Nacional - Seguridad y Justicia
Atentan contra juez mexicano a cargo de asuntos de narcotráfico
México (AP) - Un juez mexicano a cargo de algunos asuntos vinculados con el narcotráfico sobrevivió a un inusual atentado contra miembros del Poder Judicial, ocurrido en el oeste del país horas después de que el presidente Felipe Calderón advirtió la desprotección de juzgadores frente al crimen.
Carlos Alberto Elorza, juez segundo de distrito de procesos penales federales en el estado occidental de Nayarit, salió ileso del ataque con fusiles de alto poder, aunque uno de sus escoltas murió y otro resultó lesionado, según un parte policial federal.
El director de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo, dijo el viernes a periodistas que el juez Elorza había recibido amenazas de muerte por parte del crimen organizado, por lo que se decidió reforzar su seguridad con escoltas.
Uno de los últimos casos que le ha tocado llevar a Elorza es el del candidato izquierdista al gobierno del estado sureño de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, quien es procesado por narcotráfico y lavado de dinero en el primer caso de un aspirante a un cargo estatal que es detenido por vínculos con carteles de las drogas.
El parte policial, que conoció el viernes la AP, señaló que el ataque ocurrió cuando el juez llegaba a bordo de su camioneta blindada a su domicilio en un fraccionamiento habitacional de la municipalidad de Xalisco.
Otra camioneta se acercó hasta el vehículo del juez y hombres armados desconocidos comenzaron a dispararle con fusiles AK-47. En un momento incluso lanzaron una granada de fragmentación, la cual no detonó.
Los escoltas protegieron al juez y repelieron la agresión, aunque uno de ellos falleció y el otro resultó herido.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano responsable de los juzgados federales, manifestó su "indignación" por el atentado contra Elorza y lamentó la muerte y las heridas de sus escoltas.
"El Poder Judicial de la Federación rechaza la violencia que atenta contra el estado de derecho y las instituciones del país y refrenda su apoyo a los magistrados y jueces federales que, con vocación de servicio y asumiendo los riesgos inherentes al cargo, desempeñan decididamente su función constitucional", señaló el CJF en un comunicado.
La Procuraduría General de la República (PGR) identificó al escolta fallecido como José Carlos Montaño Villa e inició una investigación.
Los escoltas eran parte de la Policía Federal Ministerial, que depende de la PGR. Robledo dijo haber sido notificado sobre las amenazas, pero señaló no saber que grupo del crimen organizado las habría hecho.
"Sí dijo el juez que él tenía (amenazas) y en respuesta nosotros apoyamos con dos elementos más", comentó Robledo, según fue citado por el diario Reforma en su página de internet.
Las autoridades no han informado sobre los posibles responsables del atentado contra Elorza.
Los ataques contra jueces han sido raros y el último reportado públicamente ocurrió en agosto de 2006, cuando el juez federal René Nieto Colmenares fue asesinado a tiros en Toluca, capital del Estado de México, vecino a la capital.
Nieto estaba adscrito a una prisión de máxima seguridad en el Estado de México, donde permanecen algunos de los principales capos mexicanos de las drogas.
Horas antes del ataque contra el juez Elorza, el presidente Calderón consideró que en el marco del combate al crimen organizado y el narcotráfico era necesario analizar nuevas garantías a policías, fiscales, denunciantes y jueces para evitar represalias de la delincuencia.
"Hoy siguen desprotegidos las víctimas, los testigos, los denunciantes, los ministerios públicos (fiscales), los policías y los jueces", dijo el mandatario en un encuentro con legisladores.
Calderón también se pronuncio la víspera a favor de analizar la posibilidad de establecer jueces anónimos, una figura que el mandatario reconoció que va en contra de la tradición jurídica en México, donde recientemente se reformó el sistema judicial para establecer paulatinamente juicios orales.
Mientras tanto, seis policías locales fueron arrestados el viernes en relación al asesinato de un alcalde en el norte del país.
Entre los sospechosos se encuentra el agente que custodiaba la casa donde fue secuestrado el domingo Edelmiro Cavazos, alcalde de Santiago. El policía había dicho que fue secuestrado junto con el alcalde y liberado más tarde ileso.
Adrián de la Garza, jefe de la agencia investigadora del estado de Nuevo León, dijo en conferencia de prensa que los policías recibían 6.000 pesos (700 dólares) mensuales "por su participación de diferentes formas en diferentes asuntos", con algunos de ellos actuando presuntamente como centinelas.
"Eran empleados" de una banda criminal, señaló De la Garza en la conferencia de prensa donde mostró grabaciones de cámaras de seguridad de la casa de Cavazos, en las que aparecen llegando a la vivienda la noche del domingo hombres armados en cinco camionetas todo terreno.
Se observa en las mismas a Cavazos siendo sacado de su casa a punta de pistola y obligado a entrar a un vehículo.
Se puede ver en los videos que el policía de guardia sube a la cabina delantera de otra camioneta, contrario a su declaración en la que afirmó que fue metido atado al maletero de uno de los vehículos y abandonado más tarde ileso al costado de un camino.
El procurador de justicia de Nuevo León Alejandro Garza y Garza dijo que los policías confesaron haber estado involucrados en el asesinato de Cavazos, aunque algunos de ellos se declararon inocentes cuando fueron presentados a la prensa.
El procurador agregó que aún estaban buscando a otros involucrados.
El cadáver del alcalde de 38 años fue encontrado maniatado y amordazado a las afueras de su poblado, un sitio de descanso popular entre los residentes de la industrial ciudad de Monterrey.
TRO
Notas Relacionadas
- Colectivos reciben amparo contra retiro de memoriales a desaparecidos en Ciudad de México
- Vuelven a detener a militares que fueron liberados por el caso Ayotzinapa hace dos semanas
- Exprocurador Jesús Murillo Karama, más cerca de salir de la cárcel por salud
- Elogian a Comisión de la Verdad de Ayotzinapa por admitir que el Ejército ocultó información
- Detenidos ocho militares por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
