Internacional - Política
En estados gobernados por republicanos, grupos de captación de votantes operan con dificultad
WASHINGTON (AP) — Durante las elecciones presidenciales de hace cuatro años, Equal Ground Education Fund contrató a más de 100 personas para que fueran de puerta en puerta y asistieran a festivales, ceremonias de graduación y otros eventos para ayudar a registrar votantes en toda Florida. Sus esfuerzos para las elecciones de este año lucen muy distintos.
El año pasado el estado aprobó una nueva ley que les obligó a poner fin a sus labores de registro de votantes en persona y reducir su personal, y que además condujo a una disminución significativa de fondos. Los organizadores no están seguros de qué tan amplias serán sus operaciones el próximo otoño.
Genesis Robinson, directora ejecutiva interina del grupo, dijo que la ley ha tenido un “enorme impacto” en su capacidad para organizar eventos y llegar a las comunidades para interactuar directamente con los posibles votantes.
“Antes de todos estos cambios, éramos capaces de operar en un espacio en el que podíamos tomar medidas y preparábamos a nuestras comunidades y nos asegurábamos de que estuvieran registradas para votar, y ayudar si no lo estaban”, dijo.
Florida es uno de varios estados, como Kansas, Missouri y Texas, donde los republicanos han promulgado restricciones electorales desde 2021 que establecieron o aumentaron las sanciones penales y multas para quienes asisten a los votantes. Las leyes han obligado a algunas organizaciones de captación de votantes a cesar sus operaciones, mientras que otras han alterado o reducido en gran medida sus actividades.
La ley de Florida, promulgada en mayo pasado por el gobernador, el republicano Ron DeSantis, fijó una multa de 50,000 dólares a las organizaciones externas de registro de votantes en caso de que miembros del personal o voluntarios encargados de manejar o recoger formularios hayan sido declarados culpables por un delito grave o no sean ciudadanos estadounidenses. También aumentó las multas a las que pueden enfrentarse los grupos, de 1,000 a 250,000 dólares, y redujo de 14 a 10 días el plazo para devolver las solicitudes de registro.
Un juez federal bloqueó hace unas semanas algunas partes de la ley, incluida la sección dirigida a los delincuentes convictos y no ciudadanos. Aun así, antes de la sentencia, la ley tuvo un efecto directo en las operaciones de Equal Ground y otras organizaciones de defensa de los votantes en el estado.
La Liga de Mujeres Votantes de Florida, uno de los grupos que interpuso la demanda, pasó del registro de votantes en persona para enfocarse en las labores de difusión electoral por medios digitales. Cecile Scoon, copresidenta de la liga, dijo que la ley despojó a sus trabajadores de la conexión personal que habían establecido con las comunidades. Las herramientas digitales no son fáciles de usar a la hora de inscribir votantes y pueden resultar costosas, apuntó.
Estas organizaciones son necesarias porque los funcionarios electorales locales no siempre proporcionan el apoyo y la información adecuados, indicó Derby Johnson, un votante de Ormond Beach que asistió a un reciente acto comunitario en Daytona Beach organizado por Equal Ground. Johnson dijo que parecía que la Asamblea Legislativa de Florida sólo intentaba dificultar el registro y la emisión del voto en determinadas comunidades.
“Hay partidos que trabajan activamente para suprimir el voto, sobre todo en las comunidades negras e hispanas, y estos grupos ayudan a educar e inscribir a los votantes para mitigar esos intentos”, dijo.
MOVE Texas, un grupo de defensa del derecho al voto que se centra en los votantes de 30 años o menos, se adaptó a la reforma electoral de 2021 en el estado capacitando más a su personal y sus voluntarios. Entre las disposiciones que suscitan preocupación hay una que aumenta las sanciones penales para cualquier persona que reciba una compensación por ayudar a un votante, lo que afecta particularmente a la capacidad de reclutar estudiantes para campañas de registro de votantes.
“La ley contribuyó a esta cultura del miedo en nuestras elecciones y en el hecho de ser una persona que inscribe votantes”, dijo Stephanie Gómez, directora política del grupo.
Los republicanos de Kansas derogaron el veto de la gobernadora, la demócrata Laura Kelly, y aprobaron un proyecto de ley que tipifica como delito grave la suplantación de identidad de funcionarios electorales.
Esto obligó a Loud Light Kansas, un grupo de captación de votantes enfocado en las comunidades minoritarias, a interrumpir sus actividades de registro. Anita Alexander, vicepresidenta de la organización, explicó que los posibles votantes solían percibir a sus empleados y voluntarios como trabajadores electorales aunque se les explicara que no lo eran.
“Intentábamos involucrarnos con las personas interesadas, pero no estábamos dispuestos a arriesgarnos a que alguien fuera acusado por hacer un trabajo de captación de votantes”, afirmó.
Loud Light y otros grupos locales de registro de votantes interpusieron una demanda contra la Asamblea Legislativa. La gobernadora dijo que no ha habido evidencias en el estado de un fraude electoral a gran escala ni casos de personas que se hacen pasar por funcionarios electorales.
En Missouri, la sección estatal de la Liga de Mujeres Votantes y la Conferencia Estatal de Missouri de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en inglés) presentaron una demanda después de que el estado promulgó una amplia iniciativa electoral en 2022.
Entre otras cosas, la nueva ley prohíbe compensar a quienes inscriban votantes y exige que cualquiera que ayude a más de 10 personas a registrarse también debe inscribirse en la oficina del secretario de gobierno del estado y convertirse en votante. Los infractores pueden enfrentar sanciones penales.
Los formularios completos de la secretaría de gobierno del estado son públicos, lo que supone un problema de privacidad para muchas personas que, de otro modo, quieren colaborar en las labores de registro de votantes, dijo Denise Lieberman, directora y consejera general de la Coalición para la Protección de los Votantes de Missouri.
“Históricamente, cuando se han obtenido estas listas de miembros, se han utilizado para intimidar. Por lo tanto, hay mucho temor, especialmente en los grupos que se dirigen a las comunidades de bajos ingresos o de color”, dijo. “Si sólo quieres ser voluntario durante una hora un sábado por la mañana para ayudar en el campus de tu universidad o en un Día de la Tierra o lo que sea, tienes que pasar por todo este proceso”.
La ley de Missouri se encuentra suspendida en lo que se resuelve el recurso legal, con un juicio previsto para agosto.
Los expertos en derecho al voto anticipan que continúen los intentos de restringir el voto y las actividades de los grupos de captación de votantes en los estados controlados por los republicanos, indicó Megan Bellamy, vicepresidenta de derecho y política del Voting Rights Lab.
“Lamentablemente, el intento de atacar a los grupos externos de registro de votantes es sólo una de las muchas áreas políticas que las legislaturas estatales pretenden abordar”, afirmó.
aranza
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