Internacional - Seguridad y Justicia
Más de 600 juristas chilenos llevan a Netanyahu a CPI por genocidio y crímenes de guerra
Santiago de Chile, 13 mar (EFE).- Más de 600 juristas chilenos presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en la Franja de Gaza y Cisjordania, explicó a EFE este miércoles el representante de los denunciantes, Nelson Hadad.
La denuncia, presentada el lunes ante este tribunal internacional con sede en La Haya (Países Bajos), pide sanciones y una orden de captura contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Galant, y altos mandos militares de las Fuerzas Armadas israelíes quienes, en opinión del abogado, "tienen que rendir cuentas, comparecer ante el CPI, ser sancionados de acuerdo a las penas que establece el Estatuto de Roma, y reparar a las víctimas y a sus familiares".
En una conversación telefónica desde el aeropuerto de Ámsterdam, antes de su regreso a Chile, Hadad recalcó que en Gaza se están cometiendo "crímenes inhumanos, degradantes, crueles y abominables" ante los cuales, dijo, "no puede haber impunidad".
El libelo, de 66 páginas, "demuestra de una manera plausible la comisión y la existencia de estos crímenes, con los testimonios de innumerables funcionarios que trabajan en el terreno en Gaza y que declaran que estamos frente a una situación devastadora y una tragedia humanitaria", añadió Hadad, exembajador chileno en Jordania, Iraq, Egipto y Ecuador.
Según él, el objetivo "fundamental y sistemático" de Israel es "la eliminación de un pueblo, ya sea total o parcialmente" y "destruir su identidad nacional como pueblo con derecho a ejercer la autodeterminación, destruir el grupo étnico, el grupo racial y el grupo religioso".
"Vamos a seguir cooperando con el tribunal para la aportación de nuevas pruebas para llegar a la comprobación empírica, jurídica y factual de que, efectivamente, se han cometido estos delitos que tienen un elemento jurídico fundamental que es la intencionalidad, porque hay un intento deliberado de aniquilar a un pueblo", añadió Hadad.
"Estamos por una reforma estructural de la ONU"
El exdiplomático criticó el actuar de la ONU ante el conflicto, pero precisó que si bien la Asamblea General ha estado a la altura porque 153 países han acordado un alto al fuego, entre los cuales hay las mayores potencias demográficas del mundo –China e India–, "es injusto que un solo país (Estados Unidos) levante la mano y ejerza el veto".
"Estamos por una reforma estructural de Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, para aumentar la integración de los miembros permanentes y también la regulación del veto", señaló a EFE Hadad.
La denuncia presentada por los juristas se suma al escrito de remisión que los gobiernos chileno y mexicano presentaron en enero ante la CPI con el objetivo de reforzar la investigación en curso por los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este e Israel.
Desde el inicio de la guerra en Gaza, Boric, reconocido defensor de la causa Palestina, ha condenado duramente la ofensiva militar de Israel y en noviembre llamó a consultas al embajador en Tel Aviv, José Carvajal. El gesto fue interpretado como una señal de incomodidad en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Hace una semana el Ejecutivo chileno también decidió excluir a las empresas militares de Israel de la próxima Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae), que se celebrará entre el 9 y el 14 de abril en la capital chilena, considerado el evento más importante en materia aeroespacial y de defensa de América Latina.
Con cerca de 500,000 personas, Chile es un gran refugio de la comunidad palestina fuera del mundo árabe, una migración que se inició a finales del siglo XIX, cuando centenares de palestinos escaparon primero de la dominación otomana, y que se incrementó en el siglo XX con la ocupación israelí.
Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (2010-2014).
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