Nacional - Política
La Suprema Corte aprieta el puño contra la reforma judicial
Por David Marcial Pérez | El País
Ante la crecida de protestas contra la reforma judicial del Gobierno, la Suprema Corte ha decidido acelerar también el paso. Por un lado, aceptando un recurso de la oposición que abriría una puerta remota a echar para atrás la supermayoría de Morena en el Congreso, clave para aprobar la reforma. Por otro, el pleno del máximo tribunal mexicano decidió este martes suspender sus sesiones en solidaridad con las protestas de los trabajadores. La Corte, y en especial su presidenta Norma Piña, ha sido una de las dianas favoritas de los ataques del mandatario, Andrés Manuel López Obrador. La reforma judicial, una de las máximas prioridades del presidente, busca de hecho despedir a todos los jueces y magistrados federales, incluidos los 11 ministros de la Corte, y reemplazarlos por cargos elegidos por voto popular. El camino para el cambio constitucional está cada vez más allanado y se prevé que quede resuelto en apenas unas semanas, a principios de septiembre.
Trabajadores del Poder Judicial protestan en el interior de La Suprema Corte de Justicia.
El proyecto pasó este lunes el primer trámite parlamentario en medio no solo de las protestas de los trabajadores. La polémica reforma está provocando también la reacción de los mercados financieros, que llevan semanas castigando al peso mexicano. Mientras que la presión sube también desde el vecino del norte. El embajador estadounidense, Ken Salazar, elevó el tono al afirmar que “la elección directa de jueces y magistrados representa un riesgo para la democracia”. En este contexto, todo está preparado para sacar adelante la reforma. Morena y sus aliados tiene la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados para hacer cambios a la constitución sin negociar con la oposición. Y en el Senado, solo necesitan tres votos extra. Esta semana cuadros del bloque oficialista aseguraron que ya tiene atados los apoyos.
El órgano electoral, INE, respaldó la semana pasada a supermayoría de Morena y aliados. La oposición había buscado a la desesperada evitarla denunciado su supuesta ilegalidad, dado que sobrepasa los límites establecidos por la Constitución. El INE dio por buena la excepción para coaliciones, como es el caso, permitida por la legislación electoral y en la que se ha amparado las sobrerrepresentación parlamentaria de varios partidos durante más de una década.
La oposición, en todo caso, ha seguido insistiendo y un nuevo recurso del PAN ha encontrado sitio en la Suprema Corte. La presidenta Norma Piña lo admitió a trámite de manera exprés al entender que, para este caso, puede haber un conflicto entre la interpretación de la ley hecha por el Tribunal Electoral y la propia Corte. El Tribunal Electoral es la próxima y última instancia que ha de resolver las impugnaciones de la oposición frente a la supermayoría de Morena.
Dentro de la propia Corte, la recepción del recurso ha sido recibida por cautela. La ministra Lenia Batres, una de las plazas elegidas durante el mandato de López Obrador, llamó a la prudencia y a no adelantar un fallo que le corresponde al Tribunal Electoral. En el mismo sentido se ha pronunciado también Juan Luis González Alcántara, el ministro que elaborará el proyecto para que se discuta en el pleno. Este proyecto “no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral en lo que a su competencia corresponda”, dijo durante la breve sesión de este martes.
El pleno de la Corte decidió por mayoría suspender sus actividades durante todo el día. “Por mayoría de votos y por solidaridad y apoyo a los trabajadores de la Suprema Corte se decidió que no hubiera sesión”, dijo Piña tras la votación. Cientos de trabajadores del Poder Judicial han salido a protestar contra la enmienda, a la que acusan de poner en riesgo sus derechos laborales. Aunque el Gobierno ha insistido en que la iniciativa no compromete la estabilidad de los empleados, sino solo la de los juzgadores, las manifestaciones han aumentado. Varios tribunales están paralizados, lo que afecta el curso de miles de asuntos judiciales tanto de empresas como de personas. Los trabajadores han amenazado con protestar en la Cámara de Diputados en el inicio de la nueva Legislatura.
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