Calamidades
La violencia colonial crece en Cisjordania
Mairav Zonszein | Política Exterior
En las tierras de Cisjordania, a las que los colonos judíos llaman Judea y Samaria, los episodios de ataques e intimidaciones a la población autóctona son cada vez más frecuentes. La guerra en Gaza ha empeorado significativamente la crisis de seguridad donde la impunidad y proliferación de armas podría abrir un nuevo frente de batalla.
¿Qué está ocurriendo en Cisjordania?
Desde hace un mes, con el atentado de Hamás del 7 de octubre y los posteriores bombardeos y operaciones terrestres de Israel en Gaza, Cisjordania –que en 2023 hasta la fecha ya ha vivido su año más mortífero desde 2005– también está sufriendo la agitación y el número de incidentes violentos ha aumentado considerablemente. En este lado de la frontera, más de 130 palestinos han muerto, 43 de ellos niños. La mayoría fueron víctimas del fuego de los soldados israelíes, pero ocho de ellos, entre ellos un niño, fueron abatidos por milicias de colonos, vistiendo el uniforme del ejército. Israel ha mantenido bloqueada Cisjordania desde el ataque de Hamás, con fuertes restricciones a la circulación entre ciudades. También ha llevado a cabo una intensa campaña de arrestos, deteniendo a más de 1,700 palestinos.
Con todas las miradas puestas en Gaza, Cisjordania se encuentra en su momento más combustible. Los colonos se han aprovechado de la situación intensificando los abusos contra los palestinos en un esfuerzo calculado por hacerse con el control de más tierras. Los investigadores sobre el terreno de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, que llevan años siguiendo de cerca la cuestión, advierten que los colonos tienen más rienda suelta que nunca por parte del Estado: “Los acontecimientos sobre el terreno indican que, al amparo de la guerra, los colonos están llevando a cabo estos asaltos prácticamente sin control, sin que nadie intente detenerlos antes, durante o después de los hechos”.
¿A qué se refiere el término ‘violencia colonial’?
Es una expresión genérica para referirse a las diversas formas en que los ciudadanos israelíes que viven en la Cisjordania ocupada amedrentan a los palestinos. Dichos actos van desde el allanamiento de morada, el bloqueo de carreteras o del acceso a tierras y fuentes de agua, hasta el incendio de coches, casas u otras propiedades, el robo de ganado, la quema o tala de olivos, el lanzamiento de piedras y el vandalismo en iglesias y mezquitas, así como diversas formas de acoso e intimidación física y verbal. En varios casos, los colonos han utilizado fuego real para matar y herir a palestinos.
La violencia de los colonos ha ido en aumento durante la última década, incrementándose constantemente cada año. Se ha intensificado considerablemente desde que el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu asumió el poder en diciembre de 2022; y lo está haciendo de nuevo tras el atentado de Hamás.
«Las ‘razzias’ se produjeron directamente después de ataques palestinos que mataron a israelíes, en lo que el estamento de seguridad denomina actos de venganza»
En 2023 se han producido varios ataques de colonos a gran escala, con una frecuencia sin precedentes y causando más daños que nunca. En febrero, por ejemplo, cientos de colonos asaltaron la ciudad de Huwara y varios otros pueblos palestinos de la zona de Naplusa, en el norte de Cisjordania, incendiando más de 30 casas y al menos 100 coches, al tiempo que atacaban a los palestinos con barras de metal y piedras. Una razzia similar tuvo lugar en junio en Turmus Ayya, Umm Safa y Lubban al–Sharqiya, pueblos del centro de Cisjordania que no habían padecido estos actos anteriormente. En ambos casos, las razzias se produjeron directamente después de ataques palestinos que mataron a israelíes, en lo que el estamento de seguridad denomina actos de venganza. Aunque la venganza puede ser el motivo inmediato en casos concretos, el propósito fundamental de la violencia de los colonos es ahuyentar a los palestinos de las zonas rurales de Cisjordania, concretamente de la zona C, el 60% del territorio que sigue bajo control total israelí según los acuerdos de Oslo de 1993.
