La Fiscalía mexicana se enfrenta al difícil reto de recuperar el dinero de los sobornos en el ‘caso Lozoya’

David Marcial Pérez | El País

Andrés Manuel López Obrador ha repetido con insistencia que espera que a partir del juicio a Emilio Lozoya “se pueda recuperar lo robado”. La narrativa del presidente, que aspira a sacar todo el rédito político posible elevando el caso del exdirector de Pemex a ejemplo de su batalla anticorrupción, corre de todas maneras en paralelo a los avances y posibilidades jurídicas de la investigación. Y las garantías para que Lozoya, acusado por los exdirectivos de Odebrecht de haberse embolsado más de 10 millones de dólares, devuelva el dinero de los sobornos o que los jueces lo obliguen a una reparación del daño a través de un pago importante son de momento una incógnita.

Tras su mediática extradición, su internamiento en un hospital y el retraso en declarar ante los jueces, Lozoya ha sido finalmente imputado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El tribunal aceptó las medidas cautelares pactadas por las partes y el exdirector de la petrolera estatal, tras salir el sábado del hospital, aguardará en su casa la próxima vista, prevista para enero de 2021.

Mientras tanto, la defensa seguirá negociado con la Fiscalía la continuación del acuerdo que ya alcanzó tras ser detenido en España. Sus abogados pusieron sobre la mesa durante las dos audiencias de la semana pasada la figura del criterio de oportunidad. Un recurso que podría derivar en que se retiren los cargos y Lozoya quede en libertad, siempre y cuando el exdirector de Pemex aporte ante la Fiscalía datos y nombres suficientes como para poder procesar a sus superiores, es decir, la cúpula del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Otra opción es que Lozoya acepte, al menos en parte, su culpabilidad y consiga una reducción de la pena. O que directamente el juicio avance por las vías tradicionales hasta llegar a una sentencia. En todos los casos, la piedra en el camino es la dificultad de cuantificar el golpe de los delitos al interés público para después poder establecer la compensación del daño.

“Para poder aplicar el criterio de oportunidad, se exige como requisito que se pague una reparación del daño. Aquí el reto sería para la Fiscalía, que tendría que calificar un delito como el de cohecho en términos de afectación y reparación. Esto es algo que se realiza muy poco en México. Hay incluso expertos que interpretan que este tipo de delitos no son susceptibles de reparación”, apunta Estefanía Medina, abogada y cofundadora de la organización Tojil, que ha seguido de cerca juicios de políticos acusados de corrupción en México, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Las hipótesis de que Lozoya acepte su culpabilidad en el marco de un procedimiento abreviado, o que el juicio siga su curso hasta el final van perdiendo fuerza ante el avance de las negociaciones entre la Fiscalía y la defensa. “En estos casos el juez tendría más recursos a la hora de llevar a cabo la cuantificación. Mediante el desahogo de pruebas se podrían exigir dictámenes de expertos o providencias precautorias para garantizar el monto del daño”, añade Medina.

El juicio a Duarte, procesado por un desfalco millonario de recursos públicos, es el antecedente más cercano de un caso de corrupción de servidores públicos. Y su resolución no invita al optimismo. El juicio terminó hace dos años en un pacto que propició una sentencia de nueve años de prisión y 58,000 pesos de multa (unos 2,600 dólares) por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. En un primer momento, la sentencia incluía el decomiso de 40 propiedades del político. Pero, finalmente, el embargo fue revocado al considerar que los inmuebles son propiedad de terceras personas que aún no han sido condenadas.

En el caso de Lozoya han aflorado al menos dos inmuebles relacionados con la trama corrupta. Una primera residencia de 1.165 metros cuadrados comprada por casi tres millones de dólares a finales de 2012 en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares, en la capital mexicana. Y otra mansión de lujo en Ixtapa, en la costa de Guerrero, adquirida por 1,9 millones de dólares apenas unos días después de que Pemex autorizara la compra de una planta de fertilizantes que resultó finalmente ser una empresa chatarra comprada a sobreprecio a Altos Hornos de México. Las investigaciones de la Fiscalía ha detectado que el pago de ambas casas se llevó a cabo a través de transferencias de una cuenta en Suiza a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los canales por los que supuestamente Lozoya desvió los sobornos tanto de Altos Hornos como de Odebrecht con la colaboración de su esposa y de su hermana.

“Estos inmuebles puede que finalmente sean decomisados porque parecen estar directamente relacionados con los desvíos. Veo más complicado el caso de las cuentas. Habría que demostrar a dónde llegó ese dinero”, apunta Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “Me preocupa en todo caso el tipo de delitos que finalmente se le han imputado. La Fiscalía descartó el enriquecimiento ilícito seguramente porque se trata de un delito grave que obliga a prisión preventiva y haría más difícil la negociación”.

Tanto su esposa, como su madre y su hermana están acusadas también de formar parte de la red fraudulenta que ocultó por diferentes cuentas bancarias los 10,5 millones dólares que presuntamente Odebrecht pagó a Lozoya a cambio de tratos de favor. Según la imputación, las tres mujeres habrían tratado de ocultar el origen ilícito de 3,4 millones de dólares, parte de los cuales fueron destinados a la compra de la mansión en Ixtapa. Aunque, de momento, solo la madre, Gilda Margarita, ha sido detenida y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria. La hermana y la esposa se encuentran prófugas de la justicia.

Jamileth

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