Calamidades
Un millar de desapariciones: el legado político en un paraíso turístico mexicano
Por GEORGINA ZEREGA | El País
Tepic/Bahía de Banderas (México) 20 AGO 2019 - 00:07 CEST El nombre de Edgar Veytia aún eriza pieles en Nayarit. El día que Estados Unidos detuvo al exfiscal mexicano, en prisión desde hace dos años por narcotráfico, el pequeño Estado occidental de México se volvió una fiesta. Bajo el mandato del procurador de justicia, esa entidad se había convertido en un reino de secuestro, despojo y extorsión a manos de las propias autoridades. La detención ese 28 de marzo de 2017 llevó a muchos a creer que el fin del “régimen del terror” había llegado. “Cuando detienen a Veytia, esto fue un carnaval”, recuerda la activista Marielza Izurieta, "todos le teníamos mucho miedo". El escenario, sin embargo, ha cambiado poco desde ese día de celebración. El cuarto Estado menos poblado registró solo en el último año y medio 984 denuncias por desaparición.
Nayarit ha intentado lavar su cara más violenta. Pese a algunas pocas señales dadas por la Administración del actual gobernador, Antonio Echeverría (PAN), la Fiscalía no ha sido capaz de poner un freno a las desapariciones. En 2018 fueron registradas 664 denuncias y en los primeros seis meses y medio de 2019, otras 320 personas desaparecieron. La violencia propia del enfrentamiento entre carteles que había azotado al Estado disminuyó cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se comenzó a dominar la zona hace un año. Pero el mecanismo de extorsiones y despojos impuesto por Veytia no ha dejado de funcionar, explica Santiago Pérez, presidente del colectivo Familias Unidas. “Se calmaron las balaceras pero sigue habiendo ejecuciones y levantones, y se lo siguen atribuyendo a gente armada en vehículos de la Fiscalía”, dice.
La llegada de Roberto Sandoval (PRI) al Gobierno estatal en 2011 fue un parteaguas para Nayarit, con uno de los paraísos turísticos más importantes del país. Pérez explica que, junto a Sandoval, llegaron el exfiscal Veytia y una veintena de policías de su confianza. “A partir de ahí empezaron los despojos, los rumores de secuestros y una serie de personas reportadas como desaparecidas”, asegura. El recuento de las desapariciones que llevan las organizaciones locales alcanza las 1,200 y la mayoría de los testimonios señalan hacia un mismo responsable: las autoridades del Estado en conjunto con el crimen organizado. “La Fiscalía hacía supuestas detenciones, pero cuando las familias iban a la policía a preguntar, les respondían que allí no estaban”, asegura Pérez, “esas personas que habían sido detenidas aparecían dos o tres días después muertas en caminos o cosechas”.
“Se metían con todo, absolutamente con todo”, explica Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad en Nayarit. La codicia de la Fiscalía de Veytia alcanzaba desde la venta de permisos para el narcomenudeo hasta el comercio del camarón. El gran problema se dio con las tierras. Para ese entonces, el desarrollo de la Riviera Nayarit había convertido el lugar en uno de los puntos turísticos más importantes de México y el negocio inmobiliario en las paradisíacas playas había elevado exponencialmente el precio de los terrenos. “Todos los fines de semana la policía detenía a jóvenes, los investigaban y, si sus familias tenían casas, iban a la cárcel”, relata González Barrios. “Hasta que no les entregaban los bienes no salían”, afirma sobre uno de los supuestos mecanismos aplicados por el exprocurador.
Los relatos sobre Veytia tienen un factor común muy específico: todas las negociaciones las hacía con su pistola sobre el escritorio. Así fue como José Cruz Corchado, una de las víctimas del exfiscal, aceptó entregarle una propiedad en octubre de 2011. “Edgar Veytia mandó a la policía a buscarme”, asegura. “Me dijo: ‘quiero platicar con usted porque quiero que me venda un terreno”. Corchado había heredado de su abuelo un predio en Tepic, la capital de Nayarit, que con los años quedó situado en medio de la ciudad. “Me dijo: ‘Le voy a dar tanto dinero, y si no quiere, de todos modos me voy a quedar con el terreno”. La víctima asegura que Veytia nunca le pagó lo acordado. A cambio le dio dos casas confiscadas al crimen organizado. “Firmé las escrituras porque me dijo que si seguía reclamando nos iban a colgar a mí y a mi hijo de un puente”.
La repetición de los señalamientos contra las autoridades estatales ha forzado a la Fiscalía a admitir en un comunicado emitido el pasado sábado la participación de las fuerzas de seguridad de Nayarit en desapariciones. “No se puede saber con certeza, porque hay grupos criminales que consiguen los logos oficiales [para hacerse pasar por la policía]”, ha justificado la fiscal especializada en desapariciones del Estado, Yayori Villasana.
El límite entre la Procuraduría estatal y el crimen organizado quedó desdibujado en los años de Veytia. El propio exfiscal reconoció ante una corte en Estados Unidos haber trabajado junto al cartel de turno en los años que ocupó la Fiscalía. Primero fue el de Sinaloa, después Beltrán-Leyva, Los Zetas y, en los últimos meses antes de la detención, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que actualmente domina la región.
Según los datos oficiales de la Fiscalía Estatal, durante los primeros cuatro años que el exprocurador estuvo a cargo solo se radicaron 48 denuncias por desaparición. Tanto el exfiscal como Sandoval utilizaron esas estadísticas para escudarse bajo la idea de que esa entidad era una de las más seguras de México. Pero a partir de la detención, las denuncian se dispararon hasta alcanzar las 339 en 2017. “De cada 10 desapariciones, cinco no se denunciaban”, asegura Pérez. “Les decían a sus familias que si denunciaban volvían por otro miembro”.
Un criminal con poder notarial
La descripción de los peores años de Nayarit se repite a lo largo del Estado. Pero la crueldad de los relatos se intensifica en Bahía de Banderas, un municipio costero con decenas de complejos hoteleros de lujo. González Barrios asegura que la mayoría de los despojos y desapariciones se concentraron en la costa pacífica porque “ahí los terrenos eran muy caros”. El negocio inmobiliario de Veytia había evolucionado al punto de que el propio Sandoval le otorgó en enero de 2016 una notaría en ese municipio para gestionar la parte burocrática de los despojos. Apenas el viernes 16 de agosto, más de dos años después de su detención, el Gobierno local le removió el poder notarial. “Es una zona muy riesgosa, por un lado se ve el turismo y la cara bonita, pero la otra parte es muy complicada”, señala.
Los gestos más claros que ha dado el Gobierno local hasta ahora han sido la apertura de una fiscalía especializada en desapariciones y la fulminación de la notaría de Veytia. A pesar de esto, el Gobierno, que tomó posesión a finales de 2017, ni siquiera se había dispuesto a investigar hasta hace muy poco los delitos cometidos por el exfiscal. "Tenemos 17 carpetas de investigación contra Veytia y 11 contra Sandoval", anunciaron el pasado sábado ante la presión de la prensa, pese a confirmar la semana anterior a este periódico que no existía ninguna indagación.
El jaleo turístico y el clima vacacional no alcanzan a cubrir el ambiente de temor que atraviesa a la carretera que va de la zona de playas a Tepic. En ese camino, en un pueblo llamado Las Varas, desapareció en mayo Alexander López, el joven que le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador cinco días antes del levantón. En ese mismo camino, en el municipio Xalisco, familiares de víctimas encontraron una fosa con 21 cuerpos el pasado abril. Tres horas de viaje que separan la costa de la capital del Estado por un sombrío recorrido marcado por un legado llamado "el régimen del terror”.
regina
