Tras la guerra, ¿qué?: la Gaza del día después inquieta al mundo

Antonio Pita, El País

Una expresión se escucha estos días con frecuencia en Israel: “Cuando venzamos”. Sirve para postergar un trámite o imaginar una vida mejor cuando el país acabe la misión que se ha marcado públicamente: acabar con Hamás en Gaza, responsable de su jornada más sangrienta en 75 años de historia. Aunque la formulación es vaga y los expertos discrepan sobre su realismo, es un objetivo claro, aquel por el que bombardea sin cesar (los muertos superan los 9,000, en su mayoría civiles) y rodea con bl...

indados la capital de Gaza. Pero, ¿y después? ¿Quién gobernará la Franja, una vez depuesto el partido-milicia islamista que lo hace desde 2007? ¿Quién evitará que el odio entre sus escombros genere un nuevo Irak post-Sadam Hussein? Son preguntas que plantean en privado a Israel estos días Washington ―con su simbólica retirada de Afganistán aún fresca― y las cancillerías árabes y europeas, preocupadas por las potenciales repercusiones, como una crisis de refugiados.

La pasada semana, el asesor de seguridad nacional, Tsaji Hanegbi, respondía a la defensiva (“¿El día después de qué?”) en una rueda de prensa, para subrayar que la preocupación actual de Israel es liberar a los más de 200 rehenes y acabar con Hamás. “Cuando estemos cerca del objetivo, podemos empezar a pensar en el día después”, subraya el portavoz del Ministerio israelí de Exteriores, Lior Haiat.

Estados Unidos, sin embargo, apremia a su aliado, al que ayuda económica y militarmente, a pensar a medio-largo plazo. El secretario de Estado, Antony Blinken, abordó el tema en una rueda de prensa en Tel Aviv este viernes, en su tercera visita a Israel desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre: “Todo el mundo está de acuerdo en que no se puede volver al statu quo” en el que “Hamás siga teniendo responsabilidades de Gobierno y seguridad”. “Pero”, añadió, “también sabemos que Israel no puede reasumir”, ni “tiene la intención”, de reasentarse permanentemente en Gaza, de la que retiró sus colonos y soldados en 2005, pero técnicamente ha seguido ocupando. Con esos mimbres, añadió, Estados Unidos mantiene conversaciones con sus socios regionales e internacionales de las que han salido “varias posibilidades y permutaciones” que resulta “prematuro” detallar.

El debate, sin embargo, domina ya los círculos académicos y de seguridad. “No es demasiado pronto para que la Administración Biden empiece a hablar del tema”, señalaba este jueves en una videoconferencia Gerald M. Feierstein, exdiplomático y experto en Oriente Próximo del centro de análisis estadounidense sobre la región Middle East Institute. Feierstein criticaba que todo el debate “sea siempre solo sobre Gaza”, como “quién la va a gobernar o cómo va a ser la reconstrucción”. “Hay que reconocer que este es un asunto israelí-palestino, no de Israel y Gaza, y que la solución es política, no militar, y ninguna de las partes va a conseguir una victoria a través de la violencia”, señalaba.

Las conversaciones esbozan ya un plan. Una vez que el Ejército israelí destruya las capacidades ejecutivas y militares de Hamás, establecería una zona tampón de seguridad de tres kilómetros. “Gaza debe ser más pequeña al final de la guerra” [..] El que empieza una guerra con Israel debe perder territorio”, adelantaba ya antes de la invasión terrestre Gideon Saar, ministro sin cartera en el nuevo Gobierno de emergencia. Luego permanecería unos meses con muchas menos tropas en el terreno, optando por incursiones frecuentes para sofocar los previsibles focos de insurgencia. Al estilo de Cisjordania, pero sin colonos que proteger.

En paralelo, se articularía una fuerza multinacional, previsiblemente con un rol importante de la parte del mundo árabe-musulmán que reconoce a Israel, como Egipto, Jordania, Turquía o Marruecos. La gestión del día a día de Gaza volvería a manos de la Autoridad Nacional Palestina, igual que entre los noventa, tras los Acuerdos de Oslo, y el golpe de mano de Hamás en 2007; y en las ciudades de Cisjordania, bajo ocupación militar israelí.

