Internacional - Política
Tribunal supremo decide que Lula puede ir a la cárcel
Ernesto Londoño y Shasta Darlington, The New York Times
BOA VISTA, Brasil – El máximo tribunal brasileño abrió paso para que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva pueda ser encarcelado por cargos de corrupción que pesan en su contra mientras apela estos, en un fallo con fuertes repercusiones políticas que podrían dejarlo fuera de la contienda electoral.
Hay más en juego que el futuro político y legal de Lula, de 72 años y quien es favorito en las encuestas de cara a las elecciones de octubre. La decisión respecto al exmandatario, quien acusa que los casos en su contra son un intento de dejarlo fuera de la boleta, posiblemente cause que muchos brasileños cuestionen la legitimidad de las elecciones.
El expresidente fue condenado en julio del año pasado por el juez Sérgio Moro tras acusaciones de que recibió un departamento de lujo con renovaciones por parte de la constructora OAS —como parte de la investigación conocida como Lava Jato— a cambio de favorecerla con contratos. En enero un tribunal regional de apelaciones refrendó la sentencia e incluso determinó que debía ser mayor: de casi diez años de cárcel a más de doce años. Su caso llegó al Supremo Tribunal Federal (STF) tras una solicitud de habeas corpus suya para llevar los siguientes procesos de apelación desde fuera de la cárcel.
Eso forzó a los magistrados a debatir una pregunta con implicaciones para decenas de otras personas poderosas que están bajo investigación por corrupción como parte de la Operación Lava Jato, incluido el actual presidente Michel Temer: ¿en qué momento de un proceso de apelación puede encarcelarse al sujeto?
“Este debate no es sobre un legado político”, recalcó el juez Roberto Barroso, uno de los magistrados que rechazó el habeas corpus para Lula, tras notar que el expresidente dejó el cargo con varios logros y altos índices de aprobación. “Se trata de si la jurisprudencia que establece la corte debe aplicarse a todos. Es una prueba de la democracia”.
Se prevé que el juez Moro emita una orden de arresto tan pronto como este jueves después de la decisión del STF.
La decisión del STF no inhabilita automáticamente a Lula de ser candidato.
El Tribunal Superior Electoral comenzará a revisar la elegibilidad de los aspirantes a mediados de agosto. Aunque se espera que no acepte la candidatura de Lula debido a la llamada Ley de Ficha Limpia con la que se descalifica a cualquiera que tenga una condena penal cuando esta ya fue ratificada por un tribunal de apelaciones.
Expertos legales dicen que el líder del Partido del Trabajo brasileño podría buscar revertir esa decisión si queda libre, pero un encarcelamiento lo vuelve prácticamente imposible.
“No crean que la lucha será fácil”, dijo Lula a partidarios en un mitin en Río de Janeiro el 2 de abril. “Está bien si perdemos una ronda, pero no podemos perder la voluntad de pelear”.
Si el tribunal permitía que Lula siguiera fuera de prisión, habría enardecido a los procuradores y jueces que han trabajado desde 2014 para eliminar los esquemas de sobornos que desataron la pesquisa de Lava Jato.
Los procuradores ven el caso de Lula como el de más alto perfil en su impulso de hace años para combatir la corrupción en el país; su trabajo respectivo tiene el respaldo de la mayoría de los brasileños. El martes hubo protestas multitudinarias en las que los manifestantes exigían mantener un fallo de 2016 que establece que un acusado puede ser arrestado en segunda instancia (ya que fue rechazada su apelación o la condena fue ratificada por un segundo tribunal). Más de cinco mil procuradores y jueces han firmado una petición con esta postura.
Sin embargo, los simpatizantes de Lula acusan que sacar de la contienda electoral al aspirante más popular es una afrenta a la democracia.
La magistrada presidenta del STF, Cármen Lúcia Antunes Rocha, pidió a todos mantener la calma en un discurso televisado el martes, antes de que se discutiera el tema en la corte.
“Vivimos en tiempos de intolerancia e intransigencia”, dijo. “Fortalecer la democracia brasileña depende de la unidad cívica para la coexistencia pacífica de todos. Se deben respetar las opiniones distintas”.
Miles de manifestantes en ambos lados del debate se reunieron en Brasilia para la sesión del miércoles.
La situación se ha ido acalorando conforme más se acerca la campaña. El pasado 27 de marzo fue baleado un autobús que era parte de la caravana de Lula después de un mitin en el estado sureño de Paraná. No hubo heridos.
Pese a su efecto político, las acusaciones contra Lula son apenas una parte pequeña de toda la investigación de Lava Jato.
Esta, que empezó en 2014 con una pesquisa aparentemente rutinaria de denuncias de lavado de dinero, ha resultado en la detención de decenas de empresarios poderosos y políticos de todo el espectro.
yoselin
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