Internacional - Seguridad y Justicia
La Corte de la ONU analiza las consecuencias legales de la ocupación israelí de Palestina
La Haya, 18 feb (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, iniciará este lunes las audiencias públicas, con el testimonio de varios países, para emitir una opinión consultiva sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado”.
El tribunal, situado en el Palacio de la Paz en La Haya, tiene programados seis días de audiencias, y empezará escuchando primero los argumentos del Estado de Palestina durante la mañana de este lunes, a la que seguirán en los próximos días más de 50 países, entre ellos Países Bajos, Sudáfrica, España, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Rusia, que han manifestado su intención de participar en el procedimiento oral ante la Corte.
También intervendrán tres organizaciones internacionales: la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización para la Cooperación Islámica.
Las audiencias se centrarán en los argumentos sobre “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Este” y buscan determinar una opinión jurídica no vinculante de la ocupación israelí en Palestina.
La CIJ analizará solo las circunstancias de la ocupación, puesto que la petición le llegó antes de la actual escalada de la violencia en la región, cuando el 7 de octubre, milicias del grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, penetraron en Israel, al que además lanzaron miles de cohetes, matando a 1,200 personas y secuestrando a otras 240.
En respuesta, Israel lanzó una contundente respuesta militar, que ha matado a más de 28,000 civiles y ha dejado devastada la Franja, con 1,9 millones de desplazados en un territorio habitado por 2,3 millones de personas.
La ocupación
En diciembre de 2022 la Asamblea General de la ONU solicitó a la CIJ una opinión consultiva basada en las reglas y principios de, entre otros, la Carta de la ONU, el derecho internacional humanitario, el de derechos humanos y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Un total de 87 países respaldaron esta petición a la CIJ, mientras que otros 26 Estados, incluidos Israel y Estados Unidos, votaron en contra.
“¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias relacionadas?”, preguntó la Asamblea.
Además, se cuestionó: “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel (…) al estatus jurídico de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que se derivan de ese estatus para todos los Estados y las Naciones Unidas?”.
Naciones Unidas, los 193 países reconocidos por la ONU, y Palestina, que tiene estatus solo de “Estado observador”, han podido presentar información y argumentos propios sobre este caso hasta el 25 de julio pasado, y la CIJ recibió en ese plazo 57 escritos, señaló.
Las fronteras de 1967
Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces, mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino.
Los palestinos defienden su derecho a la libre determinación, independencia y el retorno de sus refugiados, mientras crecen los asentamientos judíos en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional, y acompañados de acoso, agresiones y desplazamiento de los habitantes palestinos, muchas veces con la connivencia de las fuerzas israelíes.
La última vez que el tribunal emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación.
La CIJ consideró entonces que la construcción del muro y su régimen asociado eran “contrarios” al derecho internacional y “obstaculizan la libertad de circulación de los habitantes del territorio (…), así como el ejercicio de su derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado”.
Además, pidió “poner fin de inmediato a la violación de sus obligaciones internacionales” y respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, e instó a todos los Estados miembros a “no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada”.
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