Editorial
¿Una salida a la crisis constitucional mexicana? Surge una idea
Simon Romero, Paulina Villegas / NYT
Una voz solitaria en la Suprema Corte de México propone un compromiso para disminuir las tensiones políticas. Pero persisten grandes obstáculos.
Con gafas y voz suave, Juan Luis González Alcántara ha dedicado su vida al derecho, escribiendo tomos sobre doctrinas complejas y enseñando en una de las mejores facultades de leyes antes de llegar a ser ministro de la Suprema Corte de México.
Ahora propone un compromiso de última hora para superar la crisis constitucional mexicana provocada por el plan del partido gobernante de obligar a los aspirantes a casi todos los cargos de juez del país a ser elegidos en lugar de designados.
La propuesta, que en su opinión podría preservar cierto grado de independencia judicial, es sencilla: los aspirantes a la Suprema Corte y a otros altos tribunales tendrían que postularse a las elecciones. Pero otros miles de jueces, nombrados tras años de formación, seguirían en sus cargos.
Pero hay un problema: en el clima político actual, los líderes de Morena, el partido gobernante que es excepcionalmente poderoso y mezcla un enfoque político nacionalista y de izquierda, equiparan casi cualquier forma de compromiso con una rendición.
Ni siquiera está claro si sus propios compañeros ministros del alto tribunal pueden unirse en torno a un acuerdo, que la presidenta Claudia Sheinbaum y sus aliados podrían simplemente negarse a aceptar.
En septiembre se aprobó una enmienda constitucional que reestructuraba el poder judicial.
Pero la propuesta del ministro evidencia las opiniones marcadamente opuestas que existen en el país sobre el rediseño del poder judicial, que Morena considera un acuerdo hecho y necesario para frenar la corrupción y alinear al sistema judicial con los deseos de sus votantes.
Sin embargo, González Alcántara insiste en que hay una manera de atenuar las tensiones utilizando la autoridad que aún pueda quedarle a la Suprema Corte, incluso después de que el mes pasado se aprobara una nueva ley que impediría cualquier impugnación legal de las enmiendas constitucionales, como el rediseño judicial.
Los críticos afirman que la nueva medida, junto con los amplios cambios en el poder judicial, afectará el sistema mexicano de controles y equilibrios democráticos.
“Yo estoy tendiendo la mano. Estamos tendiendo la posibilidad de una negociación, una reflexión, una invitación a que se pondere”, dijo González Alcántara en una entrevista en su despacho de Ciudad de México.
El ministro, una voz normalmente moderada en la Suprema Corte, lanzó una severa advertencia en caso de que Morena se salga con la suya en el rediseño radical del poder judicial, al tiempo que frena la autoridad de los tribunales: “El Estado de derecho desaparece”.
Está previsto que la corte comience a debatir la propuesta el martes. De aprobarse, invalidaría piezas clave del rediseño judicial aprobado en septiembre, que los dirigentes de Morena se comprometen a aplicar a pesar de los cientos de impugnaciones de los tribunales.
La presidenta y sus aliados, afirmando que están canalizando los deseos de los votantes que les dieron una aplastante victoria electoral este año, han ignorado la mayoría de las objeciones legales.
Los líderes de la línea dura del partido Morena han ido más allá y han dicho que no acatarán ninguna decisión de la Suprema Corte que modifique los cambios en el poder judicial.
Los partidarios de la propuesta del ministro dijeron que eso sería un error.
La propuesta “ofrece una salida política inteligente y sensata a lo que ya es hoy un conflicto constitucional”, dijo Alberto Zinser, uno de los abogados penalistas más destacados de México. “Manda claro el mensaje: ‘Te entregamos nuestras cabezas, pero no pongas fin a la carrera judicial de miles de personas juzgadoras’”.
Incluso algunos partidarios del rediseño judicial ven cierto valor en la propuesta del ministro.
Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política, dijo que la propuesta era “un posicionamiento político sensato”, aunque cuestionó sus fundamentos jurídicos, lo tarde que surgió y se mostró contraria a aceptarla.
