Tras Bambalinas
Odebrecht en México: anatomía de una trama
CRISTIAN MÁRQUEZ ROMO | Política Exterior
La corrupción política puede convertirse en una forma de gobierno; aquella en la cual, en última instancia, quienes deciden sobre lo público lo hacen sin presentarse a las elecciones.
En 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República (FGR), abrió un expediente a Emilio Lozoya, en ese momento director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Lozoya había sido acusado por tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht de recibir alrededor de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016. Prófugo de la justicia desde mayo de 2019, tras la emisión de una ficha roja de la Interpol y su inhabilitación por parte de la secretaría de la Función Pública, Lozoya fue detenido por la Policía Nacional española en febrero de 2020 en Málaga, en la urbanización de Benahavís, una de las zonas más exclusivas del país, donde residen mayoritariamente extranjeros con grandes fortunas. Después de permanecer en la prisión de Navalcarnero, el 29 de junio aceptó ser extraditado a México, bajo la figura de testigo colaborador, un esquema de cooperación a cambio de ofrecer información sobre la presunta implicación de sus superiores jerárquicos en distintas tramas de corrupción, algunos de los cuales, investigados por lavado de dinero y desvío de recursos, podrían ser muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-18).
Lozoya se acogió a un procedimiento formal para colaborar con la FGR como testigo para ofrecer información veraz que ayude a la captura de los responsables en el caso Odebrecht. Este procedimiento recuerda al utilizado en casos como el de Edgar Villarreal (alias La Barbie), quien fungió como informante de la DEA entre 2008 y 2010 y señaló directamente a expresidentes como Felipe Calderón (2006-2012), cuyo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, artífice de la llamada “guerra contra el narcotráfico” (que disparó la violencia a niveles nunca antes visto en el país desde que existen cifras), se enfrenta hoy a un juicio en Nueva York tras ser acusado por la justicia estadounidense de proteger y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
“El cerco sobre Peña Nieto se ha estrechado por razones naturales”, dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El 11 de agosto la Unidad de Documentación y Análisis de la FGR recibió formalmente la denuncia de Lozoya, en la cual pretende aportar información sobre ‘‘los sobornos entregados por Odebrecht en México, y cómo ese grupo o persona jurídica de corte empresarial sobornó al gobierno mexicano, a su presidente, su secretario de Hacienda y al poder legislativo”. Además, Lozoya califica al expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) como ‘‘comisionista y cabildero del PAN’’.
Pese a que México recibió una cantidad menor en sobornos de Odebrecht en comparación con países como Brasil, Venezuela, Argentina o Perú, entre otros, algunos de estos sobornos, dadas las fechas señaladas por los exdirectivos de la constructora brasileña, coinciden con la campaña electoral que le devolvió al PRI la presidencia de la República en 2012, después de dos sexenios en la oposición. Ese año Lozoya formaba parte del consejo de administración de la constructora OHL, cargo al que renunció para incorporarse como coordinador de asuntos internacionales. Según el testimonio de Lozoya, las cantidades destinadas a la campaña habrían sido mayores a lo apuntado previamente, y señaló de manera formal al expresidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de usar alrededor de 4,4 millones de dólares del caso Odebrecht para contratar asesores internacionales y, posteriormente, 5,3 millones para comprar el voto de cinco senadores y un diputado a favor de la reforma energética, así como 8,9 millones para “dirigirlos” a una supuesta reforma electoral.
La polémica generada por estos señalamientos alcanzó al Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo titular en ese momento, Leonardo Valdés, dijo que la elección de 2012 fue “profesional, cuidadosa, con compromiso democrático y apegada a derecho”. Estas declaraciones podrían tener un impacto sobre la confianza y credibilidad del órgano electoral por parte de la opinión pública.
