Internacional - Economía
Recuperar la economía es un gran reto más allá del cambio o la continuidad política de Venezuela
CARACAS (AP) — La economía venezolana, después de casi tres lustros de bonanza, cayó en barrena en los últimos 12 años y aunque en los últimos dos años ha mostrado algunos signos de recuperación, más allá de quien salga victorioso en la próximas elecciones, los desafíos en ese ámbito no serán pocos.
Entre los mayores retos que enfrentará el ganador de los comicios presidenciales del domingo será mantener bajo control la inflación —una de la más altas del mundo—, frenar la devaluación de la moneda, sacar la producción petrolera del estancamiento y rescatar la confianza de los inversionistas locales y extranjeros.
El gobierno venezolano ha experimentado una marcada merma de sus ingresos por la caída de la producción petrolera, acercándose a sus niveles más bajos en décadas. Esto ha ocurrido como resultado de la mala gestión, la corrupción y las sanciones de Estados Unidos.
La dependencia del petróleo ha sido tradicionalmente alta en Venezuela, puesto que generaba 96% de los ingresos que recibía el país por exportaciones. Posteriormente las sanciones estadounidenses impuestas para forzar al presidente Nicolás Maduro a separarse del poder —luego de reelecto en 2018 en unos comicios considerados como fraudulentos— terminaron por postrar la economía venezolana.
Entre 2012 y 2020, la economía venezolana se contrajo 71%, mientras que la inflación superó el 130,000%, acrecentando las penurias de los venezolanos, agobiados por los bajos salarios, fijados en bolívares, y los elevados precios de los bienes que en los últimos años se fijan en dólares pero que la mayoría de los los consumidores pagan, al cambio, en bolívares.
El monto del salario mínimo que reciben millones de venezolanos y que se mantiene inamovible desde marzo de 2022 es de 130 bolívares al mes, unos 3,55 dólares, mientras el ingreso promedio en el sector privado, que ha mejorado en años recientes, es de unos 110 dólares mensuales. En la práctica, el salario mínimo, no alcanza para comprar ni una hamburguesa, que tiene un costo de 7,10 dólares, es decir, aproximadamente 260 bolívares, el equivalente a dos salarios mínimos.
Sin duda alguna, coinciden los analistas, el tipo de cambio es la variable más crítica, porque si se devalúa de inmediato se va a reflejar en los precios y la inflación.
Si Maduro sale victorioso, otro tema espinoso es el de las sanciones, fundamentalmente vinculadas al sector petrolero. Dependiendo de su victoria o derrota, podría mantenerse el sistema actual de otorgamiento de licencias privadas o, por el contrario, cambiar a un esquema de eliminación gradual de esas sanciones, teniendo como efecto la reinserción de Venezuela en el mercado internacional.
“El reconocimiento de los resultados de la elección es fundamental para el levantamiento de sanciones, para reestructurar la deuda, para atraer inversiones tanto en la industria petrolera y en la industria minera”, para tener el respaldo de los organismos multilaterales y “tener acceso a los casi 9,000 millones de dólares) que tiene Venezuela en activos congelados en el exterior”, dijo Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma local de análisis Ecoanalítica.
El levantamiento de las sanciones y el otorgamiento de licencias como la que desde noviembre de 2022 autorizó a la petrolera Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela, dependen que se den elecciones donde se respete la voluntad del elector, que los resultados sean reconocidos por todos, y que esto “permita que Venezuela salga de este aislamiento y de esta situación de sanciones y pueda empezar a transitar una senda de recuperación”, agregó Oliveros.
Las promesas de Maduro, expresadas en el Acuerdo de Barbados para trabajar en favor de comicios libre, transparentes y justos, así como revisar la inhabilitación de los líderes opositores más populares, le valieron a Venezuela gran alivio de las sanciones sobre sus sectores petrolero, gasífero y minero. Pero el gobierno del estadounidense Joe Biden puso fin al alivio este año cuando Maduro violó su promesa de trabajar con la oposición e intensificó la represión contra sus opositores, cuyo candidato unitario, el exdiplomático Edmundo González, figura como su principal contrincante.
