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Nuevos datos en caso Ayotzinapa sobre estudiantes desaparecidos
Por MARÍA VERZA
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas obtuvieron nuevos datos que podrían ayudar a saber el destino de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos hace cinco años en el sur de México y, por eso, han iniciado una búsqueda en basurero distinto al que concentró en un inicio la atención de los investigadores.
La abogada colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que da apoyo técnico al actual gobierno mexicano en sus investigaciones, dijo a The Associated Press que el nuevo basurero “está en el epicentro de la acción” tras la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014, y aunque no dio más detalles dijo que podrían obtenerse datos relevantes.
“Va a ser un golpe para los padres cualquier información que salga de ahí”, dijo Buitrago, quien también fue parte de un primer equipo de expertos de la CIDH que tras indagar el caso entre 2015 y 2016 echó por tierra la versión oficial de los hechos sostenida por el anterior gobierno mexicano, en la que se aseguró que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la localidad de Cocula, en el estado sureño de Guerrero, y sus restos esparcidos en un río cercano.
El nuevo basurero se localiza en la comunidad de Tepecoacuilco, también en Guerrero, pero en dirección contraria a Cocula en una de las posibles rutas que, según el informe de la CIDH, podrían haber tomado los secuestradores de los muchachos.
Buitrago dijo que corresponderá a las autoridades mexicanas informar sobre cualquier dato concreto que resulte de las investigaciones en ese basurero y recordó que ya se había buscado en otros puntos Tepecoacuilco sin hallar nada relevante.
Tanto la antigua como la nueva fiscalía han hecho diversas búsquedas infructuosas a lo largo de estos cinco años en diversos puntos de Guerrero. También han sido continuas las manifestaciones y protestas de los padres exigiendo justicia y que se llegue a la verdad.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados en la ciudad de Iguala por policías locales, quienes los entregaron a miembros del crimen organizado. Según la tesis defendida por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), esas personas trasladaron a los jóvenes al basurero de Cocula, 20 kilómetros al suroeste de Iguala, donde fueron incinerados y sus restos arrojados a un río cercano.
No obstante, el primer grupo de expertos de la CIDH determinó que no había pruebas que acreditaran esa versión, basada en testimonios obtenidos mediante tortura, y denunció la existencia de irregularidades y obstrucciones a la justicia, problemas en el debido proceso que luego fueron avalados por equipos de Naciones Unidas y por la propia justicia mexicana, que en junio de 2018 ordenó reponer toda la investigación porque “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.
De hecho, esos vicios en el proceso han hecho que prosperen una multitud de amparos y que más de 70 de los 143 detenidos vinculados al caso hayan sido liberados, entre ellos, algunos de los principales sospechosos.
Según Buitrago, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha avanzado “en propiciar espacios de apertura”, como la comisión de la verdad creada en enero, para que personas clave en el momento de los ataques cuenten su historia, y la fiscalía ya ha abierto una investigación por presuntas responsabilidades penales del antiguo jefe de las pesquisas, Tomás Zerón, y otros investigadores aunque todavía no ha fincado ningún cargo contra ellos.
La fiscalía no quiso hacer ningún comentario sobre este punto, pero el martes por la noche anunció en un comunicado que se había citado a declarar al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien fuera su secretario de seguridad pública, y el fiscal cuando ocurrieron los hechos y que lo harán la próxima semana.
Todos ellos ya han declarado en la comisión de la verdad.
La fiscalía indicó también que posteriormente, “se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso”, que no mencionó por nombre, pero el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, había anunciado recientemente la intención de que entre los investigados estuviera el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial luego desacreditada internacionalmente.
Los abogados de los padres de los desaparecidos indicaron recientemente que se había conseguido información valiosa de nuevos testimonios proporcionados por la Policía Federal, algunos de cuyos agentes estuvieron presentes en el lugar de los hechos pero denunciaron que el ejército sigue todavía sin contestar más de un centenar de preguntas sobre los hechos ya que también hubo militares en los escenarios de los ataques a los estudiantes.
Una de las líneas de investigación que estaba pendiente de profundizarse era la conexión del caso con el tráfico de droga desde Iguala a Chicago. En este sentido, la fiscalía dijo tener pruebas de telefonía que ahora pretende que se analicen “en toda su magnitud”.
Además de los 43 estudiantes desaparecidos, el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas en la serie de ataques coordinados en distintos puntos de Iguala que supusieron uno de los crímenes de mayor impacto de la historia reciente del país.
Jamileth
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