Todo ello iría acompañado de los sellos de legitimidad de Naciones Unidas y la Liga Árabe, una lluvia de millones para la reconstrucción y un nuevo impulso para resolver definitivamente el conflicto, con la creación de un Estado palestino.

Además de sus muchos desiderátums, uno de los principales problemas del arreglo es que responde a muchas preocupaciones de Israel ―que ni quiere volver a gestionar la vida de 2,3 millones de palestinos ni ver de nuevo morir indefensos a cientos de sus ciudadanos, con su sofisticada barrera fronteriza de seguridad convertida en un queso gruyer―, pero no a las de otros actores, cuya participación les reporta dudosos beneficios, pero se está dando casi por sentada. Israel, además, exigirá muchas garantías antes de dejar su seguridad en manos ajenas.

El primer ministro de la ANP, Mohamed Shtaye, ya ha salido a puntualizar que no entrarán en escena “a bordo de un F-16 o un tanque israelí”, sin “una solución política para Cisjordania” y “un horizonte global de paz” que permita vincular Gaza al marco de una solución de los dos Estados. También se baraja traer de Dubai al gazatí Mohamed Dahlan, el controvertido exjefe de seguridad de la ANP que Israel ve con buenos ojos. Él se ha descartado y, aunque es de Al Fatah, insiste en que “Hamás no va a desaparecer” y debería poder concurrir a unas elecciones que prepare en la Franja un Gobierno tecnocrático de transición.

Los Estados árabes, por su parte, “nunca han querido hacerse responsables de Gaza”, recordaba recientemente Nathan J. Brown, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad George Washington y autor de varios ensayos sobre política en el mundo árabe. “Y es probable que ahora aún menos, y no quieran juntarse para gestionar un problema que sienten que ha causado la imprudencia de otros”.

Tampoco Ghassan Jatib, exministro palestino y profesor de estudios árabes contemporáneos y estudios internacionales en la universidad cisjordana de Birzeit, tiene claro que unos y otros acepten la patata caliente. “Israel no se retiró de Gaza para volver, y creo que los países árabes no tienen interés alguno en desempeñar un papel en gestionar Gaza, después de lo que Israel está haciendo. Tampoco creo que la Autoridad Palestina esté dispuesta a hacerlo”, asegura.

Uno de los favoritos de Occidente, Salam Fayad, primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina entre 2007 y 2013 tras pasar por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lanzó dos advertencias la pasada semana en la revista Foreign Affairs: No se puede “imponer a los palestinos un acuerdo concreto”, ni pretender que la débil y desprestigiada ANP retome la gestión de Gaza con su estructura actual. Fayad propone reconfigurarla, junto con la Organización para la Liberación de Palestina ―representante legal del pueblo palestino y en la que no están Hamás ni la Yihad Islámica―, de forma que “reflejen todo el espectro de puntos de vista palestinos en torno a lo que supondría un acuerdo aceptable”.

Jack Joury, comentarista de asuntos árabes del diario Haaretz, advertía este martes de que “sin rehabilitar la ANP y las instituciones del pueblo palestino, Mogadiscio y Beirut durante sus respectivas guerras civiles parecerán un paraíso en comparación con lo que se desarrollará entre Yabalia y Jan Yunis”, en el norte y sur de Gaza. Pero ni los países occidentales ni Israel aceptarán a priori la presencia en un Gobierno de Hamás, porque le conferiría una suerte de veto efectivo como el de Hezbolá en Líbano.

