Diagnóstico Político

Electricidad y dispersión demográfica

2007-10-30

Ese plan beneficiara a 180 mil personas y costará 877 millones de pesos. Los directivos del...

Rodolfo Echeverría Ruiz, El Universal

Debemos a la CFE el éxito de un trabajo continuo desde su creación hace 70 años. Al día de hoy, 96.8% de los mexicanos tenemos servicio eléctrico. La magna obra de nuestra empresa pública es conocida y reconocida en el mundo entero.

Es indiscutible el impacto decisivo de la tarea, ya histórica, de la Comisión Federal de Electricidad en el desarrollo de nuestro país. Me ocupo hoy de otra faceta, en mi concepto fundamental, vinculada con la inversión y el gasto en materia de electricidad y sus repercusiones en la política solidaria hacia los grupos marginados, de modo sobresaliente la dirigida a quienes viven en circunstancias de máxima dispersión.

En días pasados, la CFE anunció un ambicioso programa encaminado a proveer de servicio eléctrico a grupos sociales enclavados en asentamientos prácticamente inaccesibles, muy distintos y muy distantes unos de los otros. Tan loable propósito consiste en llevar electricidad, durante el próximo ejercicio fiscal, a mil comunidades indígenas diseminadas en 11 estados de nuestra República.

Ese plan tiene la intención de beneficiar a 180 mil personas y costará 877 millones de pesos. De manera simultánea, los directivos del mencionado organismo paraestatal informan acerca de la existencia en todo el país de 3.4 millones de compatriotas carentes de electricidad. En resumen: si hoy somos 105.5 millones, 3.2% de ellos no dispone de esa energía vital.

El programa destinará alrededor de 4 mil 872 pesos por individuo. La cifra se obtiene si dividimos 877 millones entre 180 mil seres humanos atendibles. Para una familia integrada por cuatro miembros, por ejemplo, el plan costaría 19 mil 500 pesos. Esa cantidad equivale a 390 días de salario mínimo. Si pretendiera cubrirse con acciones similares a los 3.4 millones de personas sin luz eléctrica ello implicaría una erogación pública de ¡16 mil 566 millones de pesos!

Esos mexicanos padecen altos índices de marginación, carecen de servicios sanitarios, viven sobre pisos de tierra: el referido gasto, encaminado a electrificar una vivienda en tales condiciones, excede, con mucho, su escaso valor intrínseco.

Aunque parezcan inspiradas en el mejor espíritu romántico, medidas de esa naturaleza nos condenan a una dura y pura realidad: la dispendiosa pulverización del dinero público. Así se esterilizan los esfuerzos gubernamentales.

Lo justo, lo socialmente justo, no consiste en la diseminación de los flacos recursos sino en el ejercicio imaginativo de una política demográfica capaz de concentrar el gasto público y hermanarlo con una meta irrenunciable: el engarce ético de la justicia social con los imperativos de la eficiencia en la aplicación correcta de los magros fondos captados por el gobierno.

Ese complejísimo problema no debe dejarse sólo en las expertas manos de la CFE. Se trata, en verdad, de un asunto —su envergadura es imponente— urgido de una política nacional en cuyas gradaciones filosóficas la dispersión demográfica constituya un desafío prioritario: estamos ante uno de los más difíciles rompecabezas de la nación.

Es tarea del conjunto de la administración federal concebir y operar un programa capaz de entretejer de manera inteligente a dos de los elementos constitutivos del Estado: la población y el territorio. Si no existe un vínculo armónico entre ambos no podremos hablar de una auténtica sociedad articulada. Se trata de una responsabilidad política e histórica insoslayable para el presente y para los futuros gobiernos del país.

Es imposible organizar genuinas políticas públicas justicieras si persistiéramos en el propósito fallido de atender con eficiencia a más de 180 mil localidades desperdigadas a lo largo, ancho y alto de nuestro inmenso territorio.



ROW

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