Internacional - Política
Pueblos indígenas en Guatemala aseguran que “no habrá marcha atrás si la fiscal no renuncia”
SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Luis Pacheco camina siempre con el bastón de mando, su vara de autoridad indígena, que le respalda hoy como líder de la organización que abandera las protestas que tienen paralizado Guatemala.
Dice que hasta que no renuncie la fiscal general, Consuelo Porras, no cesarán en su reivindicación contra la arremetida judicial que comenzó hace más de tres meses contra el proceso electoral y sus autoridades y contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.
“Nosotros no venimos por un partido político, no venimos defendiendo que Arévalo tome la presidencia; nadie más que la población decidió esto”, recalca Pacheco en entrevista con The Associated Press. “Ni porque Arévalo nos diga que paren las protestas, no lo vamos a hacer; la negociación es entre los pueblos indígenas y el gobierno”.
Pacheco es un indígena K’iche’, siempre lleva consigo su sombrero y su moral. Conoce de leyes, pues estudió Derecho, quiere ser abogado.
Es el alcalde de la comunidad Juchanep, en el departamento de Totonicapán, y preside precisamente los 48 Cantones de esa región que decidieron en asamblea hace unas semanas que era hora de alzar la voz para que se respeten los resultados de las últimas elecciones presidenciales.
La autoridad de su organización emana de la asamblea de todos los pueblos y ésta se debe obedecer.
Habla pausado y tranquilo. Dice que este movimiento no se basa en una persona, sino que proviene de las comunidades, de su asamblea, de la gente.
En 2015, miles de ciudadanos protestaron pacíficamente pidiendo la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su gabinete luego de acusaciones de corrupción, logrando que dejase el cargo. En 2020 protestas en las calles contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei fueron reprimidas con violencia.
Para el ex presidente del Foro de la ONU para las cuestiones indígenas, Álvaro Pop, los pueblos originarios son “la conciencia crítica de la democracia y lo han sido durante toda la construcción del Estado guatemalteco”.
“Que los pueblos indígenas lo hagan (llamar a las protestas) es porque son los que tienen la altura moral par hacerlo y por ello es que tienen respuesta y respaldo, pero también se corre el riesgo que por el racismo se descalifique”, señala Pop a la AP.
“Los pueblos indígenas son una conciencia que exige que la democracia aterrice en la piel y el estómago de los habitantes y eso no ha sucedido”, destaca. “La desigualdad, la violencia, la desnutrición demuestra que la democracia nada más es electoral y ahora ni eso quieren permitir”.
Desde hace 11 días miles de indígenas, aliados con campesinos y otras organizaciones comunitarias del país, como Parlamento Xinca y la Alcaldía indígena de Sololá, se fueron concentrando en más de 130 puntos de carretera y en los accesos a la capital para bloquear el paso como protesta.
Pasaron, poco a poco, de ser cientos a miles de personas que aseguran que no dejarán las calles hasta ver salir a la fiscal Porras, pero también a su subordinado Rafael Curruchiche y al juez Fredy Orellana, los tres actores que han comandado las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, del presidente electo, y los allanamientos y órdenes de detención contra las autoridades electorales guatemaltecas.
La comunidad tiene clara cuál es la respuesta para detener las protestas, dice Pacheco: “No estamos pidiendo algo que no se puede hacer, no estamos pidiendo reformas a la Constitución, eso es más complejo”.
Y subraya, “sus renuncias es nada más de voluntad”.
La gota que derramó el vaso en el hartazgo de las comunidades, explica el líder indígena, fue ver cómo se transmitía en vivo el secuestro —entre empujones e insultos por parte de fiscales— de las actas electorales que registraron la voluntad popular emitida en las urnas.
El enojo se fue acumulando, no había sido un único día de acciones judiciales. Fueron varios los allanamientos y acometidas contra un proceso electoral, en el que participaron más de 100,000 ciudadanos que contaron, anotaron y guardaron los votos de los guatemaltecos y que hoy también ellos está bajo sospecha de la Fiscalía. “Sabemos que no quieren ceder para no perder el poder”, reprocha Pacheco.
Porras avaló que sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales pidieran al juez Fredy Orellana allanamientos al ente electoral, órdenes de aprehensión, secuestro de documentos electorales y la suspensión de la personalidad jurídica del partido de Arévalo, pese a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice que esa facultad es exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En un fallo cuestionado y rechazado por sectores, la Corte de Constitucionalidad avaló la competencia del juez penal para actuar contra el proceso electoral.
El rechazo a las acciones de la fiscalía, que nunca se habían dado en el país en elecciones presidenciales, ha sido casi unánime a nivel nacional e internacional.
Pacheco lo resume: “El pueblo ya votó y se debe respetar la decisión tomada”.
Giammattei, el mandatario saliente, se ha negado a hablar de la renuncia de Porras y no ha mostrado interés por reunirse con las autoridades campesinas e indígenas. En el único pronunciamiento público que ha hecho sobre las protestas, reprochó que haya acciones violentas.
Él debe dejar el cargo el próximo 14 de enero y traspasar los poderes presidenciales a Arévalo.
En un video y una carta hecha pública el martes, el mandatario pidió al presidente electo debatir sobre la situación del país con la medicación de la OEA. Arévalo, que ha apoyado las protestas, le respondió que si son los 48 Cantones quienes llamaron a la protesta, deben ser ellos y sus líderes quienes se sienten a la mesa para encontrar salidas a la sostenida movilización.
Según Pop, “el presidente está siendo racista porque para él es natural que el presidente electo sea el que hace la movilización dada sus características de clase y etnia, mientras que no concibe que un grupo de indígenas sea el que está paralizando el país, poniéndolo contra la cuerdas y a quienes va a tener que encontrarse en la negociación”.
Pacheco tiene como referente a Atanasio Tzul, un líder indígena que en 1820 lideró un levantamiento que exigía derechos para los pueblos originarios. “Es lo que buscamos, el bien común”, dice el líder indígena.
Su autoridad como presidente de los 48 Cantones es por un año, pero dice que lleva encima el peso de la confianza de la gente. Sabe que haber presidido la organización que lidera la protesta puede traerle consecuencias, pero tiene fe en el respaldo de su comunidad y en que están buscando “el bien para todos”.
Pese a esa confianza, ya recibió una denuncia por las protestas. Hace un par de días un activista de ultraderecha que defiende a personas acusadas de crímenes de guerra y acusados de corrupción, Ricardo Méndez Ruíz, lo acusó de los destrozos ocurridos el lunes durante las protestas.
Las organizaciones atribuyen estos actos violentos a infiltrados en las manifestaciones, los que llegaron enmascarados y con pasamontañas horas después de que la fiscal general y el presidente anunciaran vandalismo y saqueos, que no se habían reportado previamente.
“Las manifestaciones que hemos convocado han sido pacíficas, estamos protestando con la cara descubierta, hemos sido claros pidiendo que dejen pasar ambulancias, dejen pasar productos de la canasta básica, vehículos que llevan gasolina y gas”, afirma Pacheco. “No queremos matarnos como pueblo, lo que queremos es demostrar que queremos defender y retomar la democracia”.
Jamileth
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