Policrato Philodemos
¿ Crimen organizado ?
Almte. Manuel Rodríguez Gordillo
"Traidores institucionalizados"
"Como sabotear el destino de México"
"En ningún país puede existir el crimen organizado sin la
colusión o complacencia de las autoridades que lo gobiernan"
México se encuentra en el borde de la frontera que separa a una nación de instituciones consolidadas dentro de un estado de derecho y de seguridad ciudadana, con el peligro inminente de cruzarla empujada por el crecimiento de las organizaciones criminales y su secuela de inseguridad ciudadana, que lo llevarían a una situación de “Estado Fallido”, en el que la institucionalidad es simplemente un membrete más dentro de un marco de simulación, de cinismo declarativo y de rapiña desde los puestos de un poder público rebasado, o peor aún. secuestrado por la criminalidad.
Lo anterior suena muy dramático y pesado de digerir, pero la realidad cotidiana parece estarnos llevando hacia dicha situación, como lo comprueban las noticias difundidas diariamente a través de los periódicos, los noticieros radiofónicos, televisivos, por la experiencia de gente cercana, o como víctima de la delincuencia, ya se trate de asaltos, extorsiones, secuestros, gabelas o alcabalas impuestas por los criminales (“pagos de piso” o de “protección”), además de tener que padecer los engaños y abusos consuetudinarios de autoridades, empresarios o comerciantes, que conculcan nuestros derechos y esquilman nuestros bolsillos.
Cuando en un país la delincuencia se encuentra disimulada u oculta y a la defensiva de las fuerzas encargadas de la seguridad y del orden, se puede afirmar que existe un estado de derecho y que la delincuencia se reduce a un problema de carácter policíaco, pero cuando en un país las instituciones y fuerzas del orden y seguridad están infiltradas por la criminalidad y a la defensiva de las bandas criminales ante los riesgos de ser emboscadas o atacadas por ellos, el problema deja de ser policíaco y se convierte en un problema de “Seguridad Nacional”, dado la existencia permanente de una amenaza a las instituciones del estado y un obstáculo a la gobernabilidad misma de la nación.
El crimen organizado actúa como un poder fáctico que busca imponerse al estado de derecho actuando por encima de la legalidad, compitiendo con el gobierno establecido (poder legal nacido de la voluntad popular y legitimado en las urnas), a través de la violencia y tratando de imponer sus condiciones al poder del estado, para convertirse en el poder real, por encima de las instituciones legales con absoluta impunidad.
El hecho manifiesto de que actualmente en México existan células poderosas (cárteles o mafias), del crimen organizado actuando y exhibiéndose pública e impunemente al margen de la ley sin la intervención de las autoridades encargadas de combatirlos, nos lleva a considerar las siguientes hipótesis:
a.- Que existe un gobierno débil sin la capacidad necesaria para someter a la delincuencia organizada ejerciendo la fuerza legitima del estado, así como una delincuencia poderosa que lo supera en fortaleza, o
b.- Que las instituciones gubernamentales en las áreas de justicia y de seguridad pública se encuentran infiltradas por elementos del crimen organizado, quienes desde los puestos que ocupan (directivos o subordinados), se encargan de sabotear y entorpecer las acciones anticrimen para conseguir la impunidad de los criminales, ya sea alertándolos anticipadamente de los operativos en su contra, facilitándoles la adquisición de armamento, o coludiéndose con jueces, magistrados, directivos de “Derechos Humanos”, o congelando desde las cámaras legislativas las propuestas de ley en contra de la criminalidad.
En el primer caso (párrafo “a”), y aún descartando la capacidad operativa de todas las policías existentes en el país, es evidente que la fortaleza del Estado Mexicano [que incluye a las Fuerzas Armadas], supera ampliamente al conjunto de todos cárteles criminales que merodean en el territorio de la república, tanto en sus capacidades de armamento y de fuego, como en la organización y disciplina de combate, además de tener los conocimientos táctico operativos inherentes a toda fuerza armada regular y disciplinada, por lo que se descarta la hipótesis comparativa de fortalezas enunciada en el párrafo “a”.
