Sebastián Piñera destituye al jefe de la policía, icono de la represión en el estallido social en Chile

Pablo Cádiz | El País

Santiago de Chile - Una nueva crisis se convirtió en el tiro de gracia para Mario Rozas, hasta este jueves director de Carabineros de Chile. La salida del general ocurre después de un incidente en un hogar para menores de edad en la ciudad de Talcahuano, a 429 kilómetros de Santiago, donde agentes de la policía dispararon a dos jóvenes de 16 y 14 años. El episodio, aún bajo investigación, detonó la salida de Rozas, cuya permanencia en el cargo se hacía insostenible desde hace meses, en medio de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos por parte de organismos como Human Rights Watch.

La imagen del general estaba rodeada de acusaciones de abusos policiales y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones sociales que estallaron en octubre del año pasado. Hasta marzo de este año se registraban 493 denuncias relacionadas con diversos delitos cometidos por agentes policiales, de las cuales 444 pertenecían a Carabineros. Dentro de este escenario se encuentran los 343 casos de traumas oculares provocados por el uso de escopetas antidisturbios, los que llevaron a la institución a modificar sus protocolos y al Gobierno a crear una unidad especialmente dedicada a dar atención a personas que perdieron la visión durante las protestas.

La actitud desafiante de Rozas y su respaldo incondicional a sus tropas -negó violaciones a los derechos humanos y llegó a decir que ningún funcionario sería dado de baja en el contexto del estallido social- se fueron convirtiendo en un río cada vez más turbulento. A principios de octubre, en la antesala del primer aniversario del “estallido social”, el general enfrentó un grave episodio luego que un joven de 16 años resultara herido al caer al lecho del río Mapocho, el principal de la capital, al ser embestido por un efectivo de Fuerzas Especiales, la unidad con la que Carabineros enfrenta las protestas. En un primer momento, la policía negó “rotundamente” que un funcionario hubiera empujado al menor, al mismo tiempo que las imágenes del incidente circulaban por redes sociales y contradecían la versión oficial. Horas después, los agentes hablarían de un “accidente”, lo que fue descartado más adelante por la investigación de la Fiscalía, que formalizó al funcionario por homicidio frustrado.

Rozas enfrentó críticas además por autorizar un cambio de nombre a una academia de formación de uniformados en honor al exdirector de Carabineros, Rodolfo Stange. El acto fue calificado como una “provocación” por agrupaciones de derechos humanos, quienes recordaron que sobre el exgeneral recaían acusaciones de incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia en el denominado Caso Degollados, donde tres militantes del Partido Comunista fueron secuestrados y posteriormente asesinados por funcionarios policiales.

Aunque las circunstancias de la agresión en el orfanato el miércoles son materia de investigación, hasta el momento se sabe que el incidente ocurrió la tarde del miércoles luego que se solicitara la presencia de funcionarios policiales para abordar el caso de un menor que se había descompensado. De acuerdo a la institución policial, al llegar al lugar un grupo de menores comenzó a agredirlos con piedras, lo que llevó al sargento John Mograve a efectuar tres disparos con su arma nueve milímetros. Los heridos se encuentran hospitalizados y uno de ellos fue sometido a una cirugía, pero se encuentra fuera de riesgo vital.

De esta forma, lo ocurrido con los menores de edad en Talcahuano configuró un escenario donde, esta vez, ya no era posible mantener a Rozas en el cargo. Las primeras señales se dieron durante la tarde del miércoles, donde el presidente Sebastián Piñera canceló su participación en una actividad junto al jefe policial. Según se explicó desde La Moneda, el mandatario estaba “concentrado” en esclarecer la verdad “en forma total y oportuna”, para lo cual convocó a sus ministros de Interior y Justicia, además de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien lidera un órgano autónomo encargado de asegurar garantías para los menores de edad y que anunció una querella contra de los responsables del incidente.

Las reuniones continuaron hasta la mañana de este jueves, cuando Piñera oficializó la salida de Rozas y el nombramiento de Ricardo Yáñez como su sucesor. Pese a todas las acusaciones, el presidente expresó su “admiración y gratitud” por saliente general, que se desempeñó como escolta personal del jefe de Estado durante su primer mandato.

Piñera además lamentó lo sucedido en Talcahuano, refiriéndose a los menores como “accidentados”, lo que le generó duras críticas por parte de parlamentarios de la oposición. “No son niños accidentados, son niños violentados. Discursos como esos siguen favoreciendo la impunidad”, le enrostró la diputada comunista Carmen Hertz, emblemática abogada en causas de derechos humanos.

Tanto desde el Gobierno como desde la oposición han planteado que la salida de Rozas debe ser una oportunidad para modernizar la institución, cuya credibilidad se ha desplomado en los últimos años, a raíz de una seguidilla de escándalos, que han incluido un fraude por más de 31,000 millones de euros, la falsificación de pruebas para detener a comuneros de la comunidad mapuche y lo ocurrido durante las protestas sociales.

Adolfo González, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, señala que si bien no basta con la salida del general Rozas para asegurar una reforma a la institución, “su permanencia habría sido una señal política en un sentido opuesto al de un proceso de democratización y cambio institucional”. El académico plantea que “para hacer una reforma policial que apunte a los problemas de fondo de la policía uniformada -prácticas de corrupción y violación de derechos humanos, según señala- se requiere la definición urgente de una agenda que fije la hoja de ruta de cambios estructurales”.

Y en esto, asegura, será clave el proceso que iniciará Chile para redactar una nueva Constitución. “Es una oportunidad histórica de redefinir el carácter de Carabineros, que deje de ser una fuerza destinada al resguardo del orden público y un carácter militar anacrónico, y que sea redefinida como una policía destinada a la protección de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, propia de un Estado Democrático”.

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