Polémica por anuncio Gobierno regional Madrid de dar más autoridad a profesores

Madrid, (EFE).- El anuncio de una ley para conceder más autoridad a los profesores, que hizo hoy la presidenta del Gobierno regional de Madrid, Esperanza Aguirre, del conservador Partido Popular (PP), generó opiniones diversas en las comunidades educativa y política.

Aguirre anunció hoy que presentará al Parlamento regional una Ley de Autoridad del Profesor, lo que suscitó un gran interés, máxime tras el reciente debate sobre los valores educativos a raíz de la conducta violenta de unos jóvenes en las fiestas de uno de los municipios más ricos de España, Pozuelo de Alarcón.

La presidenta madrileña explicó que esta ley concederá a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública" y que las faltas contra ellos tendrán una "consideración más grave" que en la actualidad.

A su juicio, los datos que recogen las comisiones escolares sobre agresiones a profesores y actos de indisciplina en los centros educativos son "enormemente preocupantes" y pide que las familias se impliquen más "en el cumplimiento de las normas".

Esta ley supondría, además, una subida de sueldo para los equipos directivos de los centros, como compensación por la "responsabilidad del mantenimiento del orden", explicó Aguirre.

Desde diciembre de 2008, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya otorga a los profesores la condición de autoridad a efectos penales, por lo que una agresión grave contra un docente puede ser calificada como atentado contra la autoridad, aunque sólo en centros públicos, no en los concertados ni privados.

La razón de esta diferencia es que sólo quienes trabajan en aquellos tienen la condición de funcionarios.

El sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en la enseñanza pública, opina que el profesorado necesita el "respaldo decidido e incondicional" de las administraciones para evitar agresiones a los docentes.

También aplaudieron el anuncio las Confederaciones de Padres y Madres de alumnos de orientación católica CONCAPA y COFAPA, que consideran la iniciativa "un paso más" para recuperar la valoración social del maestro.

Por contra, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), calificó la propuesta de "despropósito", pues sostiene que la autoridad de los profesores no se puede otorgar "a base de decretos".

El ministro español de Educación, Ángel Gabilondo, pidió que estas decisiones se tomen dentro del pacto social y político por la educación, aunque, en principio, la considera una iniciativa "positiva".

Recientemente, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, achacó la raíz del problema de la violencia juvenil a la falta de autoridad que se detecta en padres y profesores.

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