Vox Populi
Evo Morales pone en riesgo la soberanía
Por Beatriz Pagés | Revista Siempre
¿Quién es realmente Evo Morales?
El gobierno de la 4T le ha concedido asilo asegurando que se trata de un demócrata y luchador social, víctima de un golpe de Estado.
Altos funcionarios del gobierno boliviano, presidentes y expresidentes latinoamericanos, la Organización de Estados Americanos y periodistas de la región lo acusan de ser un dictador, represor de sus hermanos indígenas e incluso de estar vinculado a la producción y tráfico de cocaína.
Arturo Murillo, ministro del Interior del gobierno provisional de Bolivia, denunció hace unos días que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, estudió para piloto en ese país bajo la protección del gobierno de Evo. Prueba de ello es que contaba con una credencial para tener libre acceso a la Asamblea Legislativa.
Iván Archivaldo es una de las piezas clave del cártel de Sinaloa. Washington lo acusa de introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos.
A él se le atribuye la “negociación” que hizo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que el Ejército dejara en libertad a su hermano Ovidio Guzmán, aprehendido por los militares el 17 de octubre pasado en el fallido operativo de Culiacán.
Distintas fuentes periodísticas señalan que El Chapare, la región cocalera que está bajo el control político de Evo Morales, está dedicado a la producción ilegal de cocaína. Indican, incluso, que gran parte de esa droga se vendía al cártel del Chapo Guzmán.
Uno de los pasajes más llamativos del gobierno “evista” tiene que ver con la construcción de una carretera que ha sido rechazada abiertamente por varias comunidades indígenas y que tiene o tenía como única finalidad multiplicar las plantaciones de hoja de coca, acelerar la producción ilegal de droga e impulsar su comercialización.
Cabe entonces hacer la pregunta: ¿a quién ha concedido asilo el gobierno de México?
Evo Morales ha sido acusado formalmente en su país por sedición y terrorismo. Incluso Estados Unidos, a través de su embajador ante la OEA, pidió a México investigar la veracidad del audio donde se escucha al expresidente de Bolivia ordenar –desde la CDMX– a un dirigente cocalero bloquear las ciudades para impedir que lleguen agua y alimentos.
Carlos Trujillo, el representante norteamericano ante la Organización de Estados Americanos, dejó ver que México está violando la Convención de Viena al permitir que un extranjero, asilado en el país, utilice el territorio para promover la violencia en Bolivia.
Es decir, México tiene bajo su protección a un personaje al que le sobra currículum para que Estados Unidos lo pueda catalogar en cualquier momento como un narcoterrorista, sobre todo, después de que el presidente Trump aceptó iniciar el procedimiento para que los cárteles mexicanos sean tipificados así.
Lo relevante en todo esto es que la política exterior de la 4T está resultando ser un serio peligro para la seguridad y la soberanía del país.
Los “vende patrias” no son, por cierto, los integrantes de la familia Le Baron que están exigiendo la cooperación México-Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes. Los “vende patrias” son quienes dan asilo a un activista extranjero dedicado a convertir México en plataforma para la desestabilización internacional.
regina
