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Gremio de prensa en Guatemala denuncia que criminalizan a periodistas al aplicar ley crimen organizado
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció públicamente ante la Corte Suprema de Justicia la criminalización que enfrentan los comunicadores en el país, con órdenes de captura y procesos penales en su contra, basados en una aplicación “antojadiza” de la ley de crimen organizado que vulnera la protección constitucional a la libertad de expresión.
En una conferencia de prensa frente a la sede de la autoridad judicial, Byron Barrera, presidente del gremio periodístico, reprochó la actuación de la fiscalía y de la justicia guatemaltecas ante la investigación abierta contra nueve periodistas y columnistas del desaparecido diario El Periódico por haber publicado información sobre jueces y fiscales a quienes señalaban de actos de corrupción y abuso de poder.
La fiscalía dijo que esas publicaciones periodísticas ponían en riesgo sus investigaciones y, según reprochó Barrera, con ese pretexto invocaba la ley contra el crimen organizado, de menor rango que la Constitución, para pedir órdenes de captura e investigar a periodistas.
“Entonces solicitamos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que las autoridades superiores del sistema de justicia reconocieran que la Constitución de la República tiene supremacía sobre las leyes ordinarias especialmente en materia de expresión”, dijo el presidente de la Asociación de Periodistas. Sin embargo, no obtuvo respuesta o pronunciamiento institucional.
Según el colectivo, se tiene registro de que más de 12 periodistas que han optado por el exilio en el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei (2020-21024), denunciando criminalización por su labor.
En mayo, los comunicadores hicieron una petición de amparo ante las cortes judiciales para que se dé prioridad a la protección constitucional de la libertad de expresión.
Barrera explicó que la fiscalía tiene “una interpretación antojadiza de la ley” y detalló que una Sala de Apelaciones tiene a su cargo el amparo solicitado, pero que no han resuelto la petición.
“Esta resolución puede favorecer también a otras personas que están siendo señaladas por emitir opiniones”, dijo, en alusión a las detenciones de estudiantes y catedráticos la semana pasada en el caso por la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los políticos que fueron señalados por emitir opiniones en las redes sociales sobre el tema. La fiscalía llegó a solicitar levantar el fuero para continuar investigándolos.
El gremio periodístico dijo que también que se harán otras acciones, como un plantón frente a la CSJ, e iniciarán una campaña a nivel nacional en defensa de la libertad de expresión con la participación de asociaciones departamentales y medios de comunicación, así como un llamado a un” cacerolazo” a las 6.00 de la tarde el 30 de noviembre, día del periodista en Guatemala.
El expresidente de la APG, Mario Recinos, aseguró que “por pronunciamientos” y por posicionarse respecto al tema de la universidad hoy “están siendo criminalizados estudiantes, docentes e investigadores”. Y planteó que, después, “esto va a ser una arremetida contra todos los sectores o contra ciudadanos que manifiesten su defensa de este derecho (de opinión)”.
Jamileth
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