Summum de la Justicia
¿Es viable un código penal único?
JORGE ADAME GODDARD
Ante la intención de los partidos políticos, manifestada en el Pacto por México, de promulgar un código penal único para toda la República, conviene cuestionar si es conveniente hacerlo en estos momentos.
El código penal tiene una característica que lo distingue de otros ordenamientos jurídicos y que debe tenerse en cuenta. Es un código que está estrechamente ligado a las concepciones éticas de la sociedad, de tal suerte que los delitos que tipifica son aquellas conductas que la sociedad considera gravemente contrarias a los principios éticos comunes. En una república democrática, el código penal refleja las concepciones éticas de la sociedad. En un Estado absolutista, el código penal refleja los intereses primordiales de los poderosos, de modo que los delitos son las conductas que ponen en riesgo la estabilidad de un sistema social que beneficia principalmente a una minoría.
Actualmente en México, a medida que se ha ido debilitando la ética común de origen cristiano, se ha ido perdiendo la conciencia de principios éticos que toda la sociedad respeta y que tiene como verdaderos. Cuanto más se afirma la idea de que la ética es algo meramente subjetivo, que depende de las preferencias singulares de cada persona, más se abre paso a un código penal que tipifica como delito, no lo que la sociedad considera como gravemente malo, sino aquello que pone en riesgo el orden político establecido y los intereses predominantes.
Esto se pone de manifiesto ya en algunas leyes penales, por ejemplo, las penas en contra de quien falsifique marcas protegidas por la ley, o contra quien almacene, transporte o distribuya productos con marcas falsificadas es de tres a diez años de cárcel (no alcanza libertad bajo fianza) y multa de 2mil a 20mil días de salario mínimo; en cambio quien cause lesiones a una persona que le deje una cicatriz permanente y visible en la cara, recibe una pena es de 2 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 pesos, si la lesión perturba para siempre la vista, el oído, un brazo o una pierna, la palabra o las facultades mentales, la pena es de 3 a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 pesos (arts. 290 y 291 del CPF, y en ambos casos obtiene libertad bajo fianza). En este punto uno se pregunta ¿qué tiene más valor, los intereses comerciales de los fabricantes de productos con marca registrada o la integridad corporal de todas las personas?
Otro ejemplo; dice el código penal federal que quien "capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos" se le castiga con pena de 1 a 9 años de prisión y multa por el equivalente a 300 a 1000 días de salario mínimo (art. 420 del CPF). En cambio, quien abandona a sus hijos, dejándolos sin medios de subsistencia, merece la pena de 1 mes a 5 años de prisión o multa de 180 a 360 días de salario mínimo (art. 336 del CPF).
¿Acaso es más importante la subsistencia de las tortugas que el cuidado de los hijos? Se podrían poner otros ejemplos donde aparece que las leyes penales ya no parecen reflejar congruentemente una ética común.
Si se quiere hacer, con un procedimiento democrático, un nuevo código penal para toda la República, habría que abrir una discusión, en la que participaran juristas y público en general de toda la República, acerca de los valores éticos que deben conservarse, transmitirse en la escuela, y defenderse por medio del código penal. Especialmente habría que considerar lo relativo a la protección de la vida del concebido no nacido, que en 18 entidades federativas ya es un principio reconocido en sus constituciones locales.
Si se quisiera publicar de cualquier modo el código penal único para poder afirmar que "se cumplió el objetivo", se tendría que reformar la constitución federal para quitarles a las legislaturas locales la facultad de legislar en la materia, y luego se podría publicar un código federal que sería el resultado de un proyecto elaborado por una minoría de supuestos sabios ilustrados (bien pagados por el erario) y apoyados por el poder del Estado. Sería un retroceso democrático y una ruptura del pacto federal.
A la pregunta de si es conveniente hace un código penal único, yo respondo que sí, siempre y cuando sea el resultado de un proceso largo de estudio y consulta (de varios años) con la participación de toda la sociedad, en todas las entidades federativas; de otro modo sería una imposición y un retroceso
KC
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