Migración
Organizaciones buscan bloquear la ley inmigratoria de Arizona
Por JACQUES BILLEAUD, AP
PHOENIX Los detractores de la dura ley de inmigración de Arizona lanzaron el martes un nuevo esfuerzo para sabotear un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitiría a la Policía aplicar una cláusula conocida como "muéstreme sus papeles".
Una coalición de grupos de derechos civiles, líderes religiosos y organizaciones empresariales presentaron una nueva petición en la que solicitan una orden judicial que impida a las autoridades aplicar una norma que requiere que la Policía verifique el estatus migratorio de las personas que sean detenidas por otras razones.
Los grupos buscan que la jueza federal de distrito Susan Bolton impida que se aplique esa medida antes de que la norma entre en vigor, argumentando que los latinos en Arizona podrían ser objeto de discriminación racial sistemática y detenciones injustificadamente prolongadas bajo la polémica sección de la ley de 2010.
En su documento de 65 páginas, la coalición acusa que la ley inmigratoria de Arizona no "precede a la ley federal y viola la Cuarta Enmienda", además de que podría "socavar la confianza entre la Policía y los miembros de la comunidad, para quienes un proceso rutinario con la Policía se volverá una detención prolongada".
También opinaron que las patrullas antiinmigratorias ordenadas en años recientes por el alguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio el jefe de Policía conocido por su estricta postura contra la inmigración no autorizada_, demuestran que la cláusula afectará desproporcionadamente a los latinos.
Aunque la medida no ha entrado en vigor, Arpaio ha dicho que sus agentes han interrogado a las personas sobre su estatus migratorio.
El National Immigration Law Center (Centro Nacional de Ley Migratoria) es uno de los grupos que impulsan la demanda en la corte junto con la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Libertades Civiles), el Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educativa), el Asian American Justice Center (Centro Asiático Estadounidense de Justicia), la National Day Labor Organizing Network (Red Nacional de Jornaleros) y otros.
Matthew Benson, vocero de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que este recurso legal "no sorprende, porque quienes se oponen a la ley SB1070 han indicado que harán lo necesario para impedir que Arizona aplique esta ley".
"La Corte Suprema ya habló por unanimidad sobre la constitucionalidad de esta cláusula. La gobernadora Brewer confía en que las autoridades estatales pronto tengan al fin las facultades para aplicar la SB1070 y mostrar que puede hacerse de forma justa, legal y en armonía con los derechos civiles y la Constitución", dijo Benson en un comunicado.
La nueva petición, que forma parte de la demanda entablada por la coalición en 2010, llegó el mismo día en que Arpaio criticó la diatriba más reciente del comediante George Lopez en su contra.
También ocurrió en el mismo día que el jefe policial presumió los hallazgos de una investigación voluntaria, con la cual Arpaio asegura haber encontrado "la prueba definitiva" de que el certificado de nacimiento del presidente Barack Obama fue una falsificación generada por computadora.
El Partido Demócrata en Arizona dijo en un comunicado que la investigación de Arpaio intenta distraer de los problemas dentro de su propia oficina. La oficina de Arpaio no respondió el martes para opinar al respecto.
Mientras tanto, un juicio civil está programado para comenzar el jueves, en una demanda por separado que acusa a la oficina de Arpaio de etiquetar racialmente a los latinos. El alguacil niega las acusaciones.
La demanda, presentada por un puñado de latinos, servirá como un precursor de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusa a la oficina de Arpaio de aún más violaciones de los derechos civiles.
Aunque una impugnación diferente a la ley de Arizona presentada por el gobierno de Barack Obama logró que otras tres secciones de la ley fueran anuladas por la Corte Suprema en junio, el gobierno no pudo conseguir que se eliminara la cláusula "muéstreme sus papeles" a pesar de su argumento de que la ley federal prevalece sobre la estatal.
La coalición busca dar carpetazo a la cláusula con otros argumentos.
La ley de Arizona fue aprobada en 2010 en medio de la frustración de los electores con el papel del estado como el punto de entrada de inmigrantes no autorizados más transitado del país. Cinco estados Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah han adoptado leyes similares a la de Arizona.
Expertos jurídicos opinan que los grupos enfrentan una batalla difícil para persuadir a Bolton a que impida la aplicación de la cláusula porque las cortes menores tal vez quieran esperar hasta que la medida que entrará en vigor el viernes sea aplicada para considerar afectaciones reales derivadas de la ley, en lugar de confrontar el potencial de daños.
Incluso si los detractores de la ley no logran la suspensión de la cláusula, algunos que la respaldan están dudando del nivel de cooperación de las autoridades migratorias federales, quienes serán llamadas para verificar el estatus migratorio de las personas y serán responsables de poner bajo su custodia, de manos de los oficiales locales, a los inmigrantes que no demuestren que viven en el país legalmente.
Las autoridades migratorias federales han dicho que ayudarán, pero sólo si se ajusta a sus prioridades, que incluyen atrapar a infractores reincidentes e identificar y llevarse a aquellos que amenacen la seguridad pública y nacional.
Si los agentes federales se niegan a detener a los inmigrantes, la Policía local en algunos casos posiblemente tendrá que dejarlos ir a menos que sean sospechosos de haber cometido un delito grave que requiriera su encarcelamiento.
gilberto
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