A primera vista, el ministro González Alcántara, de 75 años, parece la persona adecuada para encontrar algún tipo de término medio. Era una eminencia progresista en el poder judicial de México cuando Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de izquierda que fundó Morena e impulsó los cambios judiciales al final de su mandato en septiembre, lo propuso para la corte en 2018.
Pero eso fue antes de que López Obrador y él tuvieran una desavenencia pública cuando el expresidente lo acusó de traición por ponerse del lado de un bloque de otros magistrados que obstaculizaron algunos de los planes más polémicos de López Obrador, como socavar la autonomía del organismo electoral del país.
La propuesta del ministro González Alcántara se enfrenta a otros obstáculos, empezando por las nuevas y radicales medidas que prohibirían los recursos legales contra las enmiendas constitucionales aprobadas.
Estas medidas van incluso más allá del propio rediseño judicial, ya que limitan las facultades de los tribunales mexicanos, lo que permite establecer comparaciones con el modo en que el partido del primer ministro de derecha de Hungría, Viktor Orbán, impidió que el Tribunal Constitucional examinara las enmiendas constitucionales.
Sin embargo, González Alcántara sostiene que la Suprema Corte podría seguir considerando su propuesta incluso después de la nueva ley que limita sus competencias.
Ceder ante Morena, argumentó, asestaría un golpe devastador a la democracia de México, abriendo el camino a lo que definió como una “tiranía de la mayoría”, haciendo hincapié en que los esfuerzos de Morena por neutralizar cualquier oposición a los planes del partido para el poder judicial podrían extenderse a otras áreas importantes.
“Cambiar el régimen democrático, pensar en la monarquía, pensar en la abolición de la no reelección, pensar en establecer un Estado católico o protestante”, dijo González Alcántara, “todo eso lo podrían hacer y sin Corte Suprema que les pudiera decir está mal por esto, porque es la función que tenemos”.
Sheinbaum ha dicho que esperará a ver cómo votan los jueces, aunque parece estar mostrando resistencia al compromiso propuesto, que necesita el apoyo de ocho de los 11 ministros de la corte para ser aprobado.
“A mí me eligió el pueblo de México; y ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo”, dijo la presidenta el jueves.
El ministro González Alcántara dijo que conocía las declaraciones de Sheinbaum. Sin embargo, dijo que mantiene la esperanza de que la mandataria pueda estar dispuesta a llegar a un acuerdo, y recordó que, antes de asumir el cargo, había dicho que el rediseño judicial debía hacerse con cuidado, sin prisas.
“Ella es mucho más tranquila que los líderes del Congreso”, afirmó.
Otra fuente de incertidumbre en torno a su propuesta radica en la propia Suprema Corte, que está dividida en líneas ideológicas y se enfrenta a su propia reestructuración después de que ocho de sus 11 magistrados, incluido el ministro González Alcántara, dijeran que dimitirían al expirar sus mandatos en lugar de participar en las elecciones judiciales.
González Alcántara reconoció que conseguir el apoyo de ocho de los 11 ministros del tribunal para su propuesta podría ser una batalla “muy difícil”, aunque mantiene la esperanza.
Otros expertos en el funcionamiento de la Suprema Corte son más optimistas sobre la votación de los magistrados.
Al final, ocho votos de apoyo podrían provenir de los ministros que ya han decidido renunciar porque el costo de ponerse del lado de Morena podría ser bajo, dijo Saúl López, profesor de derecho del Tecnológico de Monterrey, una de las principales universidades de México.
“El proyecto es muy solido juridicamente y tambien reconoce la crisis constitucional que existe”, dijo López, describiendo la propuesta como “una salida, responsable y moderada politicamente a esta crisis”.
Sin embargo, en el cargado clima político de México, los intentos de moderación podrían resultar inútiles. Incluso si Sheinbaum está de acuerdo con la propuesta, podría enfrentarse a importantes críticas de su propio partido por aceptar cualquier tipo de acuerdo con la ya debilitada Suprema Corte.
“No tengo claro que esté en condiciones de tomar esa salida”, dijo López.
JMRS
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