El tema de la deuda externa también seguirá siendo un dolor de cabeza, incluso, si llega al poder un gobernante distinto a Maduro, pues Venezuela empezó a incurrir en impagos de todos sus compromisos internacionales desde 2017.
Organizaciones no gubernamentales y economistas independientes estiman que la deuda externa de Venezuela oscila entre los 140,000 y 154,000 millones de dólares, y su reestructuración dependerá en buena medida de la elección de un gobernante en unos comicios reconocidos por la comunidad internacional.
En 2015 el gobierno dejó de publicar cifras oficiales por largos períodos y cuando las publica estás son incompletas.
Los acreedores de Venezuela son de distinta naturaleza, número y forma; están desde organismos multilaterales, tenedores de bonos, proveedores y un cúmulo de empresas favorecidas por decisiones judiciales y laudos arbitrales — como la empresa minera canadiense Crystallex— lo que hace compleja y complicada cualquier negociación para una necesaria reestructuración.
En mayo Washington decidió no bloquear la subasta de las acciones de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana PDVSA. La operación forma parte de una indemnización que Venezuela debe pagar y que alcanza los 1,400 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas a la firma minera canadiense Crystallex tras la decisión del gobierno venezolano de expropiar sus concesiones e inversiones en el país, 15 años atrás.
El Departamento del Tesoro estadounidense todavía debe emitir una licencia para concretar cualquier venta de acciones de la filial estadounidense de PDVSA. Desde 2021, Washington había extendido anualmente una medida de protección que impidió a los acreedores de Venezuela vender las refinerías de Citgo en Estados Unidos para que se les honren las deudas. Con este cambio en la decisión de Estados Unidos, se permitirá que los reclamos de los acreedores se diriman mediante negociación o a través de la subasta de activos de Citgo.
Citgo es filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A., (PDVSA) desde la década de 1980. La componen tres refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que cruzan 23 estados. Aporta entre el 5 y el 10% de la gasolina que se consume en territorio estadounidense.
Maduro ofreció a Citgo como garantía en 2016 en un canje de deuda.
Un juez de la Corte del Distrito de Delaware emitió el 14 de enero de 2021 un fallo a favor de Crystallex en el que autoriza la venta de las acciones de la filial venezolana y contempla la designación de un encargado de supervisar la operación de traspaso de propiedad de esos títulos, al margen de cualquier control por parte de los funcionarios venezolanos y de PDVSA.
El ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex en 2009 y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
Crystallex pasó varios años tratando de negociar un acuerdo con Venezuela, antes de presentar su caso ante un panel de arbitraje del Banco Mundial, que se puso del lado de la firma canadiense. El gobierno de Maduro, sin éxito, apeló vehementemente esas y otras acciones judiciales.
Washington también incluyó entre las sanciones la prohibición a los estadounidenses y sus socios internacionales de hacer negocios con Caracas, con el fin de presionar a Maduro a dejar el poder.
Más allá de las sanciones, atraer inversiones tampoco es una tarea fácil, por el historial de expropiaciones y nacionalizaciones masivas emprendidas por el gobierno de Chávez y en los primeros años de gobierno de Maduro. Particularmente Maduro debe esforzarse mucho para rescatar la confianza y tomar medidas para garantizar la repatriación de ganancia y capitales. La oposición, por el contrario, podría gozar de un voto de confianza.
Ajeno al resultado de los comicios del próximo domingo donde el ganador gobernará durante el sexenio 2025-2031 y asumirá el cargo el 10 de enero de 2025, según lo establecido en la Constitución, la incertidumbre en materia económica seguirá reinando.
Los desafíos económicos que enfrentará quien salga victorioso de las próximas elecciones no serán pocos en un país que ha vivido en crisis durante las últimas décadas.
aranza
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