Los líderes de los colonos y los ministros del gobierno han dicho abiertamente que la zona C, según el derecho internacional es territorio ocupado y estaba previsto que formara parte de un futuro Estado palestino, pertenece a Israel y debería anexionarse formalmente. Han trazado planes, que incluyen grandes presupuestos para construir viviendas y extensas carreteras, para duplicar el número de colonos en Cisjordania. Los colonos más jóvenes que ejercen la mayor violencia contra los palestinos, conocidos como “jóvenes de las colinas”, creen en gran medida que es su derecho divino estar en Cisjordania, a la que llaman “Judea y Samaria”, evocando los nombres bíblicos de estas tierras. En su opinión, los palestinos deben aceptar un estatus secundario o marcharse.
¿Cuál es el alcance de la violencia y su impacto?
En la primera mitad de 2023, los colonos llevaron a cabo 591 ataques en la Cisjordania ocupada, una media de 95 al mes o unos tres al día. La media mensual representa un aumento del 39% con respecto a la misma medida en 2022, según la ONU, y 2023 es el sexto año consecutivo en el que la cifra total ha subido. El ritmo récord de atentados ha vuelto a aumentar después del 7 de octubre, hasta alcanzar la cifra sin precedentes de siete al día. En casi la mitad de los incidentes, también según la ONU, las fuerzas israelíes acompañaban o apoyaban activamente a los atacantes.
Muchos actos de violencia de los colonos quedan sin documentar, ya que implican intimidación o acoso, pero no daños materiales o corporales. Pero incluso en esos casos, los actos crean una profunda sensación de inseguridad entre los palestinos locales, que temen amenazas persistentes a sus medios de subsistencia. En muchos años recientes, la violencia de los colonos se ha recrudecido durante la cosecha de la aceituna, con colonos que arrancan árboles y atacan a los agricultores. Entre 80,000 y 100,000 familias palestinas de Cisjordania dependen de la aceituna y el aceite de oliva como fuente primaria o secundaria de ingresos.
En los últimos meses, y especialmente desde el 7 de octubre, los repetidos actos de violencia de los colonos han obligado a cerca de 1,000 palestinos a abandonar sus hogares, expulsados de quince comunidades de pastores beduinos de la zona C. Otras seis comunidades palestinas, con más de 450 personas, han abandonado sus hogares en circunstancias similares en los últimos dos años. Treinta organizaciones de la sociedad civil israelí emitieron una declaración el 29 de octubre en la que instaban a las potencias exteriores a interceder para detener “la ola de violencia de los colonos respaldada por el Estado que ha provocado, y está provocando, el traslado forzoso” de palestinos en Cisjordania.
La destrozada sensación de seguridad en Israel tras los atentados del 7 de octubre también ha llevado a los israelíes a armarse, y el número de propietarios de armas se ha triplicado. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha convertido en una prioridad la flexibilización de los criterios para la concesión de licencias de armas a los israelíes, incluidos, y quizá especialmente, los colonos. Una reciente solicitud israelí de 24,000 fusiles de asalto a EU ha suscitado el escrutinio del Departamento de Estado, donde los funcionarios temen que estas armas vayan a parar directamente a manos de los colonos.
¿Qué está haciendo el Estado de Israel?
En resumidas cuentas, no mucho. Durante décadas, Israel ha fracasado regularmente tanto en impedir que los colonos ataquen a los palestinos como en juzgar a los colonos. La organización israelí de derechos humanos Yesh Din, que ha estado siguiendo el historial de aplicación de la ley por parte del Estado en este ámbito desde su creación en 2005, tiene pruebas abrumadoras de que los soldados israelíes no suelen hacer nada mientras los colonos cometen actos de violencia contra los palestinos. En un incidente ocurrido a mediados de octubre en al–Tuwane, un pueblo situado en las colinas al sur de Hebrón, B’Tselem documentó cómo un colono disparaba a quemarropa a un palestino desarmado mientras los soldados permanecían de brazos cruzados.
Este fenómeno se ha convertido más bien en uno de “permanecer juntos”, dijo a Crisis Group el director ejecutivo de Yesh Din, Ziv Stahl, señalando el creciente número de incidentes en los que los soldados no solo son pasivos o tolerantes de estos ataques, sino que actúan de común acuerdo con los colonos para atacar a los palestinos. La incapacidad de los soldados para frenar tales actos se ha hecho tan frecuente y evidente que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi, se sintió obligado a abordarlo en junio. “El terrorismo y sus difíciles consecuencias llevan a algunas personas a cometer actos que están legal y éticamente prohibidos”, dijo.
