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Congreso mexicano debate polémica reforma que elimina siete órganos autónomos
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México inició el miércoles el debate de una controversial reforma constitucional que contempla la desaparición de siete organismos autónomos que en las últimas dos décadas han garantizado el derecho a la información, aportaron datos sobre la pobreza y la educación, y previnieron la corrupción en diversos sectores.
Aunque las funciones que cumplían esas entidades serán transferidas a otras dependencias oficiales, la reforma ha generado preocupación entre especialistas, activistas y relatoras especiales de las Naciones Unidas, que advierten que la desaparición de los siete organismos — que operan de manera independiente de los poderes públicos— debilitará la democracia y limitará las acciones para combatir la corrupción, vigilar la competencia y el diseño de políticas públicas.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes, que incluyó la amplia reestructuración del poder judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador siete meses antes de dejar el gobierno.
El proyecto de reforma contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Desde el oficialismo se ha restado importancia a las críticas contra la desaparición de los siete órganos autónomos argumentando que lo que se busca es acabar con la “duplicidad de funciones”, evitar “gastos innecesarios” y permitir un uso más racional de los recursos públicos.
En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles en su conferencia matutina que se garantizará la “independencia técnica” de las nuevas dependencias que surjan de la reforma, y afirmó que lo que se aspira es que “haya ciudadanos ahí que puedan estar también revisando y que se haga de manera transparente y con criterios técnicos la asignación de algún permiso”.
Sheinbaum indicó que se creará un área especial para garantizar la función antimonopólica, que actualmente está en manos de la Cofece, y que las funciones del INAI pasarán a un área especial de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que creó en octubre, al inicio de su sexenio.
“Se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI sin necesidad pues de estos grandes organismos, grandes gastos, viajes al extranjero, bla, bla, bla, que no lo necesita el país”, sostuvo la mandataria.
La eliminación de estos organismos fue un viejo anhelo de López Obrador (2018-2024) quien, en reiteradas oportunidades, los atacó asegurando que “no sirven para nada”, y que fueron creadas por los gobiernos anteriores porque “necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses”.
Pero algunas instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), agrupaciones empresariales locales, especialistas y activistas tienen una postura diferente.
En agosto los relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la privacidad y la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión enviaron una carta al gobierno mexicano en la que manifestaron inquietud por la supresión del INAI y reconocieron que esa acción “podría debilitar la rendición de cuentas”.
En la misiva pidieron reconsiderar la medida y explorar mecanismos alternativos para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad ciudadana en México.
Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expresó en un comunicado que aunque en teoría se preservarán las tareas que cumplían los siete organismos autónomos, trasladándolas a otras dependencias, “es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones” y que sean “independientes de la agenda e intereses del Poder Ejecutivo”.
El centro de investigación planteó que el generar y retener talento e inversiones no es posible “sin una estructura institucional que procure la certeza jurídica y garantice la imparcialidad de las decisiones de vigilancia y regulación del gobierno”.
aranza
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