Sin embargo cuando se analiza la hipótesis del párrafo “b” enseguida aparece de manera clara y evidente, una explicación lógica del aparente fracaso gubernamental en sus esfuerzos para combatir al crimen organizado, dado que es una realidad la existencia manifiesta de miembros de los cárteles criminales, que se encuentran incrustados en diferentes ámbitos y niveles del gobierno, que van desde las corporaciones policíacas hasta las gubernaturas estatales, pasando por munícipes (como el de Iguala Gro. en el ya no muy reciente caso de Ayotzinapa, “et al”), legisladores, magistrados, y burocracia en general, que sirven como informadores para nulificar operativos y emboscar a las fuerzas del orden, o bien como cómplices encargados de hacer nula la acción de la justicia a través de la manipulación torcida de los procedimientos y/o la fabricación de coartadas “leguleyas” encaminadas para invalidar juicios, ya sea añadiendo “errores procesales” que provoquen omisiones o violaciones al “Debido proceso”, o fabricando supuestas violaciones a los “derechos humanos de los criminales”, para de esa manera darles impunidad.
Aquí cabe señalar que bajo las condiciones descritas en el párrafo precedente, se hace válido el paradigma militar de que “No se puede ganar una guerra cuando el enemigo milita en las filas propias”, sentencia que la historia siempre se ha encargado de confirmar, y que es válido tanto en las operaciones militares de una guerra convencional como bajo las circunstancias de cualquier tipo de conflicto, como lo es el combate del gobierno mexicano a la delincuencia organizada.
De la misma manera cabe señalar que el delito de traición a la patria, o de “lesa nación”, está considerado en México y en todas las legislaciones del mundo como uno de los más graves y más severamente castigados, ya que atenta contra los intereses supremos de la nación, dado que la comisión de dicho delito está encaminado a la destrucción de la seguridad e integridad de la nación (soberanía, instituciones, orden constitucional), diferenciándolo del delito de rebelión que tiene otra naturaleza y origen.... (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Art. 22).
En el derecho positivo mexicano también existe el delito de colusión de funcionarios o servidores públicos, (Art.- 384 del Código Penal), que consiste en la concertación y apoyo de estos (complicidad o apoyo), en cualquier operación oficial para defraudar al Estado, entidad u organismo del Estado, interviniendo directa o indirectamente en concertación con los interesados, delito que se castiga penalmente.
Todo lo expresado anteriormente ha tenido como finalidad describir la situación existente en nuestro país, para tomarlo como base desde la cual se puedan encontrar soluciones posibles al problema que plantea el combate al crimen organizado, que se ha constituido como una amenaza a la seguridad nacional, y así poder reducirlo a un simple problema policiaco en su mínima expresión, ya que su eliminación absoluta sería imposible debido a la diversidad conductual existente en todo grupo humano, en donde siempre habrá un pequeño porcentaje de individuos sociópatas que carecen de valores y/o de inadaptados.
Al examinar la naturaleza de las actividades delictivas del crimen organizado valorando los daños a la gobernabilidad y sus costos sociales, encontramos que de entre todos ellos destacan en primer lugar la incertidumbre que coarta la posibilidad de que ocurra inversión empresarial (de todos los niveles y procedencia), que contribuye a la creación de fuentes de trabajo, así como al desarrollo y bienestar general, y en segundo lugar a la estabilidad institucional que se ve minada por los criminales y cómplices infiltrados en los órganos de justicia y/o en puestos de la administración pública, desde donde sabotean (actuando como “Quintacolumnistas”), los actos de gobierno y de justicia para anular la gobernabilidad institucional y facilitar la impunidad delincuencial.
De la misma manera es del conocimiento público que en algunas regiones del país la delincuencia organizada ha desplazado a las autoridades constitucionales y legítimas, convirtiéndolas en verdaderos “Feudos” donde imponen su ley e imponen sus gabelas a las poblaciones, como si se tratara de entidades autónomas y ajenas al Estado Mexicano.
Resumiendo todo lo anteriormente citado, se puede afirmar que el “Crimen organizado” actúa como un enemigo de México que busca suplantar su soberanía y la vigencia de nuestras leyes, doblegando la voluntad del gobierno constituido y sometiéndolo hacia sus intereses, al margen de la voluntad popular y democrática, actos delictivos de lesa nación que los califica como enemigos de México, y desde luego de nuestro estado de derecho y ajenos al bienestar general del pueblo mexicano... repito... ¡Son enemigos de México!... y constituyen una amenaza real a la Seguridad Nacional.
Ante esta situación y considerandos puede afirmarse que a los miembros del crimen organizado y a sus cómplices, infiltrados en los puestos públicos o en la administración de justicia, se les debe señalar como reos de “Lesa Nación” y “Traidores a la Patria”, a quienes se les debe aplicar las sanciones correspondientes a la gravedad de dicho delito, dado que sirviendo al crimen organizado atentan contra los intereses supremos de la patria, actuando para destruir la seguridad e integridad de la nación, así como a la soberanía, a las instituciones del Estado Mexicano y al orden constitucional, delitos que se encuentran plenamente tipificados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y citados en su Art.- 22.
JMRS