Israel trata estos días a la ANP como a un antiguo amigo al que ignora desde hace años y llama de repente para pedirle un favor. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ―cuyo acuerdo de coalición subraya “el derecho exclusivo del pueblo judío” tanto a Israel como a Palestina― lleva años promoviendo el cisma entre Gaza y Cisjordania, para impedir la creación de un Estado palestino; y debilitando a la ANP sin ofrecerle un horizonte de diálogo que la legitime frente a Hamás. Para la ultraderecha es, además, el enemigo, como describió el hoy ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich: “La ANP es una carga y Hamás, un activo”, porque “nadie lo reconocerá, ni dará estatus en [el Tribunal Penal Internacional] ni le permitirá presentar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. Pocos días antes del ataque del día 7, los ultranacionalistas ponían el grito en el cielo porque las fuerzas de seguridad de la ANP ―a las que ahora se tantea para desplegarse en Gaza― habían recibido 18 vehículos financiados por Estados Unidos.

Daniel Wajner es profesor asistente del Departamento de Relaciones Internacionales y de Foro Europeo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con especialización en legitimación internacional y resolución de conflictos. Descarta tres opciones: que Israel retome la gestión civil de Gaza, que lo haga la ANP (“aunque quisiera, está muy deslegitimizada entre su población”, argumenta) y un mandato internacional. Propone una cuarta: implicar a “países centrales del mundo árabe-islámico”, por lo menos Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que venía negociando reconocer a Israel. “No sé si es el mejor plan o el más seguro, pero sí el más legitimado”, matiza.

Wajner insiste en que más importante que el número y entidad de los países es la “cobertura internacional” que reciban, sobre todo el apoyo de la Liga Árabe. ¿Y si no quieren? “Es la gran duda. La clave será si entienden que pueden obtener beneficios”, responde antes de recordar que tanto El Cairo ―con las arcas en pañales y la inflación disparada― como Amán, en mejor situación económica, reciben dinero del Fondo Monetario Internacional.

Otro de los problemas reside en la vaguedad del concepto “eliminar a Hamás”, un movimiento que administra Gaza y emplea a decenas de miles de funcionarios. ¿Hasta qué nivel jerárquico serán arrestados o eliminados? Eyal Hulata, exasesor de Seguridad Nacional de Israel, abogaba la semana pasada por mantener a una parte de los funcionarios civiles durante la transición. Una propuesta francesa, de la que da cuenta el diario Haaretz, pasa por sustituir a todos los funcionarios nombrados por Hamás por empleados de la ANP, a los que Ramala viene pagando sus salarios sin trabajar desde que Hamás expulsó en enfrentamientos callejeros a las fuerzas leales a la ANP, un año después de ganar las elecciones.

Israel tampoco tiene fácil acordar qué quiere. El fiasco del día 7 ha sentenciado el futuro político de Netanyahu y el Gobierno de emergencia formado para la guerra alberga sensibilidades que van desde los partidarios de reforzar a la ANP, que hace un mes integraban la oposición, hasta quienes ven una oportunidad para quedarse en Gaza y reconstruir el asentamiento de Gush Katif, evacuado en 2005. Es el caso de Simja Rotman, el presidente de la comisión parlamentaria de Justicia y ariete de la polémica reforma judicial, que definió así la victoria: “Que un niño judío pueda caminar por la calle principal de Gaza”. Un documento de trabajo filtrado del Ministerio de Inteligencia propone, por ejemplo, expulsar a la población de Gaza, por la fuerza y para siempre, al Sinaí egipcio.

“La pregunta: ‘¿cómo debe ser gobernada Gaza cuando acabe la guerra?’ puede que no acabe teniendo buenas respuestas, y ni siquiera sea un buen punto de partida”, resumía el experto Brown, en un artículo publicado este viernes en el Centro Carnegie sobre Oriente Próximo. “Convendría más bien preguntar: ¿qué significa echar del poder a un partido como Hamás cuando domina todos los niveles de Gobierno en Gaza? ¿Qué significa para Israel intentar acabar con las capacidades militares de Hamás, un movimiento social con un brazo militar que también supervisa la seguridad pública, administración y otras funciones gubernamentales, especialmente cuando opera sobre y por debajo de la tierra [por la red de túneles subterráneos] ¿Qué significa la victoria? Y, más allá de las metas, ¿qué logrará de hecho Israel? ¿Y cómo sabrá alguien que la guerra ha terminado?”.

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