Todos los altos mandos de la seguridad israelí han condenado la violencia de los colonos, pero en la práctica las autoridades no han hecho casi nada para combatir el fenómeno. La principal herramienta utilizada, que es más preventiva que punitiva, es poner a los colonos en detención administrativa, una práctica en la que las personas son retenidas sin cargos ni juicio. Doce israelíes judíos han sido detenidos administrativamente en el último año por orden del ministro de Defensa, una cifra récord, y unos ocho permanecen bajo custodia. Un alto funcionario de defensa dijo a Crisis Group que, aunque la detención administrativa no es lo ideal en un país democrático, Israel la utiliza para proteger la sensibilidad de la información y las fuentes utilizadas para obtener inteligencia. Más de 2,000 palestinos se encuentran actualmente en detención administrativa. Muchos de ellos llevan años retenidos, ya que las autoridades pueden renovar la orden cada seis meses de forma indefinida.
«En general… el gobierno israelí ha fracasado en impedir o penalizar a los colonos perpetradores de ataques»
En general, sin embargo, el gobierno no penaliza a los autores de los ataques, ya que la policía, mucho menos numerosa en Cisjordania (excluida Jerusalén Este) que en Israel, rara vez recoge pruebas o lleva a cabo una investigación criminal. La policía –el cuerpo encargado de hacer cumplir la ley a los israelíes en Cisjordania (los soldados están autorizados a detener a israelíes para evitar daños, pero en su mayoría no están entrenados para ello)– suele desviar la responsabilidad hacia el ejército, que está fuertemente desplegado por toda Cisjordania, mientras que las FDI afirman que es tarea de la policía. Desde 2005, Yesh Din ha supervisado 1.597 investigaciones en casos de violencia de civiles israelíes contra palestinos en Cisjordania (excluida Jerusalén Este). De las 1.531 investigaciones completadas, los fiscales presentaron acusaciones en solo 107 casos (7%), lo que significa que el 93% se cerraron sin acciones legales. Según Yesh Din, solo el 3% de las investigaciones han desembocado en una condena.
Ante el aumento de los incidentes desde el 7 de octubre, Ronen Bar, director del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, advirtió el pasado 30 de octubre al gabinete de guerra de que la violencia de los colonos podría desencadenar una nueva y peligrosa escalada en Cisjordania. Sin embargo, las FDI están sobrecargadas, con todos los soldados conscriptos desplegados a lo largo de la frontera sur con Gaza o ya dentro de la franja, así como en la frontera norte con Líbano, lo que deja solo a los reservistas para vigilar los asentamientos israelíes en Cisjordania. Muchos de estos reservistas son a su vez colonos, a los que además se suele encargar que cumplan con su deber de reserva protegiendo sus propias comunidades. Desde el 7 de octubre, el ejército ha utilizado la Orden 8 –una convocatoria de emergencia de reservistas en tiempo de guerra– para reclutar equipos voluntarios de respuesta rápida de colonos para vigilar los asentamientos y les ha dado uniformes de las FDI para que los lleven. Este paso difumina aún más la frontera entre colonos y soldados.
Varios otros factores contribuyen a que los colonos actúen con impunidad, el principal de ellos el hecho de que las FDI consideran que su trabajo consiste ante todo en proteger a los ciudadanos judíos y los intereses israelíes. Un número significativo de colonos sirven hoy como comandantes de las FDI. También destaca el hecho de que el actual gobierno israelí de extrema derecha tiene la agenda explícita de anexionarse Cisjordania. Como resultado, la violencia de los colonos sirve a la agenda del Estado de estrechar su control sobre el territorio. Desde que colonos de extrema derecha como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich han ocupado altos cargos en el gobierno de Netanyahu, no solo no han condenado la violencia de los colonos sino que la han respaldado abiertamente, afirmando que los colonos actúan en defensa propia cada vez que cometen un ataque.
