Calamidades
¿Quién le cree al policía feroz?
Antonio Ortuño, El País
El durísimo estallido social que se produjo en Estados Unidos luego del asesinato de George Floyd, un afroamericano de 46 años, a manos de agentes municipales de Minneapolis, ha llevado a la brutalidad policiaca al centro de la discusión pública mundial. Algunos querrán explicar con el revuelo que ocasionaron esas protestas la virulencia de las que se desataron la semana pasada en Guadalajara, México, luego de revelarse que Giovanni López, un hombre de 30 años, fue torturado y asesinado a golpes por agentes municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (localidad conurbada de Guadalajara), durante un operativo de vigilancia para apuntalar las medidas de distanciamiento ante la covid-19. Pero el hartazgo social ante los abusos, la corrupción y la ineficacia de las policías es viejo y profundo y atribuirlo a una moda de redes sociales (el infaltable “tren del mame”) es, directamente, no entender nada.
No hace falta ser un experto en las ideas de Michel Foucault, el mayor crítico de los alcances represivos del Estado moderno, para entender el motivo de que la mayor parte de los mexicanos desconfíen de las fuerzas policiales del país. Tampoco puede ponerse en duda que ese recelo es robusto y se actualiza día con día: la encuestadora Consulta-Mitofsky presentó en enero de este año su más reciente estudio sobre la confianza nacional en las instituciones y, en él, la policía aparece en el lugar catorce de las diecinueve entidades consideradas, con una calificación promedio entre los entrevistados de 5,7 sobre 10, que la consultora etiqueta como “bajo”. El estudio lleva ya quince años realizándose y la policía ha aparecido en ese mismo rango “bajo” en quince ocasiones. Solo en la medición de agosto de 2006 (hace ya catorce años) mereció ser calificada como “media”.
Pero más allá de esos datos numéricos, resulta obvio que la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos tenemos una mala imagen de las diversas corporaciones policiacas, de todos niveles, por experiencia y no por azar. ¿Quién no ha padecido o conoce de primera mano un incidente que involucre “mordidas” (es decir, peticiones de soborno) de oficiales de tránsito, o detenciones arbitrarias por parte de los municipales, o abusos de poder de los estatales y federales, o violencia verbal y física por cuenta de todos? ¿Quién no se estremece ante las siniestras sombras de esos cuerpos ya desaparecidos, pero que por años fueron muy poderosos y estuvieron muy bien respaldados por funcionarios de todos los colores, como la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Judicial Federal o la Agencia Federal de Investigación (vaya florilegio de siglas nefastas, consignadas una y otra vez en expedientes de indagaciones en torno a corrupción, matanzas, crímenes y toda clase de actividades represivas: DFS, PJF, AFI...)?
No nos engañemos: los esfuerzos que han realizado desde hace algún tiempo ciertos medios y “líderes de opinión” para lavarle la cara a los cuerpos policiacos tienen que ver con las estrategias de comunicación y “control de daños” de estos y no con ninguna clase de pruebas fehacientes de mejora o reforma. Pero las sombras no están ni cerca de aclararse ¿Qué une asesinatos por abuso de poder, como el de Giovanni López, con crímenes colectivos como el que se cometió contra los estudiantes de Ayotzinapa, o delitos sistemáticos, como el apoyo logístico perenne a organizaciones criminales en amplias zonas del país? La participación de policías. ¿Qué cantidad de los cotidianos detenidos por crímenes violentos son parte de los cuerpos uniformados o ex integrantes de estos? Una multitud.
Claro: tampoco resulta extraño que, en el estudio de Consulta Mitofsky, las únicas entidades que levantan más suspicacias entre los ciudadanos que los policías sean algunos de sus jefes y animadores: los partidos y los legisladores, por ejemplo. Es decir, los políticos. Estos aparecen en el fondo del ránking de confianza. Porque los agentes y sus mandos podrán ser todo lo turbios que queramos, pero por encima de ellos hay responsables superiores. Los autores intelectuales, podría decirse, en jerga policiaca…
JMRS
