Conmoción por asesinato de activista Samir Flores

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO.- El asesinato del activista Samir Flores, opositor a la construcción de la termoeléctrica La Huexca, en el estado de Morelos, a unos 80 kilómetros de la capital, agitó el ya polarizado ambiente político del país.
    
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó a las autoridades de justicia ir al fondo del caso, agotando "todas las líneas de investigación" posibles, por cuanto surgieron especulaciones de que el propio gobierno federal habría ordenado el crimen.
    
"(La CNDH) demanda a las autoridades correspondientes la indagación amplia, exhaustiva y profesional del homicidio de Flores, sin omitir ninguna línea de investigación que el caso amerite", señaló la oficina del Ombudsman en un comunicado.
    
El homicidio, perpetrado el miércoles, ensombreció la consulta ciudadana de este fin de semana en torno al proyecto de edificación la central, en el municipio de Yecapixtla.
    
Se trata de una obra de 700 millones de dólares iniciada en 2011, que produciría 622 megawatts de electricidad, la cual sin embargo no ha podido avanzar por la férrea oposición de los pobladores.
    
Los habitantes de la región por donde pasará el gasoducto que alimentará de energía a la planta creen que contaminará ríos, manantiales y mantos freáticos.
    
Samir Flores, uno de los opositores al Proyecto Integral Morelos, del que forma parte la central, fue asesinado a balazos por un desconocido que irrumpió en su propia vivienda en la comunidad de Amilcingo, en la zona oriente de Morelos.
    
En estado gravísimo, el activista fue trasladado al Hospital Comunitario de Jonacatepec, donde finalmente murió mientras recibía las primeras asistencias. Grupos ambientalistas de la zona como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, al que pertenecía la víctima, se oponen bajo el argumento de que se ubica "en una zona de riesgo volcánico y sísmico".
    
El denominado "ejercicio participativo", que organiza el ministerio de Gobernación, será realizado los días 23 y 24 de febrero en 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala, donde se instalarán 147 mesas de votación.
    
El titular de la fiscalía local, Uriel Carmona, descartó que el asesinato del líder comunitario esté relacionado con su activismo contra la termoeléctrica, que suministraría energía a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, pero la defensoría del pueblo sugirió no descartar ninguna hipótesis.
    
La CNDH demandó que el caso "no quede en la impunidad", y solicitó al gobierno federal y al de Morelos que brinden "medidas cautelares a los familiares del activista asesinado para salvaguardar su integridad" y ante el riesgo que corren sus colaboradores y personas cercanas a la víctima.
    
El presidente Andrés López Obrador lamentó el "reprobable y lamentable" asesinato del activista y dueño de una radio comunitaria, que había realizado una intensa campaña contra la termoeléctrica y se oponía a la consulta convocada para este fin de semana sobre el tema. "Se trata de un crimen vil y cobarde", dijo López Obrador, quien pidió "esperar a tener más información e investigar para que se esclarezca" el caso.
    
Sin embargo, López Obrador indicó que la consulta sobre la termoeléctrica cuya construcción corre a cargo de la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE), "va a continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea y se informó a la gente".
    
"No podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrendo crimen", afirmó López Obrador, quien consideró que posiblemente el propósito del homicidio era "afectar la realización de la consulta".
    
Los senadores oficialistas Salomón Jara y Lucía Meza, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) calificaron de provocación el asesinato y estimaron que hay "intereses externos" que pretenden desestabilizar al Estado.
    
Se pretende romper "la paz y la tranquilidad" e inhibir la participación en este "ejercicio democrático", indicaron.

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