las investigaciones del caso Ayotzinapa entraron el año pasado en una crisis luego de la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, la cancelación de varias órdenes de captura de presuntos implicados en el proceso y los cuestionamientos que realizó el grupo de expertos a algunas evidencias que se utilizaron para armar el primer informe que presentó Encinas en agosto de año pasado.
Por el caso han sido detenidos en el último año catorce militares, 19 policías municipales y estatales, el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Encinas informó que hay 51 órdenes de detención que están pendientes de ejecución, de las cuales seis corresponden a militares.
aranza
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