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La Suprema Corte de México descarta invalidar la polémica reforma judicial
Emiliano Rodríguez Mega, Simon Romero / NYT
La medida evita a la presidenta Sheinbaum tener que elegir entre acatar el fallo que anularía la reforma o ignorarlo y alinearse con los líderes de su partido.
La Suprema Corte de México desestimó el martes una propuesta que habría anulado partes fundamentales de una reciente modificación del sistema judicial del país, poniendo fin a cualquier impugnación contra un rediseño del poder judicial en el que casi todos los jueces deben ser elegidos en lugar de nombrados.
El fallo supone una victoria para el partido gobernante, Morena, que en septiembre obtuvo con celeridad la aprobación legislativa para una de las remodelaciones más drásticas del poder judicial que se hayan registrado en los últimos años en cualquier gran país.
La decisión también evita que la nueva presidenta del país, Claudia Sheinbaum, enfrente el importante dilema de elegir entre reconocer la decisión de la Corte de anular el rediseño, o ponerse del lado de otros dirigentes de su partido, quienes han dicho que ignorarían un fallo así.
La decisión del pleno de la Corte de desestimar la propuesta fue unánime tras no conseguir los ocho votos necesarios para aprobarla.
Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte, había presentado la propuesta para alcanzar un compromiso de última hora en un intento, en su opinión, de preservar cierto grado de independencia judicial y reducir las tensiones políticas. Había sugerido que se eligiera a los ministros de la Suprema Corte y a otros magistrados y jueces permitiendo al mismo tiempo que miles de otros jueces federales y locales, cuyo nombramiento se basa en años de formación, permanecieran en sus puestos.
“Yo estoy tendiendo una mano. Estamos tendiendo la posibilidad de una negociación, una reflexión, una invitación a que se pondere”, dijo el ministro González Alcántara a The New York Times la semana pasada.
El fallo del alto tribunal también pone fin de forma abrupta —y, para algunos mexicanos, inesperada— a las tensiones políticas que se han recrudecido en los últimos meses.
“La bala de plata para matar la reforma era propiamente esta oportunidad”, dijo Juan Jesús Garza Onofre, investigador de derecho constitucional. “La Corte no estuvo a la altura”, agregó. “Se acabó cualquier posibilidad de resistencia”.
Sheinbaum hizo campaña para el cargo prometiendo llevar a cabo el tipo de modificación que los legisladores aprobaron, y ganó con el mayor margen de victoria de cualquier presidente desde que México hizo la transición a la democracia en 2000. El bloque gobernante también consiguió una mayoría absoluta efectiva en ambas cámaras del Congreso y en la mayoría de las legislaturas y gubernaturas estatales.
El Congreso aprobó la modificación en forma de enmienda constitucional pocos días antes de que finalizara el mandato del expresidente en septiembre.
Durante dos meses, miles de trabajadores del sistema judicial federal han hecho un paro en sus labores para protestar contra la reforma. Hubo más de 500 impugnaciones legales a la medida, y varios jueces federales fallaron a favor de suspender su aprobación e implementación.
En las últimas semanas, Sheinbaum y los legisladores han optado por ignorar esas sentencias.
“Una juez no está por encima del pueblo de México”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa en octubre.
Al comentar la noticia de que la Suprema Corte estaba considerando una resolución para invalidar parcialmente el rediseño judicial, lo calificó como un intento inapropiado de los magistrados para legislar.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su toma de posesión el mes pasado. Credit...Luis Antonio Rojas para The New York Times
Si al menos ocho ministros de la Suprema Corte hubieran aprobado la propuesta de González Alcántara, Sheinbaum se habría encontrado en una encrucijada: podría haber hecho caso omiso del fallo, profundizando aún más lo que los juristas han llamado una crisis constitucional en México. O podría haberla acatado, arriesgando su posición ante su propio partido.
Votar a favor de la propuesta, “por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario”, sería “responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente”, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán.
Aunque casi nadie en México está en desacuerdo con que el poder judicial del país necesita una renovación importante, el método propuesto —en el que los más de 7000 jueces y magistrados del país serían elegidos en lugar de nombrados— ha provocado preocupación entre los juristas, los inversores y las organizaciones internacionales.
Los críticos temen que elegir a los jueces por votación popular politice a los tribunales, cree un marasmo de conflictos de intereses y erosione la independencia judicial. Esto ya ha ocurrido en países que han aplicado medidas similares, entre ellos Estados Unidos.
Sus defensores argumentan, en cambio, que la medida librará al sistema judicial mexicano de problemas profundamente arraigados, como la corrupción y el nepotismo.
“No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es parte de la Constitución”, dijo Sheinbaum a la prensa el lunes.
Hasta ahora, cientos de jueces y magistrados federales se han negado a participar en las elecciones del próximo verano. Ocho de los 11 magistrados de la Corte Suprema también dijeron la semana pasada que renunciarían a sus cargos en lugar de presentarse a las elecciones.
En octubre, el Congreso aprobó un proyecto de ley que impediría cualquier impugnación legal de enmiendas constitucionales, como la reforma judicial, por motivos que no fueran de procedimiento. La presidenta la publicó en la Gaceta Oficial del Estado el jueves por la noche, convirtiéndola en ley.
Según los juristas, esto podría permitir a los legisladores reformar la Constitución sin ningún control judicial, ni siquiera de la Suprema Corte.
JMRS
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