Para colmo de males, el miembro de la Knesset Zvi Sukkot, un colono del partido de extrema derecha Sionismo Religioso, fue nombrado presidente del subcomité de asuntos exteriores y defensa de la Knesset, que se ocupa directamente de las cuestiones de seguridad en Cisjordania. Sukkot, que, al igual que Ben Gvir, no fue alistado en el ejército debido a su política radical y a sus antecedentes, es conocido por acudir a puntos conflictivos de Cisjordania como Huwara y la Tumba de José en Nablús, acompañado de otros colonos extremistas, una acción que requiere la protección del ejército ya que provoca roces con los palestinos. “Asumo el cargo de presidente del subcomité para Judea y Samaria para ocuparme de la seguridad personal de los residentes, y para desarrollar al máximo los asentamientos”, declaró Sukkot sobre su nombramiento.
En un acontecimiento aún más preocupante, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un colono extremista que también ejerce como gobernador de facto de Cisjordania en su calidad de ministro del Ministerio de Defensa, pidió al primer ministro y al ministro de Defensa que hicieran más por la seguridad de los colonos estableciendo “zonas estériles” cerca de los asentamientos de Cisjordania para impedir la entrada a los palestinos. En efecto, esta medida reduciría aún más el espacio en el que los palestinos pueden vivir, trabajar y moverse libremente.
¿Cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos?
La administración Biden ha amonestado varias veces a Israel para que frene la violencia de los colonos en 2023. Lo ha vuelto a hacer tras el ataque del 7 de octubre. El 25 de octubre, el secretario de Estado Antony Blinken declaró: “Sigo alarmado por los ataques de colonos extremistas contra palestinos en Cisjordania que echan gasolina al fuego”. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas–Greenfield, tuiteó el 31 de octubre: “Estados Unidos está profundamente preocupado por el significativo repunte de la violencia contra civiles palestinos en Cisjordania. Condenamos estos asesinatos –e instamos a Israel a prevenir estos ataques, trabajando con la Autoridad Palestina”.
Pero estas palabras de cautela suenan vacías. Como ya se ha dicho, Israel ha mostrado poca voluntad de detener los ataques o de penalizar a sus autores. La Autoridad Palestina, por su parte, no tiene jurisdicción en la zona C de Cisjordania, donde se producen la mayoría de los actos de violencia de los colonos, por lo que pedir ayuda a Ramala es un imposible. Además, al igual que el escalón de seguridad israelí, Estados Unidos no ha emprendido ninguna acción concreta para respaldar sus declaraciones y advertencias.
«La administración Biden debería reafirmar su oposición a la empresa de asentamientos de Israel por ser incompatible con el derecho internacional»
Con las fuerzas israelíes ya muy adentradas en Gaza, y con las escaramuzas que tienen lugar en varios otros frentes aumentando la amenaza de una guerra regional, el riesgo de que Cisjordania caiga en una violencia y un caos aún peores es significativo. El gobierno de Biden debería reafirmar su oposición a la empresa de asentamientos de Israel por considerarla incompatible con el derecho internacional y pronunciarse con más contundencia contra la violencia sistemática contra los palestinos y la intimidación continua que sufren. El desplazamiento que se está produciendo en la actualidad puede ser irreversible Como mínimo, debería dar marcha atrás a la declaración de 2019 del predecesor de Blinken, Mike Pompeo, que puso patas arriba la antigua postura estadounidense de que los asentamientos son ilegales. Se necesita desesperadamente un cese de las hostilidades en Gaza, mientras que en la Cisjordania ocupada EU debería condicionar un mayor apoyo a Israel al fin inmediato del desplazamiento forzoso de palestinos y al procesamiento sistemático de los colonos y soldados que llevan a cabo ataques y actos de intimidación con impunidad.
Con las intenciones, ahora más claras, de Washington en el juego de Gaza y más allá, y teniendo en cuenta el nivel de imprevisibilidad de lo que está por venir en los próximos meses, EU, así como los Estados árabes que han normalizado o desean normalizar sus relaciones con Israel, podrían aprovechar la cuestión de la violencia de los colonos en particular y la ocupación de Israel en general, en un intento de reavivar un marco para una solución a la crisis israelo–palestina. Alternativamente, si se mantienen al margen y no hacen nada, no solo habrá impunidad, sino que podría abrirse otro frente de batalla.
JMRS
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