Internacional - Seguridad y Justicia
China considera la nueva ley de seguridad nacional como la “pregunta obligada” para Hong Kong
Pekín, 4 mar (EFE).- El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) calificó este lunes la legislación del ‘artículo 23’ sobre la seguridad nacional como la "pregunta obligada" para que Hong Kong “cumpla con su deber constitucional”.
"La legislación del artículo 23 es crucial para la seguridad nacional de Hong Kong y su estabilidad a largo plazo y prosperidad", dijo el MSS en un comunicado publicado hoy.
"Es la respuesta a los riesgos y desafíos de la seguridad nacional, y la clave para mejorar el sistema de salvaguardia de la seguridad nacional y la estabilidad a largo plazo de la ciudad", argumenta el organismo.
El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, anunció en enero su plan de promulgar una ley basada en el ‘artículo 23’ de la Ley Fundamental de la ciudad, con la que prevé ampliar sus competencias jurídicas para sofocar la disidencia a raíz de las movilizaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en 2019.
Desde la devolución de Hong Kong a China por parte del Gobierno británico en 1997, el territorio ha sido gobernado bajo el principio de "un país, dos sistemas", que garantiza la separación de las estructuras jurídicas y judiciales de la parte continental.
En virtud de su miniconstitución, conocida como Ley Fundamental, la excolonia tiene la responsabilidad de promulgar su propia ley para abordar siete delitos relacionados con la seguridad, que incluyen traición, insurrección, robo de secretos de Estado, sabotaje y espionaje.
El nuevo texto es independiente de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, aprobada en junio de 2020 tras meses de protestas y disturbios en favor de la democracia, en la que se tipifican como delitos la secesión, la subversión, la connivencia con el extranjero y el terrorismo.
Anteriormente, en 2003, hubo un intento de promulgar esta misma normativa, pero quedó en suspenso tras una movilización a la que se calcula que asistieron cientos de miles de residentes.
De acuerdo con un informe publicado por la organización Human Rights Now, tras la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional hace más tres años "unos 250 activistas y críticos del Gobierno han sido detenidos, más de 150 procesados y todos los acusados en juicios ya concluidos han sido declarados culpables", ilustrando la represión de la disidencia.
Asimismo, cientos de organizaciones de la sociedad civil e innumerables activistas han puesto fin a sus actividades o han abandonado la ciudad, incluidos grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
aranza
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