De acuerdo con Carlos Fadigas, delator ante la justicia brasileña para esclarecer el caso Lava Jato, Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, acompañó “de tiempo completo” a Peña Nieto en su campaña presidencial. Este último se reunió con Marcelo Odebrecht, hoy condenado a prisión por corrupción, por lo menos en cuatro ocasiones –tres de ellas antes de ocupar la presidencia–, pese a que posteriormente las fotos de aquellos encuentros serían borradas del portal de la presidencia. Después de su segundo encuentro, el empresario brasileño se reunió también con el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy detenido por acusaciones de corrupción, y un día antes visitó, acompañado por el propio Fadigas, al entonces presidente Felipe Calderón, en la anterior residencia presidencial, Los Pinos.
Red de corrupción
Los 10 millones de dólares en sobornos señalados por los tres exdirectivos de Odebrecht penetraron en múltiples niveles al poder político en México, involucrando a tres presidentes, gobernadores, exgobernadores y legisladores federales, entre otros funcionarios, a los que se suman empresarios y compañías –tanto reales como fachada– ligadas a una compleja trama en lo que parece ser un esquema de corrupción transexenal que implicó diversos pagos a funcionarios, pero que en su mayoría corresponde a pérdidas directas al patrimonio nacional como consecuencia de las decisiones tomadas por este fraude.
Pese a que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, calificó el caso de Odebrecth como “un asunto de Estado”, señalando que se tiene que dar a conocer públicamente la denuncia presentada por Lozoya, así como cada uno de los implicados, el caso trasciende la trama de corrupción de Odebrecht. Además de los sobornos presuntamente utilizados para campañas electorales y para sobornar a legisladores en la aprobación de la reforma energética, Lozoya ha sido acusado en casos como Agronitrogenados o Fertinal. Estas empresas fueron compradas por Pemex durante su gestión, pese a que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, llevaban más de 14 años sin operar y tenían el 60% de su maquinaria en estado inservible, provocando gastos y pérdidas a la petrolera por alrededor de 1,400 millones de dólares. En el primer caso, se acusa a Lozoya de haber recibido sobornos de hasta 3,4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México, lo que trajo como beneficio la venta a Pemex de su planta Agronitrogenados a un precio sobrevaluado. En el segundo, Pemex compró durante la gestión de Lozoya la empresa Grupo Fertinal de manera irregular, al pagar un sobreprecio cercano a los 620 millones de pesos. Recientemente, el caso Etileno XXI involucra al expresidente Calderón, en una operación para beneficiar a las empresas Braskem e Idesa (propiedad de la familia de uno de los subsecretarios de gobierno del expresidente), permitiéndoles comprar a Pemex etano barato desde 2015, lo que representó una pérdida de mil 935 millones de pesos para la petrolera.
Una denuncia presentada en 2018 por Alfredo Figueroa Fernández y Paulo Díez Gargari por el posible desfalco a Pemex, señala que “no se trata de hechos aislados, sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y la economía nacional”. Gargari sostiene que hay un pacto de impunidad entre las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Y añade que, además de representar la cara más visible de las operaciones de Odebrecht en México, los proyectos de infraestructura a los que se encuentra vinculado Lozoya son “mecanismos permanentes de financiamiento ilegal de campañas políticas”.
Además de mostrar el enriquecimiento ilícito en una innumerable cantidad de casos, estas complejas tramas de corrupción ejemplifican el objetivo final de utilizar el financiamiento irregular para incidir en las campañas electorales y, por tanto, en la gestión de lo público. Durante su administración, Peña Nieto aseguró que la corrupción era un asunto “cultural”. Pero es algo que va más allá: la corrupción y sus instituciones informales son un fenómeno histórico, social y político que puede traducirse en “prácticas regularizadas de apropiación de recursos públicos en beneficio particular que han devenido en reglas y expectativas para un grupo de actores, y que en caso de no ser cumplidas acarrean una sanción no oficial de parte de al menos un actor u organización”. Dentro de los distintos tipos de corrupción, la corrupción política puede convertirse en una forma de gobierno; aquella en la cual, en última instancia, quienes deciden sobre lo público lo hacen sin presentarse a las elecciones.
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